El Gobierno de Estados Unidos no renovará el parole humanitario a los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela una vez que se cumplan los dos años de su otorgamiento, por lo que las personas que no se acojan a otro beneficio migratorio en ese plazo deberán abandonar el país.
Así lo dio a conocer Naree Ketudat, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles), quien señaló a la agencia EFE que los beneficiados "deberán salir de Estados Unidos (…) o serán colocados en procedimientos de deportación".
La Administración de Joe Biden puso en marcha el programa en octubre 2022 para ofrecer una vía migratoria legal a los miles de venezolanos que estaban arribando a Estados Unidos de forma irregular. Desde entonces, unos 117.000 venezolanos han recibido la protección del parole humanitario y han entrado al país con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente.
Tres meses después, en enero de 2023, Washington o amplió el programa para incluir a Haití, Nicaragua y Cuba, cuyos ciudadanos también estaban cruzando la frontera sur en cifras récord en aquel momento.
Dos años después, en total, unos 530.000 inmigrantes residen actualmente en el país gracias a este programa, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de finales de agosto. De ese total, unos 210.000 son haitianos, 117.000 venezolanos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.
Con el anuncio, el beneficio caducará a finales del actual mes de octubre para los venezolanos y a partir de enero de 2025 para los cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Aunque el programa se concibió como una medida temporal y no garantizaba la residencia legal permanente ni significa una vía hacia la ciudadanía para los beneficiarios, organizaciones de defensa de los inmigrantes esperaban que el presidente ampliara las protecciones más allá de los primeros dos años, como ya lo hizo con programas de re-parole para miles de ucranianos y afganos. Asimismo, desde la implementación de la medida, las autoridades fronterizas han reportado una caída del 99% en los encuentros con inmigrantes procedentes de esas cuatro naciones.
El programa ha recibido fuertes críticas, especialmente en los últimos meses de la campaña presidencial, que entró en su recta final. Donald Trump y sus aliados han atacado a Biden y a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris por poner en marcha un programa que, según el expresidente, es ilegal porque supondría un abuso de la autoridad ejecutiva presidencial.
Antes de la actual decisión de la Administración Biden, el candidato republicano ya había prometido en varias ocasiones que se desharía del programa si es reelegido en noviembre.
Pese al anuncio del DHS, el programa continuará recibiendo nuevas aplicaciones de solicitantes de estos cuatro países, pero de ahora en adelante las protecciones se limitarán a un periodo de dos años sin posibilidad de ser renovadas.
En el caso de los cubanos, sin embargo, estos podrían aplicar a la Ley de Ajuste Cubano al año y un día de estar en los EEUU, por lo que la decisión no los afecta de forma decisiva.
Asimismo, algunos de los beneficiarios del programa pueden ser elegibles para permanecer en Estados Unidos legalmente a través de otros programas. Por ejemplo, ciudadanos venezolanos y haitianos pueden optar al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) si llegaron al país antes del 4 de junio de 2024 y del 31 de julio de 2023, respectivamente.
Actualmente, 344.335 venezolanos y 200.005 haitianos residen en Estados Unidos bajo el TPS, aunque esta protección también podrían expirar en los próximos dos años: en septiembre de 2025 para inmigrantes de Venezuela y en febrero de 2026 para los de Haití.
Para los 93.000 nicaragüenses cuyo parole expirará a partir de enero la situación es más complicada. Este grupo no forma parte de la lista de 16 países incluidos en el programa de TPS; la última vez que fueron incluidos fue a finales de la década de 1990. Por tanto, tendrían que solicitar asilo, lo cual será complicado con las nuevas restricciones que ha implementado la Administración demócrata.
