¿Represora o víctima? Criterios desde la sociedad civil cubana sobre el caso de Melody González

La solicitud de asilo político en Estados Unidos de la exjueza Melody González, así como sus revelaciones sobre el sistema judicial cubano, generan cuestionamientos lógicos. La exmagistrada condenó a cuatro jóvenes acusados de atentado sin suficientes pruebas, según confesó en entrevista exclusiva con DIARIO DE CUBA, y militó en el Partido Comunista (PCC).

¿Fue esta mujer una víctima? ¿Pudo haberse negado a colaborar con el régimen? ¿Que reciba asilo en EEUU sería un regalo y enviaría un mensaje de impunidad a los jueces que permanecen en Cuba? 

Más allá de la decisión del juez encargado de negarle u otorgarle el asilo, González Pedraza enfrenta el juicio de defensores de derechos humanos y cubanos forzados al exilio por el régimen. ¿Bastan sus actuales denuncias del sistema judicial cubano para que ese juicio sea favorable?

Los abogados Julio Fernández Estrada y Laritza Diversent ofrecen a DIARIO DE CUBA sus criterios sobre el caso de esta magistrada, sin la intención de influir en el veredicto sobre el asilo político.

"Cooperante necesaria" bajo una "presión muy grande"

Diversent, directora del centro de asesoría legal Cubalex, es radical: "Melody es una violadora de derechos humanos, porque permite todas las acciones que inventa la Seguridad del Estado contra personas como estos muchachos (los cuatro jóvenes, cuyas sentencias, dictadas por González Pedraza, fueron ratificadas por el Tribunal Provincial), y que sean sancionados y estén en prisión sufriendo violaciones de sus derechos".

Aunque aclara que no tiene nada personal contra esta magistrada, sino contra lo que ella representa, la directora de Cubalex sostiene que González Pedraza "es tan perpetradora como un agente de la Seguridad del Estado".

"Nosotros, desde el 11 de julio (de 2021), hemos insistido en el rol que juegan los jueces dentro del sistema y creemos que son violadores de derechos humanos. Si muchas veces no ejecutan las violaciones más graves directamente, son cooperadores necesarios. Sin las sentencias de estos jueces, las personas no podrían estar en prisión y la prisión en sí misma es un castigo donde las personas sufren graves violaciones a sus derechos, por tanto, ellos son responsables. Las declaraciones de Melody demuestran que ella no solo violó la propia ley cubana para favorecer las prácticas represivas y las violaciones de derechos humanos, sino que reconoce que actuó porque se le pidió. Siempre tuvo la opción de negarse a violar la propia ley para no ser una jueza corrupta. Pero escogió la vía fácil, la que le permitía tener un estatus incluso a nivel comunitario", argumenta la abogada.

Sin embargo, Fernández Estrada, quien fue profesor de la Universidad de La Habana hasta su expulsión por publicar textos en la prensa independiente y luego se vio obligado a exiliarse debido al acoso de la Seguridad del Estado, apunta que todos los jueces en Cuba reciben presiones y que algunas son incluso legales.

"Todos los jueces, pero sobre todo los penales, reciben presiones. Algunas son legales, porque la Constitución de la República dice que los jueces y las juezas, los tribunales en general, reciben instrucciones del Consejo de Estado. Eso significa que, constitucionalmente, en Cuba la independencia judicial no existe, aunque se considere un principio por la ley de tribunales, y también por la Constitución, la independencia judicial y que los jueces y las juezas se deben solo a la ley, que los tribunales se deben solo a la ley".

"En la práctica, no reciben presiones solo del Estado por medio del Consejo de Estado, sino también del Partido. El Consejo de Estado es un órgano de la Asamblea (Nacional), que la representa entre periodo y periodo de sesiones, y el Partido Comunista es la fuerza dirigente de la sociedad y el Estado".

Como ejemplo de lo anterior, el jurista recuerda que la respuesta judicial a los juicios de los hechos conocidos como 11J "fue política y politizada completamente".

"Ningún juez o jueza, ningún tribunal de los que juzgaron a las personas que se manifestaron, lo hizo sin presión. Lo hicieron con una presión muy grande, con directrices políticas directas. Se les 'recomendó', entre comillas, cuáles eran los delitos que se debían imponer. Es imposible que un tribunal en Cuba califique unas manifestaciones pacíficas como delito de sedición si no hay una orientación política. Hay una orientación política de juzgar eso como sedición, por eso se repite ese delito. No hay una tipificación clara de sedición ahí, por eso es una orientación política. Ningún juez o jueza que juzgó o fue ponente en estos casos pudo tener una posición autónoma e independiente frente a eso. Las presiones que recibieron son enormes. 

Jueces sancionados o señalados "por absolver a demasiados acusados"

"Cualquier cosa que Melody (quien asegura no haber juzgado a manifestantes del 11J) haya dicho sobre eso, evidentemente, es cierta", afirma Fernández Estrada.

Pero, dicho eso, el jurista aclara que no justifica que los jueces sirvan a los intereses represivos del régimen cubano.

"La presión la ha recibido todo el pueblo de Cuba durante 60 años por vivir en el totalitarismo y todos no deciden aceptar la presión. Si usted va a ser jueza o juez, lo primero que debería hacer es saber que la justicia está por encima de todo lo demás, de cualquier presión política, y que la justicia debería ser la presión política más grande que uno reciba", sostiene Fernández Estrada.

