Más del 25% de los electores cubanos registrados siquiera se molestó en votar en el referendo del Código de las Familias, lo cual, bajo un sistema unipartidista abiertamente represivo, en el que a todos se exige alto grado de comprometimiento político o mera simulación, resulta un paquete final bastante contradictorio.
En Cuba no votar es señalarse, marcarse, autoexpedientarse como disidente u opositor, ya que así lo entiende y promueve un régimen enfermo, que con esta "ley avanzada" pretende soliviantarse un tanto entre sus adeptos fieles y descontentos nuevos, apelando como siempre a la memoria del olvido. O viceversa.
Como la nuestra es una sociedad envejecida, y no por haber alcanzado —como aseguraba taimadamente Fidel Castro— "un alto estándar de vida y longevidad", sino por exhibir una imparable emigración y muy baja natalidad, es razonable pensar que si solo el 45% del padrón electoral total (que pudo incluir a la población carcelaria —57.000, según la ONEI en 2020— más la sancionada, que constituyen en conjunto casi el 2% del total de habitantes) votó SÍ, debería explicarse que en los 11,1 millones de habitantes hay 1,6 de menores de 16 años, así que no puede ser que solo 8,4 tuvieran derecho a las urnas.
Estaríamos hablando de que, según sus cifras, más del 10% de la población con edad para votar no lo hizo por ignotas razones. El Consejo Nacional Electoral debería aclararlas.
La masa fuera de Cuba, y permitida de participar, no significaría gran cosa en ese millón de extraños extravíos.
Hay que tener en cuenta, además, a los electores no registrados, que simplemente nos negamos a reconocer el sistema político impuesto: varios miles fuimos eximidos desde tiempo atrás en los listados oficiales, lo cual subiría la abstención por encima del 25% admitido.
El patrón de votación no demuestra que sea la cubana una sociedad conservadora, al contrario: los que anularon y quienes no votamos íbamos en contra del régimen que promovía su ley, no contra la ley en sí, ni contra la elementalidad de los derechos conculcados, que fueron asimismo obliterados con la exclusión del polémico Artículo 68 en la Constitución de 2019, donde debían figurar, sin necesidad de someterlos después a un referéndum oportunista como este, que no es más que otra estrategia política para conseguir alguna aceptación intestina y buscar el espaldarazo internacional que hoy le falta al régimen.
Contra el Código de las Familias se manifestaron explícitamente 1.959.097 cubanos, para el 33,15% (si se consideraran los "no registrados" en el 20% del padrón validado, serían cifra mayor quienes no votamos, o aquellos que anularon sus boletas).
Un número no despreciable de quienes votaron SÍ el domingo no apoya al Gobierno, solo prefirió inmiscuirse en esta amalgama de derechos robados y deberes soslayados.
El alto número de votos negativos deja en evidencia que existe gran cantidad de personas, no precisamente conservadoras, que decidieron ir a dar tal golpe democrático, reivindicador, dada su habitual carencia de libertades, al actual Gobierno (ciertamente una parte creciente de esa misma población va contra el régimen de manera abierta, y no es secreto).
Tras la "alegría" por que el Código de las Familias entrará en vigor casi inmediatamente, valen nuevas reflexiones, mínimas, sobre si, en efecto, los resultados cuantitativos puedan ser interpretados como que la sociedad cubana es mayoritaria e inobjetablemente favorable a los derechos de las minorías sexuales (aclaremos que nunca el hipócrita censo de población cuantificó a quienes componen las diversidades existentes) o, incluso, al propio código.
Porque, en mi criterio, este es El Código —en singular y como propiedad incompartida— de una sola familia, a la cual todos conocemos bien.
Otra inquietud: ¿se harán las reformas legislativas necesarias tras aceptar nuevos derechos? Porque la ley aprobada modifica de manera sustancial al Código Civil vigente, azuza pautas e instrumentos en otras áreas que de forma casi inmediata deberían emitirse.
Entre las novedades estaría la institución de la defensoría familiar, una estructura inédita en la historia jurídica de los últimos 60 años. El Ministerio de Justicia debe dictar normas sobre su eventual funcionamiento.
De igual forma, junto al Ministerio de Salud Pública, han de emitirse regulaciones pertinentes sobre la reproducción asistida, a la que ahora tendrán acceso un mayor número de personas.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe dictar las normas jurídicas sobre protección a la maternidad y paternidad, así como a la gestante solidaria; y para la creación de los derechos inexistentes aún para cuidadores de su familia.
Entre otras variantes pudiera estar la ley de identidad de género, que desde hace varias décadas demanda el activismo LGBTIQ+ para la protección y el reconocimiento de personas trans; también lo referente al cuidado de menores y su regulación actual.
Pero ninguna ley de cualquier naturaleza garantizará nada en un contexto autoritario como el cubano.
Entonces, según se deduce de las cifras finales ofrecidas por el CEN:
- Votaron por el NO: 1.959.097 cubanos
- Invalidaron la boleta: 387.042
- No votaron: 2.208.040
Esto hace más de 4.554.179 millones que no apoyaron el SÍ, 603.891 por encima de los 3.950.288 que respaldaron el Código.
Si les restamos los casi 200.000 emigrados recientes en todas las direcciones planetarias que aún pudieran aparecer registrados en el padrón electoral, la cifra escandalizaría.
Es verdad que tras el NO, el blanco, la invalidación o la inasistencia puede haber razones distintas a la homofobia o la transfobia, como por ejemplo la desmotivación por el acto en sí de votar, el rechazo por cuestiones de otra índole (responsabilidad parental vs. patria potestad, vientre solidario, desamparos a la vejez retribuida, manutención punitiva de la parentela menos filial, etc.) o el ya mentado "voto de castigo" contra un Gobierno que posa ahora mismo de nunca haber sido el gran abusador de su propia gente.
De todas maneras, vale saber que el engendro deberá hacerse efectivo transcurridos los 90 días hábiles desde su publicación en la Gaceta Oficial —hecho incurrido inexplicadamente ya el pasado julio—, en un país donde menos de la mitad de los que podrían validarlo, al final, lo hicieron.
El júbilo emitido este lunes temprano desde Palacio, en palabras de Díaz-Canel, traspasó el umbral de la incertidumbre acerca del modo en que se "edifica" el futuro de esta destartalada nación: "estamos ante otra victoria aplastante en la construcción del socialismo", dijo.
