El monopolio estatal de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció el miércoles la firma de un acuerdo con la compañía francesa Orange SA para tender un cable submarino de fibra óptica entre Martinica, territorio francés de ultramar y la provincia cubana de Cienfuegos.
De acuerdo con la nota oficial de la empresa, el objetivo del acuerdo es "ampliar y diversificar sus capacidades internacionales" y "apoyar la expansión internacional de ETECSA ante una demanda creciente de conexión a internet y banda ancha".
Según la propia nota, la estructura física del cable submarino estará lista en 2023 y "le dará al país una nueva ruta para servicios internacionales, que diversificarán geográficamente la conectividad actual".
ETECSA adelantó que el despliegue del cable permitirá, "de acuerdo con las posibilidades económicas del país, continuar ampliando la conectividad internacional", una de las más restringidas, vigiladas y caras del mundo, según informes internacionales.
El anuncio se produce justo una semana después de que el régimen cubano se quejara de una recomendación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Comisión de Federal de Comunicaciones (FCC, por su siglas en inglés) de negar un permiso para la instalación del primer cable de telecomunicaciones submarino que conectaría a EEUU con Cuba.
Según esa recomendación, el Gobierno cubano representa una "amenaza de contrainteligencia" para EEUU y, dado que ETECSA administraría el sistema de aterrizaje de cables, La Habana podría "acceder a datos sensibles de EEUU que viajen a través del nuevo segmento de cable", explicó la Justicia estadounidense en un comunicado.
"Mientras que el Gobierno de Cuba siga siendo una amenaza de contrainteligencia para EEUU y sea aliado de otros que hacen lo mismo, los riesgos para nuestra infraestructura son simplemente muy grandes", sentenció el vicefiscal de Seguridad Nacional, Matthew G. Olsen, en un comunicado.
Según el Departamento de Justicia, las relaciones de La Habana con otros "adversarios extranjeros", como China o Rusia, representan un riesgo para el Gobierno si existiese una conexión de este tipo.
Olsen señaló que EEUU, no obstante, "apoya que exista una red de internet segura, confiable y abierta alrededor del mundo, incluyendo Cuba".
Cuba está conectada a Venezuela a través de un cable submarino, pero a pesar de ello la conectividad a Internet en la Isla es cara y lenta, mientras que el régimen bloquea sitios web, castiga a quienes usan las redes sociales para publicar críticas en su contra e impone cortes del servicio durante protestas y oleadas represivas para evitar la difusión de información que le afecta.
En su más reciente informe, la ONG internacional Freedom House ubicó a Cuba en el cuarto puesto entre los países con menos libertad de internet a nivel global.
Esa calificación, que coloca a la Isla como un país de internet "No libre", supone un puesto por debajo en comparación con 2020. Cuba acumula 20 puntos de 100 posibles en el ranking de Freedom House, que mide la existencia de obstáculos para conectarse a la red de redes, así como los límites impuestos a los contenidos en línea y las violaciones a los derechos de los internautas.
Solamente China, con diez puntos, Myanmar, con 12, e Irán, con 16, calificaron peor que la Isla en el ranking.
De acuerdo con el informe, "a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones son deficientes".
Asimismo, "las autoridades monitorean el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el Gobierno. El Estado participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea sitios de noticias independientes. La disidencia política es punible en virtud de una amplia gama de leyes, incluidos los Decretos Leyes 35 y 370, que se han utilizado en los últimos años para intimidar y silenciar al periodismo digital".
Freedom House subrayó que internet fue otro escenario de represión de las protestas antes, durante y después del 11J. "Las autoridades restringieron la conectividad a Internet, bloquearon las redes sociales y las plataformas de comunicación e interrumpieron selectivamente el servicio de los opositores", resumió.
El informe enfatizó que, tras la entrada en vigencia del Decreto-Ley 35 de la Telecomunicaciones en agosto de 2021, quedó plasmado en el orden legal la obligación de los proveedores de servicios de censurar contenido en línea sin supervisión judicial ni medidas de transparencia.
Asimismo, el nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y que entró en vigor el 1 de diciembre "criminaliza aún más el discurso en línea, estableciendo penas explícitas y frecuentemente más severas para varios presuntos delitos cometidos a través de las redes digitales, incluidas las calumnias y el uso de las redes sociales para organizar protestas", precisa.
