'Este 2021 ha sido funesto': familias cubanas cuentan cómo han sobrevivido

"Los yumas se preguntan cómo lo hacemos, y la verdad es que nunca tengo la respuesta. Inventando, supongo", afirma Ximena en referencia a la curiosidad de los extranjeros sobre cómo se las arreglan los cubanos para sobrevivir en medio de la pandemia y la severa crisis económica que vive el país.

Esta habanera es "cuentapropista", como llama el Gobierno a los trabajadores del sector privado.  Antes de la Tarea Ordenamiento mantenía a su familia mediante el alquiler de una habitación para turistas foráneos. 

"He mantenido comunicación por internet con algunos de mis clientes. Me cuentan que en sus países no ha faltado la comida, ni las medicinas, ni los nasobucos. Sin embargo, para mi familia este 2021 ha sido funesto. Si no fuera por los ahorros que tenía, nos hubiéramos muerto de hambre", enfatiza Ximena. 

"Estábamos reuniendo para poder ampliarnos, porque somos cinco para dos habitaciones, pero hemos tenido que gastar esos ahorros en sobrevivir", explica. 

Aunque siente que su situación es difícil, a ella y a su familia les llaman "los pudientes" en su barrio en Alamar, Habana del Este, porque llevan una vida menos apretada que la mayoría de los vecinos.

Ximena es una de los más de 600.000 cubanos que cuenta con licencia para desempeñar actividades en el sector privado. Muchos tuvieron que entregarla temporalmente debido a la pandemia. Pero, pese a que quienes trabajan en este sector han sido doblemente afectados por el Covid-19 y por la Tarea Ordenamiento no son los más vulnerables. 

Lucas Roberto es padre de familia y reside en el municipio 10 de Octubre. Su devoción por Jesucristo lo mantiene alejado de la tentación de realizar actividades ilegales, pero tampoco cuenta con el dinero para montar un negocio legal, ni tiene familiares en el exterior que le envíen remesas. Vive con su esposa que es ama de casa y su hija de tres años, a las que debe mantener con su salario de unos 4.000 pesos como ingeniero naval. 

"Estamos mal, pero dentro de la miseria de este país no somos los peores. En la esquina hay un edificio que se está cayendo a pedazos, con varias familias marginales que viven del invento. Hay coleros, venden chucherías en la puerta (del edificio), y el resto no quiero saber cómo se las arregla", cuenta.

"Lo que tengo en el refrigerador son tres postas de pollo y unos huevos, que reservamos para nuestra hija. Hace más de 15 días que mi esposo y yo no probamos plato fuerte", dice su esposa.

Las medidas gubernamentales post 11J incluyeron la entrega, de forma gratuita, de un módulo que contenía arroz, pastas, azúcar y frijoles, durante los meses de agosto y septiembre. Los productos llegaron a Cuba como donación y, aunque no se informó en los medios de comunicación, varios administradores de mercados confirmaron que se les comunicó que la distribución de estos módulos continuaría hasta diciembre. La realidad, sin embargo, ha sido otra.

"En octubre lo único que han entregado de las donaciones es media libra de frijoles colorados por persona. Pero, además de eso, ha habido problemas con la leche de dieta. Solo se ha mantenido sin problemas la de las embarazadas. Ha habido atraso en la entrega de las compotas y la leche de los niños", aclara Lucas Roberto.

Otra de las medidas temporales del Gobierno tras el 11J fue la entrega de libretas de abastecimiento a cubanos que no podían contar ni con los escasos alimentos que distribuye el Estado mediante el sistema de racionamiento, por residir fuera de sus provincias, principalmente en la capital. La validez de estas libretas de racionamiento acaba de ser extendida hasta el 31 de diciembre de 2022.

Uno de estos cubanos que no tenía libreta de racionamiento es Yordanis, un guantanamero que llegó a la capital hace dos años y vive, sin estatus legal, en la zona rural-industrial llamada Berroa, en Habana del Este.

"Este año nos han permitido comprar en la bodega, porque nos estábamos muriendo de hambre. Pero para nosotros la situación sigue siendo muy dura. Vivimos en casas improvisadas, con agua y electricidad que gestionamos nosotros mismos, pagando el gas a 600 pesos la balita, y sin poder trabajar porque, como no tenemos dirección legal, en todos los centros laborales nos rechazan", explica.

Antes de los sucesos de julio, a estas personas ni siquiera les era permitido comprar en las tiendas de productos liberados en moneda nacional debido a que no tenían domicilio legal en La Habana.

"Hago de todo, menos robar. Lo mismo chapeo un patio que hago mandados. Soy un ilegal en mi propio país, donde el robo está que da al pecho, porque la gente hace lo que sea para sobrevivir", lamenta Yordanis.

Cuando la pandemia y la Tarea Ordenamiento se han encargado de terminar de exprimir los bolsillos de los cubanos, muchos temen que el 2022 sea aún peor.