Sin sorpresas, los diputados cubanos aprobaron el martes la Ley de los Tribunales Militares, la Ley del Proceso Penal Militar y la Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, que forman parte del cronograma legislativo derivado de la Constitución de la República instaurada hace dos años y que debieron salir adelante en sesiones pasadas de la Asamblea Nacional.
Los miembros del aparato legislativo cubano dieron luz verde a las tres leyes, que serán revisadas por una comisión de estilo antes de su publicación en la Gaceta Oficial, según recogió el portal oficial Cubadebate.
Excepto el proyecto del nuevo Código de las Familias, que se someterá referendo en una fecha aún no precisada y en contra de la voluntad de un sector importante de la comunidad LGTBI, los cuerpos legales aprobados representan poco para los cubanos en materia de derechos, al menos para los cubanos civiles.
Sobre la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, Samuel Rodiles Planas, presidente del estatal Instituto de Planificación Física, dijo que se tuvieron en cuenta las tendencias actuales en esta área y se estudiaron las experiencias de otros países.
Entre los objetivos de la norma están definir los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión, así como las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional y las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Igualmente, establece el régimen jurídico y urbanístico del suelo, los instrumentos para la gestión del suelo, las servidumbres, el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales.
Según el funcionario, con esta ley se perfeccionan los instrumentos de planeamiento para el desarrollo físico espacial de los territorios y los procesos jurídicos, administrativos y técnicos dirigidos a utilizar de forma sostenible el suelo, estableciéndose sus niveles de aprobación.
El texto reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyan al manejo sostenible del suelo.
Según Rodiles Planas, "se tuvieron en cuenta criterios y propuestas" de los diputados, además de planteamientos de la población y los organismos en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Tras meses de prisión para los manifestantes del 11J, de procedimientos penales dilatados en los que se han violado frecuentemente los fundamentos del debido proceso, la Asamblea Nacional dio luz verde el martes a la Ley del Proceso Penal Militar (que reemplaza la Ley No. 6 de 1977, vigente en el país).
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo que "está en consonancia con los artículos 94 y 95 de la Constitución, estableciendo un procedimiento equitativo en el cual el procesado tiene a su alcance todas las posibilidades de la defensa de su caso".
Dijo que "incorpora y consolida principios fundamentales como la disposición a la justicia ordinaria, que se relaciona con la inclusión del recurso de Habeas Corpus".
El principio de "juez natural" garantiza el carácter imparcial e independiente del tribunal en su función de impartir justicia, añadió Remigio Ferro.
En palabras del presidente del TSP, el principio de defensa incluye "el derecho a un defensor propio o por cuenta del Estado, el derecho a presentar testigos u otros medios de prueba, el derecho de no autoincriminación y a establecer recursos contra las decisiones que se adopten".
La Ley del Proceso Penal Militar amplía el régimen de acceso, comunicabilidad y participación del imputado o acusado, su defensor, la víctima y el tercero en todas las fases del proceso penal militar, y con ella se fortalecen las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa, señaló Cubadebate.
Igualmente, establece que el proceso penal militar se inicia a partir de que la autoridad actuante le comunica al presunto responsable los cargos de que se le acusa, lo que debe realizarse, si la persona está detenida, dentro de las 24 horas a partir de su detención y, si está en libertad, dentro de los cinco días luego de recibida la denuncia.
También prevé que el fiscal militar puede prescindir de ejercer la acción penal en los delitos por imprudencia y en los intencionales cuyo marco sancionador no rebase los cinco años de privación de libertad.
La nueva norma regula con mayor precisión el carácter excepcional del empleo de la medida cautelar de prisión provisional, y refuerza el control judicial (por los tribunales militares) sobre la pertinencia de su imposición y permanencia en el tiempo.
Según la letra de la nueva norma, se refuerzan los derechos y garantías de la víctima o perjudicado, que incluyen nombrar abogado que lo represente, proponer pruebas y asistir al juicio como ayudante del fiscal. Asimismo, le confiere la posibilidad de ejercitar la acción civil resarcitoria o de reparación de daños y perjuicios, y otras.
El texto legal perfecciona el régimen de recursos contra decisiones judiciales, establece el de apelación contra las sentencias de los tribunales militares de región, y moderniza el recurso de casación, sus causales y efectos.
Ley de Tribunales
Sobre la Ley de los Tribunales Militares, en vinculación con la Ley de los Tribunales de Justicia aprobada por la Asamblea Nacional en julio, el presidente del TSP dijo que es parte del proceso de reforma judicial en el país.
Al respecto, dijo que "se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales en el cumplimiento de sus funciones (artículos 148 y 150 de la Constitución); se refuerza la práctica de que la mayoría de los conflictos se resuelvan, en primera instancia, por los tribunales militares de región, y se regulan de forma explícita y transparente y se equiparan con los establecidos para la jurisdicción civil los procedimientos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales por los diferentes órganos e instancias judiciales (carrera judicial)".
Añadió que "se regula, con mayor objetividad y racionalidad, la participación de los jueces legos en los actos de impartición de justicia".
Recordó que los jueces legos de la sala de lo militar del TSP son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular; los del resto de los tribunales, por las asambleas municipales del Poder Popular. Participan en los procesos conforme con las necesidades del servicio judicial (asisten al órgano judicial cuando se requiera).
El aparato legislativo del Gobierno cubano volvió a saltarse la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que, según el cronograma legislativo aprobado en 2019, debió sancionarse en octubre de 2020.
En el cronograma legislativo siguen relegados proyectos de leyes tan importantes para la ciudadanía como la Ley de Vivienda, que debió ser sancionada en diciembre de 2020, además de la mencionada norma que permitiría a los cubanos reclamar sus derechos constitucionales.
