Veinticinco gobernadores republicanos de Estados Unidos exigieron a la Administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris información detallada sobre la ubicación y el estatus legal de los beneficiarios del programa de parole humanitario, que ha permitido a más de 111.000 cubanos ingresar legalmente a ese país.
En una carta fechada el 8 de octubre, los gobernadores expresaron "fuerte preocupación" por lo que describieron como una "falta de coordinación e intercambio de información" respecto al programa migratorio implementado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, "que afecta directamente a nuestros estados y comunidades locales
Los 25 legisladores republicanos recordaron que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta agosto habían entrado a EEUU legalmente, a través del programa, "en vuelos comerciales" casi 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desglosados en más de 111.000 cubanos, casi 214.000 haitianos, más de 96.000 nicaragüenses y casi 121.000 venezolanos.
Los gobernadores consideraron que el "impacto" de ese programa ha sido una repentina afluencia de migrantes en sus estados y comunidades, y que "la inexplicable falta de comunicación de su Administración sobre los momentos de los arribos, la duración de las residencias, el estatus leal y la ubicación" de los beneficiarios del parole "ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general".
El arribo de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños, sin previo aviso "no sólo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en posibilidad de sufrir daños físicos", reprocharon los representantes de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming.
"Después de haber sido recibidos con un escepticismo comprensible por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han empezado a tener miedo de interactuar con el público. Este aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso", advirtieron.
Los legisladores recordaron la suspensión temporal del programa en julio debido a reportes de fraude y abuso, y pusieron en duda que hubiera bastado un mes para eliminar el peligro de que se produzcan.
"Dado el volumen de migrantes a los que ahora se les permite ingresar y viajar libremente dentro de los Estados Unidos bajo el programa CHNV, es difícil creer que se haya eliminado toda posibilidad de fraude y abuso en el plazo de un mes. Por lo tanto, la carga de proteger a los migrantes ahora recae en los gobiernos estatales y locales", señalaron.
También criticaron que "sin información sobre los patrocinadores de los migrantes, la ubicación y el empleo de los migrantes", es muy difícil para las fuerzas del orden a nivel estatal y local investigar cualquier peligro de explotación que puedan sufrir los migrantes y cualquier posibilidad de que sean víctimas de tráfico humano".
Los gobernadores reclamaron un informe completo de la Administración Biden-Harris y el DHS sobre la ubicación y el estatus legal de los beneficiarios del parole, así como información sobre la investigación de seguridad, que el DHS afirma haber realizado sobre cada uno, y los nombres y las localizaciones de sus patrocinadores.
También preguntaron qué sistema tiene implementado el DHS para monitorear a los migrantes sus patrocinadores y qué asistencia está brindando esta agencia federal a los primeros.
Este martes, el Gobierno de EEUU anunció que el proceso de toma de huellas dactilares será obligatorio para "todos los patrocinadores del programa de parole humanitario", como paso imprescindible " antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario", según declaró el DHS al medio estadounidense Martí Noticias.
Recientemente, la Administración Biden anunció recientemente que no renovará el parole humanitario a los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela una vez que se cumplan los dos años de su otorgamiento, por lo que las personas que no se acojan a otro beneficio migratorio en ese plazo deberán abandonar el país. Así lo dio a conocer Naree Ketudat, portavoz del DHS, quien señaló a la agencia EFE que los beneficiados "deberán salir de EEUU (…) o serán colocados en procedimientos de deportación".
Las autoridades estadounidenses pusieron en marcha el programa en octubre 2022 para ofrecer una vía migratoria legal a los miles de venezolanos que estaban arribando a EEUU de forma irregular. Desde entonces, unos 117.000 venezolanos han recibido la protección del parole humanitario y han entrado al país con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente.
Tres meses después, en enero de 2023, Washington amplió el programa para incluir a Haití, Nicaragua y Cuba, países de origen cuyo número de migrantes irregulares que cruzaban la frontera sur de EEUU había aumentado considerablemente.
