Una nueva 'Ofensiva Robolucionaria' asola Cuba

Martes noche. Chat en la red social Telegram:

—¿Te queda aceite? Soy de La Lisa.
—Tengo dos pomos, el domicilio hasta allá es 200CUP
—¿Cuánto total?
—1.000 los dos pomos. 1200, incluyendo domicilio. Deme su dirección, se los entrego mañana antes de mediodía.

Miércoles 9:55AM:

¡Toc! ¡toc! ¡toc!
—Buenos días, mire, soy el que le trae las dos botellas de aceite.
—Pase —lo recibe un mulato delgado, muy alto, de unos 50 años, facha de delincuente, tatuajes presidiarios incluidos, que saca su billetera y muestra un carné del DTI— Está detenido por actividad económica ilícita.

Unas tres horas después, mi esposo salía de una unidad de la Polícia Nacional Revolucionaria (PNR) con una multa de 1.500 pesos y sin los dos pomos de aceite, aunque explicó que los había comprado legalmente en TuEnvio (venta estatal online). Con mucho susto por verse en una situación en la que jamás había estado, me llamó para contarme que el error ("Hiciste el papel de bobo", le dijeron literalmente) no había sido vender sin permiso, sino hacerlo por las redes sociales, que es "para lo que estamos puestos después del discurso del presidente, por órdenes de arriba", según le aseguró un oficial.

La anécdota es verídica y literal hasta donde alcanza la memoria de mi esposo, pero, aunque el oficial haya hecho hincapié en lo de las redes, la batida contra los negocios y negociantes privados es hoy generalizada. En Cuba se ha desatado una nueva Ofensiva Robolucionaria.

Esta vez, los inquisidores son los habituales en los últimos tiempos, hordas de inspectores maleducados y corruptos, y policías semianalfabetos que odian porque envidian, a aquellos que logran prosperar un poco… principalmente si, como la mayoría de ellos, también son orientales.

Aunque en teoría la ola represiva está dirigida contra negociantes ilegales —coleros, acaparadores y otras lacras engendradas por la miseria sistémica—, incluso aquellos que tienen negocios legales se inhiben en estos momentos y prefieren "estarse quietos", poniéndose a buen resguardo de la arbitrariedad de los agentes del castrismo, dueños de la ley y de la verdad.

Porque tantas son las leyes, disposiciones transitorias y permanentes, regulaciones, restricciones, órdenes, medidas, normas, licencias y permisos que deben seguirse u obtenerse y actualizarse para tener todo legal, que una simple factura faltante, un aguacate comprado por la izquierda, o la "falta de higiene" que estime el ojo interesado del inspector, puede cerrar un negocio y hacer perder, bajo decomiso, cualquier mercancía.

Y ya puedes protestar, e incluso ganar y conseguir que te devuelvan la mercancía o su equivalente dinerario, que es lo más habitual, pero te lo devolverán a precio estatal, con lo que si era carne, frutas o productos del mar (estos, en caso de que milagrosamente puedas justificarlos), recuperarás una fracción de lo invertido y muchísimo menos de lo que intentabas ingresar con su venta.

Pero por mucho que el Departamento Técnico de Investigación (DTI) descubra guaguas cargadas de alimento y aseo, como ya han hecho, y en almacenes clandestinos fotografíen y exhiban como trofeo cinegético montañas de cartones de huevo, eso será siempre una minucia comparado a lo mucho que no encontrarán y que, por miedo a las confiscaciones, quedará escondido, probablemente echándose a perder.

¿Y quién es el más afectado porque toda esa comida quede inmovilizada por temor a los inquisidores robolucionarios? No los maleantes, que esos, los más importantes, son ya millonarios y están tan bien conectados que podrán reponer sus existencias una vez se calme la furia estatal, pues estas embestidas siempre duran poco. Será el pueblo quien, con más hambre después de aplaudir, pagará las consecuencias de este desesperado arrebato populista del Gobierno de Díaz-Canel.

Se sabe que atrapar a dos o tres coleros, a cuatro acaparadores, y a mil personas como mi esposo, no resolverá el problema de la delincuencia. Al contrario, fomentará más la escasez que es el abono del delito, incluida la corrupción de los funcionarios públicos a cualquier nivel, tan envilecidos por la miseria como el resto de la población.

Las líneas de abastecimiento de la inmensa mayoría de los cubanos nacen en el mercado negro. El consumo de las familias lo provee, habitualmente, algún revendedor de lo que sea, que antes le compró a un colero, que logra colarse porque corrompe al de la tienda, que a su vez moja al del almacén, que pasa para más arriba una parte importante de sus ganancias. Esas cadenas estructurales, no ocasionales, son el resultado de 64 años de economía centralizada e hipocresía generalizada… ¡Pioneros por el comunismo…!

Aparte de los cientos de infelices —siempre los eslabones más débiles— que terminarán con sus huesos en los infectos calabozos del régimen, esta nueva ofensiva dejará, como más profunda cicatriz, un aumento exponencial en la inflación de los alimentos más básicos, ahora más escasos y más peligrosos de "trapichear".

El pollo hormonado, el aceite con colesterol y el picadillo de "sabrá Dios qué" que come la gente, se encarecerán gracias al fervor legalista del régimen, mientras que el chorizo, las alubias de Saldaña y el jamón pata negra que disfruta Lis Cuesta mientras twittea alguna "genialidad", seguirán costando lo mismo.

Para personas medianamente preparadas como Carlos Rafael Rodríguez, la Ofensiva Revolucionaria de 1968 fue el principio del fin (aunque después se esmeró en dilatar ese fin). Esperemos, por el bien de una nación reducida a sombra de sí misma, que la actual Ofensiva Robolucionaria, contribuya al fin del fin.