Si en julio de 2021, Miguel Díaz-Canel dio la orden combate para que los cubanos "revolucionarios" reprimieran a sus compatriotas que protestaban, un año después, el régimen parecía haber cambiado de estrategia ante las frecuentes protestas que generan los apagones a lo largo de país, según declaraciones ofrecidas por tres funcionarios a DIARIO DE CUBA bajo anonimato.
Los tres hombres trabajan para el sector empresarial de las Fuerzas Armadas (FAR) en la cayería norte de Villa Clara. Uno se desempeña en la marina y dos en hoteles.
Según nos explican, todos los directivos de entidades y de organizaciones de masas deben actualizar el "Plan de Prevención y Enfrentamiento a la Activad Subversiva del Enemigo", ante la amenaza de otro estallido social como el del 11 de julio de 2021. Quienes necesiten coger vacaciones deben informarlo y esperar aprobación.
Son considerados imprescindibles los funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y el Ministerio del Interior (MININT), además de la Fiscalía, órganos de inteligencia y contrainteligencia y los tribunales.
Lo más llamativo de la información proporcionada por estos funcionarios es que, en el caso del MININT, los oficiales tienen orientado evitar en lo posible la acción policial, o sea la represión, en manifestaciones espontáneas enfocadas en los apagones. Pero se debe identificar y neutralizar a los cabecillas, especialmente a los que pretenden subvertir a niveles políticos la situación.
Sin embargo, las protestas de Nuevitas, Camagüey parecen demostrar que, si el régimen pretende mantenerse en el poder, sin devolver a los cubanos las libertades políticas arrebatadas ni liberar las fuerzas productivas, evitar la represión no es posible.
Recordemos que a mediados de julio pasado, cuando se difundieron en las redes sociales imágenes de una protesta en Los Palacios, Pinar del Río, los medios oficiales cubanos corrieron a fabricar una versión de lo ocurrido que escamoteaba los detalles que convertían el hecho en algo más que una expresión de descontento por los apagones, o sea, una simple "acción de alivio", como acuñó recientemente por el trovador oficialista Silvio Rodríguez.
El sitio oficial Cubadebate, por ejemplo, achacó esos sucesos a la "inconformidad popular" con un "prolongado apagón" causado por una "tormenta local". No obstante, evitó mencionar los reclamos de los manifestantes, quienes gritaron "Díaz-Canel singao" y "Pongan la corriente, pinga".
Así, la protesta no era contra el modelo político, social y económico, ni contra el gobernante, sino contra los apagones, de los que, en última instancia, siempre se puede culpar al "bloqueo".
El régimen podía incluso demostrar que Rubén Remigio Ferro decía la verdad en 2021 al afirmar que, en Cuba, manifestarse era un derecho. Pero, ya el 22 de julio, Díaz-Canel tuvo que advertir que protestar no iba a resolver el problema. El 28 de agosto, llamó "indecentes" a quienes se manifiestan. Los apagones van a continuar y hay un límite para las protestas que puede soportar el régimen, o sea, para "evitar" la represión, porque el pueblo se ha cansado de justificaciones.
Por otra parte, los mencionados funcionarios explican a DIARIO DE CUBA que los directivos han recibido orientaciones como expandir el teletrabajo, lo que no ahorra electricidad, pero contenta a decenas de miles de madres y padres que prefieren estar en casa que luchando por coger una guagua para llegar al trabajo.
También, deben realizarse ferias y fiestas populares, siempre que sea posible, en las que se ponga comida a disposición de la población, como ya se hizo en Nuevitas, tras la represión policial que abarcó a menores de edad.
Se ha orientado además evitar demoras en responder inquietudes de la población y malos tratos, pues estos factores han sido identificados como desencadenantes de protestas.
En Palma Soriano, un funcionario entrevistado por la televisora local Turquino TeVe, a propósito de la escasez de harina y los apagones que provocan irregularidades en la entrega del pan, puso énfasis en el compromiso para avisarles a los consumidores cuándo podían ir a buscar el pan "para no maltratar al pueblo".
Todas estas orientaciones demuestran que el régimen trabaja más para evitar las protestas que para resolver los problemas que las generan. O que, ante su propia incapacidad para resolver los problemas, solo es capaz de intentar controlar las protestas, a garrotazo, la mayor parte del tiempo, y con algunos cachitos de zanahoria.
Así ha sido desde julio de 2021, cuando, además de la represión, concedió algunas migajas a los ciudadanos. Desde entonces, el régimen sometió a los manifestantes del 11J a juicios ejemplarizantes con desproporcionadas peticiones fiscales y cargos exagerados como el delito de sedición; dictó sentencias exageradas, y aprobó un Código Penal que criminaliza aún más cualquier muestra de disenso.
Estas medidas, encaminadas a desalentar futuras protestas, demuestran que el régimen sabía que los problemas que llevaron al 11J, lejos de desaparecer, se agudizarían, como ha sucedido.
Ni siquiera la válvula de escape que le facilitó su aliado nicaragüense Daniel Ortega al exonerar a los cubanos de pedir visa, con lo que se disparó aún más la emigración, ha servido para aliviar la situación del país.
En Cuba hay más apagones y menos comida que en 2021. El dólar está más caro y los salarios alcanzan para cubrir menos necesidades. Cuando el Gobierno empezaba a celebrar que había acabado con el Covid-19 gracias, por supuesto, a las vacunas que produjo, en detrimento de la producción nacional de medicamentos, regresa el dengue, como cada verano, a complicarle la situación.
Ante este escenario, los cubanos no pueden hacer otra cosa que protestar y les asiste todo el derecho a hacerlo, no como simple "acción de alivio" como sugiere Silvio Rodríguez (para que todo siga igual), sino para exigir todo lo que se exigió el 11 de julio de 2021.
Es preciso recordarle a Silvio Rodríguez y al régimen, que no es en los gobernantes sino en el pueblo en el que "intransferiblemente” recae la soberanía, y que del pueblo "dimana todo el poder del Estado", según la Constitución elaborada de acuerdo a los intereses propio régimen y refrendada en 2019.
El pueblo de Cuba, como cada vez queda más demostrado, no son solo los afines al Gobierno-Partido, también lo integran los disidentes, opositores declarados, la sociedad civil que el régimen se niega a reconocer e inconformes en general.
Ese pueblo elige representantes para que lo dirijan bien, por consiguiente, tanto los éxitos como la ineficacia de estos están sometidos a su control.
La ausencia de una ley de manifestación, extraída del cronograma legislativo sin explicaciones, no puede erigirse contra el pueblo sino contra los diputados de la Asamblea Nacional, que supuestamente deben garantizar, mediante las leyes que aprueban, el ejercicio seguro de sus derechos constitucionales a los cubanos.
Por tanto, el pueblo no tiene que pedir permiso para manifestarse contra los apagones, la falta de comida, de vivienda y el propio régimen. Pero hace bien Silvio Rodríguez en temer que el pueblo termine enfrentándose al Gobierno, porque la ineptitud de este, la privación de derechos y libertades y la miseria, están dejando al pueblo sin otra alternativa.
Felicidades a DDC por conseguir las orientaciones que señalan la preparación para la próxima carnicería.
No puede ser más sencillo y obvio: los cubanos necesitan una Cuba NORMAL, y punto.