Los nacionales de Cuba son los que más se han beneficiado de la Ley de Memoria Democrática, norma que entró en vigor en octubre de 2022 y permite obtener la nacionalidad española, reportó el diario 20 Minutos.
Los descendientes de españoles nacidos fuera de ese país se concentran en América Latina. Por ello, son tres países de la región los que acaparan el mayor número de solicitudes para obtener los beneficios de la mencionada ley. En este orden, Cuba, Argentina y México son las naciones donde más se han tramitado nacionalidades; el resto se repartieron en otras zonas del mundo (principalmente Francia, EEUU y Marruecos).
Pablo Martínez, por ejemplo, ya es oficialmente español. Nació hace 45 años en Rosario, Argentina, y es hijo de argentinos, pero su abuela nació en Cantabria y salió de España siendo una niña por la Guerra Civil (1936-1939). Martínez solicitó en enero 2023 la ciudadanía española "como parte de un proceso de reconocimiento de la historia personal y familiar". Diez meses después, en octubre, obtuvo su primer pasaporte español.
Como Martínez, 182.400 personas solicitaron a lo largo de 2023 la nacionalidad española en el primer año en vigor de la conocida como "Ley de los Nietos". Desde octubre de 2022 y hasta octubre de 2024, esta norma permitirá optar al pasaporte español a los descendientes de los españoles que se exiliaron tras la Guerra Civil y por la dictadura.
De las solicitudes recibidas en 2023 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, el 51% (91.996) ya han sido aprobadas, y dos tercios de estas personas (57.585), hijas o nietas de españoles de origen, han sido inscritas en registros consulares de sus países de nacimiento y residencia.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, abrió el que es el segundo proceso hasta la fecha para dar la nacionalidad a los nacidos fuera de padre o madre, abuelo o abuela que originalmente hubieran sido españoles, pero emigraron por razones económicas. También beneficia a los nacidos de padres o abuelos que, por razones políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual, sufrieron exilio.
Esta Ley da continuidad al proceso abierto por la Ley de Memoria Histórica entre los años 2009 y 2011. En aquella ocasión se registraron hasta 500.000 peticiones de nacionalidad, pero decenas de miles de expedientes se quedaron sin resolver.
Luca Chao es experta en migraciones internacionales y autora de una tesis doctoral sobre el primer proceso que dio opción a la nacionalidad a descendientes del exilio republicano. Del proceso actual, Chao opina que lo interesante es que las asociaciones y colectivos de hijos y nietos de españoles hayan logrado con su lucha "una segunda oportunidad histórica". El primer proceso no cubría toda la dictadura, ya que ponía el límite de la fecha de salida de España en 1954, mientras que ahora se incluye a todos los descendientes hasta 1978. "En términos políticos parece más razonable porque llega hasta el final de la dictadura", explicó Chao.
Esta repesca ha tenido incluso más solicitudes en su primer año (182.400) que las que tuvo el primer año del proceso anterior (161.774). Ahora también han podido pedir la nacionalidad, entre otros, los descendientes que no eran mayores de edad en 2011 y cuyos hermanos sí la obtuvieron, o mujeres españolas que la perdieron por casarse con un extranjero.
Ambos procesos han emanado de difíciles negociaciones en el Parlamento español y sirven, según Chao, para reconocer la nacionalidad a los españoles en el exterior que son hijos y nietos de la emigración política y económica, "algo que veces no es claramente diferenciable".
Chao denuncia en su tesis doctoral que el primer proceso se caracterizó por la "falta de medios suficientes puestos a disposición para atender con celeridad las demandas" e "incongruencias en los datos", algo que en su opinión era un reflejo del "escaso compromiso real con la política de recuperación de la nacionalidad".
Preparando su tesis, Chao averigüó que muchos de los que piden la nacionalidad por este cauce no tienen un interés pragmático del pasaporte, sino que lo solicitan como medida reparadora de sus familiares que sufrieron el exilio. "Se sienten españoles y lo reivindican como una cuestión de justicia", detalló.
Todavía queda este año (hasta octubre) para que los nietos y bisnietos de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura reclamen la nacionalidad española. Martínez, de hecho, está asesorando en estos momentos a un par de amigos y conocidos en un proceso burocrático que puede parecer farragoso, exige pruebas de filiación y apostillas de la Haya, pero que a diferencia de otros países es gratuito.
Sobre qué pasará después de que se cierre esta puerta para los descendientes, Chao explicó: "Lo interesante de todo esto sería que España abriera, más que una dádiva temporal, o dos, un debate más profundo a cerca que quién merece y tiene derecho a la nacionalidad española, por las implicaciones políticas que tiene: si los migrantes que ya llevan tiempo viviendo entre nosotros y no pueden votar y/o los que forman parte de nosotros, pero viven fuera".
