A estas alturas está claro que Cuba no ha hecho sino retroceder en materia de acceso a la justicia y proceso penal desde 1959. El historiador Dimas Castellanos desnudó ese retroceso al comparar las sentencias que recibieron los involucrados en la insurrección conocida como La Chambelona en 1917, y Fidel Castro y los asaltantes del Cuartel Moncada en 1953, con las que cayeron sobre los opositores y periodistas independientes encarcelados en 2003 durante la Primavera Negra y los cubanos que salieron a la calle entre el 11 y el 13 de julio de 2021.
También en 2021, DIARIO DE CUBA demostró que Fidel Castro habría sido fusilado por el asalto al Moncada si le hubiera procesado según la entonces vigente Ley cubana de Procedimiento y el aún vigente Código Penal.
Todavía más desalentadora resulta la realidad –conocida y confirmada por los testimonios que ofrecieron a DIARIO DE CUBA abogados que trabajaron en la defensa de manifestantes del 11J– de que, llegado el caso, el régimen viola sus propias leyes, creadas según sus intereses.
¿Qué puede hacer la sociedad civil cubana ante ese aplastante panorama? ¿Puede ir más allá de la denuncia y la gimnasia intelectual que desnuda las prácticas del régimen?
Parecería quedar solo la opción de una intervención armada de Estados Unidos, que algunos piden desde el exilio, o de un levantamiento armado del pueblo. Ninguna de las dos cosas sucederá, ni resulta más ventajosa para los cubanos que para el régimen.
Ya el senador demócrata Bob Menéndez dijo que Estados Unidos no intervendrá en la Isla y en cuanto a la posibilidad de que el pueblo se alce en armas, no las tiene.
Pero lo más importante es que cualquiera de estas variantes ofrece al régimen la posibilidad de desplegar una represión más brutal que la exhibida durante y después de las protestas del 11J y de disparar contra civiles. Le permitiría además decretar un estado de emergencia y con ello liquidar cualquier vestigio de libertad que aun tengan los cubanos, algo que le sería sencillo, por el control estatal de internet, como se vio en julio del año pasado.
Descartada la vía violenta, debemos preguntarnos si en las actuales circunstancias, aunque adversas, hay elementos que la sociedad civil cubana puede intentar usar a su favor. La respuesta, sin pecar de exceso de optimismo, es sí. En esta tercera entrega del dossier sobre el panorama legislativo y judicial en 2022, DIARIO DE CUBA aborda aspectos de la realidad de la Isla que pueden ser aprovechados por la sociedad civil.
El régimen, pese a que solo logra mantenerse en el poder mediante la represión y la aniquilación de todas las libertades, quiere ser percibido como un sistema democrático y un Estado de Derecho. Lo demuestra la Constitución aprobada en 2019, que enunció lo que para Cuba son novedades, como el Habeas Corpus y el amparo de los derechos constitucionales.
Aunque la oficialista Unión de Juristas de Cuba continúa haciendo gala de incondicionalidad al régimen, numerosos abogados, académicos y jueces comienzan a cuestionarse su trabajo al servicio de la represión y las falsas garantías que ofrece la Constitución.
El apoyo reciente a la guerra imperialista rusa —matizado por las abstenciones en Naciones Unidas— ha terminado por desnudar la doble moral del régimen y podrían aislarlo aún más, a lo que se une el empeoramiento de la crisis económica que atraviesa el país.
El 11 de julio de 2021, los cubanos que salieron a las calles, además de mejoras económicas, exigieron libertad.
Aunque las condenas contra los manifestantes del 11J han sido altas e injustas, el régimen tuvo que recular y eliminar en muchos casos el delito de sedición, de naturaleza política, que implicaba reconocer lo que insiste en negar: la existencia de presos políticos en Cuba.
Con esas condenas, es probable que el régimen haya conseguido amedrentar al pueblo y disuadirlo de futuras protestas, pero solo provisionalmente, a menos que genere cambios reales. Sin embargo, de lo que no hay dudas es de que se ganó el odio de un mayor número de ciudadanos.
Las protestas ya habían evidenciado que el régimen ha perdido el apoyo de una parte importante del pueblo —sin contar a aquellos que no se atrevieron a salir de sus casas, pero que tampoco sienten simpatía ya por el Gobierno— y principalmente de la juventud. De manera más pasiva lo demuestra la decreciente membresía de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba.
El hecho de que, al menos bajo anonimato, abogados que pertenecen a los Bufetes Colectivos —condición para ejercer la defensa en Cuba— hayan denunciado las violaciones de jueces y fiscales en los casos contra los manifestantes, muestra un nivel de insatisfacción por parte de los letrados en la Isla quizás nunca antes visto.
Las críticas al régimen por parte de figuras que no se pronunciaban en el plano político o que se mostraban afines al régimen hacen que no resulte descabellado asumir que también dentro de las filas del Partido Comunista hay descontento por las injusticias cometidas contra los manifestantes y por las que se cometen contra activistas pacíficos.
En este escenario, la aprobación de un nuevo Código Penal, que busca criminalizar cualquier forma de disenso, parece más encaminada a provocar una estampida de opositores, activistas y periodistas independientes que a llenar aún más las cárceles. Esto no significa que el régimen no esté dispuesto a encarcelar a más cubanos, pero hacerlo implicaría sumar más adversarios.
La sociedad civil cubana no cuenta con un contexto ideal, porque esto no existe en un sistema dictatorial. Por tanto, la alternativa es aprovechar los elementos a su favor con que cuenta en estas circunstancias adversas.
