Quejas y denuncias de usuarios de gas manufacturado, uno de los servicios públicos que aumentó su tarifa luego de implementarse en Cuba la llamada Tarea Ordenamiento, evidencian un conjunto de irregularidades que afectan económicamente a ciudadanos que solo dependen de sus respectivos salarios estatales.
Casos que no son aislados, como catalogan usualmente las instituciones del régimen a las disimiles denuncias ciudadanas, sino que describen una caótica situación que incluye desde negligencia e indolencia gubernamental hasta presunta corrupción, tiene como víctimas a ciudadanos de a pie que se ven obligados a recurrir a la prensa independiente en el intento desesperado por solucionar sus situaciones.
Mirta Milanés Pozo, vecina de Ermita 250, apto. 21, entre San Pedro y San Pablo, en el consejo popular Plaza, relata que lleva más de cinco meses en peligro inminente de un accidente fatal a consecuencia de que la empresa de gas manufacturado le inutilizó, sin aviso previo, este servicio.
"Hace cinco meses me llegó una tarifa altísima, más de la que usualmente yo pagó mensualmente. En aquel momento el cobrador me sugirió que la fuera pagando poco a poco. Pagué 500 pesos, luego 300. Me quedaba por liquidar unos 400 pesos cuando, sin orden de corte previa, llegan de la empresa a cortarme el gas, que consiste en retirar un pedazo de tubería, mientras yo estaba en una cola en la tienda. Un vecino me reinstaló un pedazo de manguera plástica, o de lo contrario todavía estaría cocinando en casa de otros vecinos", cuenta Milanés Pozo.
Ese mismo día se presentó en la oficina correspondiente y realizó el pago que debía con la esperanza de que le reinstalaran el servicio en dos o tres días.
"Todo parece indicar que traspapelaron mi caso, es decir, que yo pagué el mismo día lo que debía, porque llevo cinco meses supuestamente sin servicio, con un pedazo de plástico que podría provocar una explosión de la cual yo sería la culpable, como me dijeron en una ocasión."
Inexplicablemente, a Milanés Pozo le ha llegado, todos estos meses, la tarifa del servicio "como si la empresa me hubiera reinstalado el servicio y la pieza".
"Lo que sustituyeron, dos veces, fueron a dos cobradores en todos estos meses. Pero no han venido a resolver el tema de la pieza que quitaron. Si yo hago una directa en las redes sociales, entonces soy una contrarrevolucionaria, y son ellos los que están trabajando súper mal. La única respuesta que he tenido es que, según la empresa, cuando se procede a cortar el servicio a un usuario, se tarda entre uno o dos meses en restablecerle la pieza, es decir, el servicio. Sin embargo, yo llevo cinco meses en esta situación, con la preocupación diaria de que ocurra un accidente", añade Milanés Pozo.
No solo las irregularidades atañen al servicio de gas manufacturado. En redes sociales abundan las denuncias de usuarios que, en diversas provincias del país, se le han notificado tarifas mensuales de consumo de electricidad de hasta el triple de lo que usualmente suelen pagar por este servicio público. Todo esto ocurre en medio de la oleada de apagones que afectan al país como consecuencia de averías en las principales plantas energéticas y la agravada crisis que incluye un severo déficit de combustible.
Alain Herrera Ramos, vecino de este mismo consejo popular y misma calle, pero del edificio 248, describe que desde hace tres meses le estaban llegando tarifas, por el servicio de gas manufacturado, de hasta el doble de la que usualmente debe pagar, pero en su caso "me he negado, categóricamente a pagar".
No obstante, el caso grave que denunció es en el domicilio de su hermano, ubicado en el consejo popular Tamarindo, municipio Diez de Octubre, quien se encuentra actualmente de misión internacional.
"Nosotros pagamos, mediante tarjeta magnética, los tres servicios: agua potable, electricidad y gas. Nunca hemos tenido retraso ninguno en el pago, de hecho, siempre tenemos cierta cantidad pagada por adelantado. Pues hace cuatro meses fui notificado de que habían procedido a cortar el servicio por un presunto retraso en el pago", declara Herrera Ramos.
"De inmediato me presenté en la oficina y la respuesta, sin contrastar siquiera los vales de pago con las tarifas de consumo, fue que nos habíamos pasado en el consumo y el crédito acumulado no alcanzaba. Les expliqué que era imposible porque mi hermano no se encontraba en el país, yo no habitaba prácticamente la vivienda y siempre cerraba la llave de paso. No obstante, pagué el adeudo y dejé crédito de fondo."
Al cuidado de su madre, aquejada de secuelas por un derrame cerebral, y trabajador del Estado, Herrera Ramos está obligado a pagar por una cuidadora particular para poder trabajar.
"Ahora tengo que pagar horas extras a la cuidadora para ir hasta la sucursal de Diez de Octubre porque todavía no han restablecido el servicio y mi hermano regresa dentro de unos días. Y yo no tengo tiempo ni para tramitar quejas ni hundirme en el burocratismo que te imponen para todo", concluye.
