¿Con qué acciones concretas puede la sociedad civil cubana enfrentar la represión del régimen?

En el primer texto de este dossier sobre el panorama judicial y legislativo cubano en 2022 DIARIO DE CUBA planteó una pregunta: ¿Qué puede hacer la sociedad civil cubana ante el ajuste de la maquinaria de represión policial y judicial en 2022, en aras de seguir existiendo y trabajando para lograr la transición democrática?

Este cuarto y último texto pretende sugerir algunas acciones posibles, sobre las que existe consenso entre abogados independientes cubanos.  

El segundo texto, que recogió testimonios de abogados de la Organización de Bufetes Colectivos que defendieron a cubanos participantes en las históricas protestas de julio del año pasado, demostró no solo las violaciones que instructores, fiscales y jueces cometieron en estos procesos, sino que los abogados que trabajan para el Estado cubano son tan víctimas del terror como el resto de la ciudadanía.  

Varios familiares de opositores y de manifestantes juzgados habían elogiado las defensas realizadas por sus abogados.  De ahí que estos letrados sean potenciales aliados de la sociedad civil, con los que esta, y principalmente los abogados independientes, deben tender puentes en pos de un objetivo común que debe estar por encima de la ideología política: la justicia. Resulta vital sumarlos al enfrentamiento a las violaciones de las propias leyes cubanas y a la inconstitucionalidad de las que pretende aprobar.

Por desalentador que pueda parecer, es importante continuar agotando todas las vías legales para defender los derechos de las personas inmersas en cualquier proceso judicial, a pesar de que el derecho instituido resulta evidentemente discriminatorio por motivos ideológicos.

Son válidas las acciones de demanda, de impugnación y proposición de pruebas, los recursos contra resoluciones judiciales desestimatorias, las acciones de denuncia oficial contra autoridades, agentes y oficiales que se excedan en sus funciones y cometan delitos contra el ejercicio cívico de derechos. 

Cada acción argumentada en la razón y la justicia desnuda la falsedad del Estado de Derecho del que alardea el régimen cubano y demuestra la falta de garantías para los ciudadanos. Ello puede despertar conciencia al interior de las instituciones y generar choques con el poder. 

Denunciar a los represores y visibilizar sus rostros es válido y puede tener un carácter disuasorio, de ahí la preocupación del régimen y las recientes amenazas de jueces y fiscales contra quienes los denuncien y pongan sus fotos en redes sociales. Los funcionarios públicos —al menos en teoría— son electos para someterse al control popular y la garantía de transparencia. Por consiguiente, es legal y vital visualizar y señalar sus violaciones, para comenzar a restaurar la institucionalidad que en Cuba brilla por su ausencia.

Pese a los obstáculos que pone el régimen, no debe descartarse el empleo de la iniciativa legislativa para buscar la derogación o modificación de disposiciones jurídica e insistir en la implementación de otras que garanticen el ejercicio real de los derechos a todos los ciudadanos, sin discriminación por razones políticas. Es importante actuar apegados a las exigencias del ordenamiento jurídico existente para no facilitarle a la Asamblea Nacional del Poder Popular denegar de plano la peticiones.

Tales peticiones deben apuntar a que se elimine toda forma de desigualdad y discriminación por cuestiones de ideología, raza, género y orientación sexual que persisten en Cuba.

Los electores también pueden y deben elevar quejas sobre el incumplimiento de deberes, estipulados por leyes, por parte de los funcionarios del Estado, y señalar los daños que provocan los actos y las decisiones de representantes del poder. 

Para llevar a cabo estas acciones y otras que puedan proponerse dentro de la sociedad civil cubana no es preciso que exista un liderazgo definido. Lo más importante es que las organizaciones actúen de manera coordinada.