El Código de las Familias: la sociedad civil y la ilusión del voto en Cuba

En extraño rapto de democracia, el régimen cubano nos convoca a votar por un Código de las Familias que también promueve. Esta deferencia hacia nosotros, sin embargo, es innecesaria con respecto a la comunidad LGBTQ+, cuyos derechos revindicaría el Código de las Familias. Los derechos de esta comunidad, largamente negados o postergados por la dictadura, no deberían someterse a referendo sino otorgarse sin más. Pero al poder le hace ilusión lucir democrático ahora.

Después de "aprobada" la consulta por el "Parlamento", los debates sobre la pertinencia y el contenido del abultado Código de las Familias se vuelven fervorosos en la redes. Estos han repartido a la sociedad civil en un mapa no poco interesante.

Por un lado tenemos las posiciones más radicales: están los conservadores de siempre, reunidos bajo la cruz de Cristo o la hoz y el martillo, esgrimiendo sus prejuicios hacia la diversidad sexual. Fuera del miedo o la costumbre, no creo que tengan mucho que aportar a la discusión. Del otro lado, están los activistas más visibles de la comunidad LGBTIQ+ que, una vez resignados a que se plebisciten sus derechos, hacen campaña franca por el "Sí". Esta zona ha llegado, en términos prácticos, a representar una alianza estratégica con la dictadura, que no por esperada deja de ser notable. Abiertamente festejan el triunfo de su activismo y llegan a presumir de que el Gobierno, supuestamente doblegado por años de presión política, por fin ha hecho lo correcto. Al mismo tiempo que celebran, algunos se saben instrumentos de la operación de pinkwashing que el régimen procura con el Código de las Familias.  

Hay una diferencia entre arrancar una concesión del régimen y convencerlo de que la dádiva le conviene. A esta última modalidad corresponde el triunfo del activismo que conllevó al Código. Es, como dirían el inglés, una win-win situation que los involucra a ellos y al Partido, cuya celebración, para quienes deploramos la ganancia del régimen y defendemos los derechos LGBTQ+,  sabe un poco a fracaso. Un poco de sobriedad ayudaría.

En un área intermedia se encuentra la mayor parte de los activistas pro-derechos humanos dentro de Cuba, la oposición pacífica, periodistas y hasta artistas disidentes. Casi todos optan, en este asunto, por la abstención. El dilema que los ha llevado a tomar esta decisión (y ganar con ella el despecho de los activistas del "Sí") es difícil y, por lo tanto, vale la pena examinarlo.

En primer lugar, se trata de un sector que ha compartido por años el área marginal y rebelde al poder con la comunidad LGBTIQ+ y, hasta la fecha, se ha mostrado solidario con sus reclamos, en su mayoría. Miembros de esta comunidad que hoy promueven el "Sí" han llegado a declarar que esa antigua camaradería no era más que otra "instrumentalización" de los políticos. La situación, sin embargo, no se resuelve tan fácil. Entre quienes optan por la abstención o por anular la boleta se encuentran también homosexuales, personas no binarias, etc., que han defendido sus derechos como parte de la comunidad LGBTQ+ y cuyo dilema debe ser arduo, por lo que vale la pena escucharlos.

Bajo el hashtag de #YoNoVoto y el de #Todoslosderechosparatodaslaspersonas (sustraído de la campaña LGBTIQ+ misma), los activistas pro-derechos humanos que deciden abstenerse, aducen que la ley proviene de un Estado ilegítimo y que por tanto debe desconocerse, mientras otros encaran el contenido mismo el Código.  En un post que se ha hecho famoso en las redes, la historiadora del arte Miryorly García representa bien a los primeros.

"Respeto a quienes quieran ir primero por derechos de minorías. Yo voy por el derecho a votar en democracia, sin presos políticos. El día que vote por el matrimonio gay, que lo haré con mucha alegría, será cuando tenga la posibilidad de salir al día siguiente a sumarme también en apoyo a una manifestación por el Orgullo Gay que no haya sido organizada por el CENESEX, sino por la sociedad civil (…) No creo que sea este el momento de votar, sino de abstenerse, (…) exigiendo la libertad de Cuba y luego las demás libertades y derechos. Lo siento amigues, después de mucho pensarlo, me abstengo", escribió.

Daniela Rojo, que no está en Cuba, pero representa muy bien el dilema político en que se encuentran los miembros de esa comunidad ha escrito en Facebook:  "El problema no lo tienen los activistas que no quieren votar o quieren anular la boleta, el problema lo tienen los que nos han privado de derechos por más de medio siglo y los que ahora los llevan a referendo para hacer ver que aquí el pueblo sí decide (…)  Una sugerencia que vi por ahí fue votar Sí y poner "Libertad para los presos políticos". Me gusta esa idea, pero no tengo derecho ni a votar".

