Cuba ocupa el cuarto puesto entre los países con menos libertad de internet a nivel global, indicó la ONG internacional Freedom House en su informe anual sobre el tema correspondiente al periodo entre junio de 2021 y mayo de 2022.
Esa calificación, que ubica a la Isla como un país de internet "No libre", supone un puesto por debajo en comparación con 2020. Ahora Cuba acumula 20 puntos de 100 posibles en el ranking de Freedom House, que mide la existencia de obstáculos para conectarse a la red de redes, así como los límites impuestos a los contenidos en línea y las violaciones a los derechos de los internautas.
Solamente China, con diez puntos, Myanmar, con 12, e Irán, con 16, califican peor que la Isla en el ranking.
De acuerdo con el informe, "a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones son deficientes".
Asimismo, "las autoridades monitorean el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el Gobierno. El Estado participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea sitios de noticias independientes. La disidencia política es punible en virtud de una amplia gama de leyes, incluidos los Decretos Leyes 35 y 370, que se han utilizado en los últimos años para intimidar y silenciar al periodismo digital".
Freedom House subraya que internet fue otro escenario de represión de las protestas antes, durante y después del 11J. "Las autoridades restringieron la conectividad a Internet, bloquearon las redes sociales y las plataformas de comunicación e interrumpieron selectivamente el servicio de los opositores", resume el documento.
El informe enfatiza que, tras la entrada en vigencia del Decreto-Ley 35 de la Telecomunicaciones en agosto de 2021, quedó plasmado en el orden legal la obligación de los proveedores de servicios de censurar contenido en línea sin supervisión judicial ni medidas de transparencia.
Asimismo, el nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y que entrará en vigencia en diciembre próximo, "criminaliza aún más el discurso en línea, estableciendo penas explícitas y frecuentemente más severas para varios presuntos delitos cometidos a través de las redes digitales, incluidas las calumnias y el uso de las redes sociales para organizar protestas", precisa.
En 2021, "las autoridades continuaron utilizando el Decreto-Ley 370 para detener arbitrariamente, multar y amenazar a periodistas independientes y activistas digitales, mientras que el Decreto-Ley 35 se utilizó por primera vez para sancionar a activistas".
El régimen de la Isla ha seguido usando tales mecanismos de censura y represión. Durante las protestas callejeras y cacerolazos ocurridos en diversos poblados de la Isla, en especial en Nuevitas en agosto de 2022, y en La Habana entre fines de septiembre e inicios de octubre últimos, se han reportado cortes localizados de internet.