"Para que se sepa, ha habido jueces en Cuba que han sido sancionados administrativamente, en la época que existía el índice de peligrosidad predelictiva por no querer poner una medida de seguridad predelictiva a una mujer a la que se le estaba juzgando por prostitución, que no es un delito en Cuba, pero se le ponía un índice de peligrosidad predelictiva y se le podía internar. Había jueces que se negaban y eran sancionados administrativamente. Ha habido jueces que han sido sancionados administrativamente o señalados por absolver a demasiados acusados, por ejemplo", relata.

"Si un juez estaba convencido de que la persona cometió un delito, no digo nada. Pero si sabe que está juzgando de manera completamente injusta y toma la decisión de hacerlo lo está haciendo sobre su conciencia, contra la justicia y lo mínimo que debería hacer es abandonar la práctica judicial. Después de tomar esa decisión judicial debería por lo menos retirarse de la administración de justicia para demostrar por lo menos que tiene vergüenza. No hay justificación para seguir siendo juez después de una presión como esa, porque esa presión para los jueces es completamente ilegal", explica el letrado.

Asilo político para jueces cubanos: sí o no

Sobre el asilo político, el abogado considera que esos jueces lo merecen si demuestran "claramente la situación de acoso, persecución", o que corren peligro "volviendo a Cuba después de haber hecho una denuncia clara o de haber acusado al sistema cubano de no ser un sistema de justicia independiente. No hay una acusación más grave que esa". 

"En Cuba no podrían ser jueces, estarían vigilados, podrían ir presos; estarían controlados y acosados por la Seguridad del Estado. Serían discriminados, censurados, asediados", dice el abogado, quien no considera que el asilo constituya "un premio" para esos magistrados.

Por otra parte, cree que el Estado que recibe la petición, "sea Estados Unidos, España, el que sea", enfrenta una situación complicada.

"Si no es un Estado amigo del de Cuba se va encontrar con una situación de personas que tienen una cantidad de información muy fuerte sobre Cuba, del funcionamiento del Estado, de la política, las debilidades del sistema, la crisis del Estado de Derecho, la crisis institucional, de la democracia. Cualquier Gobierno en esa situación puede optar por sacarles la mayor cantidad de información posible y para eso lo mejor sería darles a cambio algún régimen de protección. Hay que tomar en cuenta todo eso". 

"Si se demuestra que no tenían ninguna situación de acoso en Cuba y que estaban alegremente tomando sus decisiones y haciéndolo por voluntad propia, no habrá un caso de asilo". Pero "eso no lo decido yo", aclara Fernández Estrada.

La directora de Cubalex recuerda que González Pedraza salió de Cuba "porque recibió el parole y estaba buscando mejores oportunidades, pero no tiene evidencia para argumentar que estaba siendo perseguida".

"Ella no renunció a su cargo para ir contra el sistema", recalca Diversent, quien considera que el hecho de que la magistrada vaya ahora contra el sistema y lo denuncie en Naciones Unidas "no es suficiente".  En su opinión, González Pedraza debería dar algo a cambio del asilo político. 

"En los procesos de negociaciones de paz, te pongo el ejemplo de Colombia, los perpetradores de más bajo nivel, como ella, una jueza municipal, pueden decir cuál es la estructura y dar nombres completos de quiénes cometieron las violaciones, quiénes le dieron la orden. Hay una cadena de mando. Ella incluso ha reconocido que de los tribunales superiores y sus jefes superiores ella recibió órdenes que eran completamente ilegales. ¿Quiénes son esas personas?", cuestiona.

"Si tiene la capacidad de dar nombres y apellidos de las personas que han contribuido a las violaciones de derechos humanos, incluyendo nombres de oficiales de la Seguridad del Estado que ella misma reconoce que fueron a verla; si ella los da, se podría analizar que ella correría determinados riesgos si regresa a Cuba", opina Diversent.

"No sé si Melody tiene esa información o si la quiere dar, o si realmente ha dado toda la información sobre la forma en que los jueces cubanos contribuyen a sancionar a personas por motivos políticos de manera injusta, la forma en que contribuyen a valorar pruebas falsas como pasó el 11J. Ella estaba allí dentro, vivía en el país en ese momento", recuerda.

"Ella solo mencionó que el presidente del Tribunal Supremo bajó una instrucción. ¿Tiene ella copias de esa instrucción, tiene evidencias que prueben lo que está diciendo? En ese caso, sí creo que debería valorarse, cuando ella diga quiénes son, cómo se llaman, para que el Gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas con esas personas", afirma.

En opinión de Laritza Diversent, el otorgamiento de asilo a González Pedraza sin que señale "a todos los involucrados en esa cadena de mando" envía "un mensaje desastroso" y deja el trabajo de los defensores de derechos humanos "prácticamente por el piso".

"Ella como jueza tenía un nivel de información, por ejemplo, las estadísticas de los tribunales que son confidenciales. Tiene mucha información para que el Gobierno de Estados Unidos pueda tomar medidas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos que siguen en Cuba sancionando a personas por pensar diferente".

Pero más allá de la información que, en su opinión, debería ofrecer González Pedraza, Laritza Diversent considera que esta magistrada debería reconocer que fue "una perpetradora de violaciones de derechos humanos" y "una cooperadora necesaria" del régimen cubano, y pedir "una disculpa pública a todas sus víctimas".