Funcionarios admitieron el martes la falta de jueces en el aparato de Justicia del régimen, controlado por el Partido Comunista de Cuba, cuya plantilla tiene un hueco de más del 30% y asume procesos penales que carecen de calidad y celeridad, publicó el portal oficial Cubadebate.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que el completamiento de los jueces está al 69% en el país.
En junio fuentes que prefirieron conservar el anonimato dijeron a DIARIO DE CUBA que el Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara, se habría quedado sin personal. En ese tribunal trabajaba la exjueza Melody González Pedraza, quien actualmente es solicitante de asilo político en Estados Unidos, y la estampida de trabajadores se habría producido como consecuencia del caso de ella.
Este martes González Pedraza expuso en una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUBA cómo el régimen despoja a los jueces de su independencia.
Según Ferro, las normativas aprobadas recientemente junto con el nuevo Código Penal introducen elementos que hacen que sean más dilatados y complejos los procesos, a lo que se une la complejidad de los delitos.
"Tenemos el gran desafío de incorporar más calidad en el proceso penal", dijo, y añadió que se está aplicando una política de severidad "porque está en juego la seguridad ciudadana".
Por su parte, la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, dijo que, al cierre de junio pasado, el completamiento de la fuerza de la Fiscalía estaba al 74%, con provincias puntuales por encima del 80%.
Peña Ojeda dijo que se hicieron más de 39.000 controles a expedientes de fase preparatoria y más de 29.000 atestados. Además, se participó en 5.197 acciones de instrucción y en la autorización de 1.196 diligencias.
Según la fiscal general, "la medida de prisión provisional fue impuesta al 57% de imputados en atestados y al 84% en la fase preparatoria; fue devuelto el 17% de los atestados y el 23% de expedientes de fase preparatoria por fiscales, que despacharon más de 9.800 expedientes, el 98% dentro del término.
Sobre la política de severidad mencionada por Ferro, precisó que el 91% de las sanciones solicitadas implicaron el internamiento de los imputados.
"Estamos adoptando medidas, con atención diferenciada a los distintos territorios, en el ámbito de la celeridad de los procesos", dijo, y añadió que se avanza en la interoperatividad tecnológica de datos entre la Fiscalía y la instrucción en algunas manifestaciones delictivas.
Desde el Broward Transitional Center (BTC), ubicado en Pompano Beach, Florida, donde se encuentra detenida, la exmagistrada Melody González aportó nuevas evidencias de la falta de independencia del sistema de justicia cubano.
"Al comenzar cada mes, se realizan en cada municipio reuniones conjuntas entre el Tribunal, la Fiscalía y el MININT (Ministerio del Interior). En ellas se analizan todos los procesos, todos los casos y todo lo que está en tramitación. Es un espacio totalmente viciado, donde imponen al tribunal de cada caso las decisiones que debe tomar", describió González Pedraza.
"En muchas ocasiones, los jueces son cuestionados y tienen que dar explicaciones cuando imponen sanciones diferentes a las solicitadas por el fiscal y cuando absuelven a alguien a quien el fiscal solicitó sanción. Somos hasta maltratados en esas reuniones, no tenemos ningún tipo de independencia o autoridad. Muchas veces, los procesos se tramitan sin calidad y sin pruebas suficientes, y nos exigen que igualmente debemos sancionar", explicó la exjueza.
"El Partido (Comunista de Cuba) participa de todo esto. Cada mes yo debía asistir a la oficina de la secretaria del Partido en el territorio e informarle de todos los procesos y de todo mi trabajo. Ahí recibía indicaciones de cómo proceder, siempre siendo recia, y era cuestionada si no lo había hecho".
Para evaluar el desempeño de los jueces, el Tribunal Provincial solicitaba información al Partido y al Gobierno del municipio.
En su caso, González Pedraza contó que varias veces le señalaron que debía vincularse más con el Partido, "pues muchas veces no asistía a las reuniones que convocaban".
Los jueces se reúnen todos los meses con cuatro poderes autoritarios; el Tribunal, la Fiscalía el MININT y el Partido, ellos están bajo el control de cuatro organizaciones diferentes. Una estructura de vigilancia resistente, y en caso de la “Variante 1, los jueces son movilizados junto con la Fiscalía.” Sin embargo, “la plantilla de jueces del régimen tiene un hueco de más del 30%”. Y agrandándose ese vacío, se debilitan el Tribunal, la Fiscalía el MININT y el Partido, porque se acalambra el brazo que reprime mediante la ley. Por eso es importante acelerar cualquier campaña que atiende a establecer el contraste entre la víctima y los jueces; y apoyar a los vecinos de la víctima.
En cualquier momento vuelven los tribunales populares de los primeros años de revolución, donde cualquier pelagatos actuaba como juez sin ser abogado, sólo había que ser incondicional al régimen y de paso le daban un poco de circo a la chusma iracunda que se prestaba a participar. Esto era a nivel de barrio. La pregunta es cuántos esbirros hoy están dispuestos a asumir tan bajo papel.
Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara; atiende un área geográfica de- ¿cuantos ciudadanos? Para saber de que tamaño es el vacío que deja en la comunidad.