Mientras que el actor Daniel Triana, un conocido miembro de esa comunidad, sobriamente ha dicho en Twitter que se abstendrá, aunque le gusta la letra del Código de las Familias.

Los activistas del "Sí"  ripostan a quienes desconocen la legalidad tramposa de la dictadura, que estos ya aceptan esa legalidad en aspectos elementales de sus vidas, como por ejemplo ejerciendo el derecho al matrimonio heterosexual.

Otro grupo de opositores encuentra en el Código de las Familias otras razones de espanto, diversas a las de minorías: les preocupa por ejemplo el poder que le confiere al Estado sobre la educación de los niños. Temen que el régimen se valga de la ley para secuestrar a hijos de disidentes (lo cual es amenaza común en interrogatorios), les asusta el cambio del concepto de "patria potestad" por "responsabilidad parental".

Los promotores del "Sí" (dejando claras sus prioridades), alegan que el peligro en ciernes de un Estado invasivo no es más que la realidad histórica que vivimos: ya los hijos de disidentes están amenazados, ya el Estado interviene en la educación de los niños, el Código no aporta nada nuevo. Por otra parte, la inclusión del concepto de "responsabilidad parental" es solo una adaptación al mundo civilizado que, desde 1989, rechaza la noción romana de "patria potestad" que designaba a los hijos como propiedad del padre (aunque esta exageración no es contemporánea) y estimula la individualidad del niño.

Las primeras objeciones —hay que decir— nada impugnan, sino que tratan de atenuar el horror del hecho alargándolo en el tiempo, otorgándole abolengo y costumbre: que la invasión del Estado en nuestras vidas sea una condena perpetua, no justifica que yo vote por una norma que la ratifique. Que el Estado actual ya sea abusivo, no me perdona el reafirmarlo en las urnas.  Poniendo a un lado la exaltación del momento, en verdad es difícil pedirle a un opositor que vote por una ley de una dictadura, más si esta certifica, siquiera mínimamente, su dominio.  

Estas son las líneas principales del debate. Ha habido desencuentros, contradicciones, errores. Nada me parece tan peligroso como un olvido en el que incurren casi todos los participantes: vivimos en una dictadura. Con fervor, los promotores del "Sí" se enemistan con los defensores del "No" y la abstención. Algunos prometen que los otros perderán al país desde su perspectiva. Unos quieren conjurar la acción del contrario para que no lo afecte. Hay decepciones, reproches, amenazas, ignorando que el destino del Código ha sido dictado desde hace tiempo y eso ha ocurrido no en las urnas, sino en el oscuro cónclave que rige el país, secretamente. Nuestro voto, como siempre, será irrelevante.  

¿Acaso alguien cree que el esmero que han puesto en redactar una norma civilizada, adaptable a cualquier democracia moderna (donde el Estado se restringe solo) fue dispensado para la pérdida? ¿Alguien cree que los meses de reuniones "populares", de programas televisivos didácticos, de cobertura noticiosa, de spots propagandísticos, de "debate" en las escuelas, van a terminar en nada? ¿Alguien cree que todas las ventajas publicitarias de esta Operación Pink Washing del régimen van a abandonarse porque la mayoría vote "No"? ¿Cuándo le ha importado al régimen nuestro voto? El disfraz que necesitan precisamente después de que el 11J se lo ofrece este Código de las Familias. El funcionario que cumple la tarea de dictador ya celebra de antemano en Twitter.

"Es en Cuba donde se somete a consulta popular y referendo un Código de las Familias inclusivo, que reconoce la pluralidad y ampara los derechos de todos en el ámbito familiar, un Código posible en democracia y que afianza nuestra voluntad de proteger los derechos humanos", escribió Miguel Díaz-Canel.

No importa lo que hagamos en las urnas: en septiembre habrá un nuevo Código de las Familias que traerá justicia a un grupo desplazado hace años, es verdad, pero también ayudará a la estafa publicitaria de la dictadura.

Entiendo que la discusión es apasionante. Pero enajenarnos solo ayudará a la fantasía democrática del régimen cubano. Nuestro deber, entonces, es denunciar la mentira debajo de la sonrisa rosada, la mueca tras la máscara progre. Si todos coincidimos en que hay una dictadura, debemos abandonar la ilusión del voto.