El 11 de julio sacó a la luz pública la acción colectiva, un actor que "no existía como tradición en Cuba" y mostró además la complejidad de los límites de la promesa constitucional del Estado de Derecho, sostuvo el jurista cubano Julio César Guanche en entrevista con la agencia EFE.
Guanche describió la respuesta del Gobierno como "esperable" y opinó que "ha seguido alguno de los cursos que sabe manejar abriendo algún tipo de canal de diálogo".
Para ese diálogo, que hasta el momento no ha incluido a la oposición ni a los sectores más críticos dentro de la sociedad cubana, el investigador ve dos grandes desafíos que debe enfrentar el Gobierno.
El primero es "es enfrentar abiertamente la pluralidad cubana y establecer diálogos con sectores difíciles y diferentes al gubernamental".
El otro es "revisar la situación judicial y legal de los detenidos, los juicios sumarios y reconocer el derecho de manifestación pacífica".
Según Guanche, no actuar sobre ello "seguiría siendo un gran problema para esa misma posibilidad de diálogo que el Gobierno está tratando de desarrollar".
Sin embargo, el derecho a la manifestación con fines pacíficos está reconocido en el Artículo 54 de la Constitución, que plantea que "los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley".
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro lo confirmó en una comparecencia a raíz de los sucesos del 11J.
"Manifestarse, es más, lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito", aseguró el magistrado.
No obstante, el Gobierno lee esa protección constitucional y sus límites según sus intereses. Cientos de cubanos continúan encarcelados por ejercer el derecho a manifestarse, acusados de desorden público, desacato e instigación a delinquir.
Los que han sido excarcelados y multados o se les han retirado los cargos han tenido que firmar un acta comprometiéndose a no volver a manifestarse.
Por tanto, más que reconocer un derecho que ya aparece en la Constitución, el Gobierno cubano debería respetarlo.
El régimen, que culpa a EEUU de su crisis económica y sanitaria y acusa a Washington de haber instigado las protestas del 11J, ha anunciado algunas medidas tras las manifestaciones como la eliminación de aranceles a la importación de medicinas, alimentos y productos de aseo, el aumento de la cuota de arroz a precio subvencionado en la libreta de racionamiento, la distribución gratuita de módulos de comida donados por otros países y la entrega de libretas de racionamiento a miles de cubanos que residen en La Habana y otras provincias tras emigrar de las suyas, a los que el Gobierno ha mantenido como indocumentados dentro de su propio país, sin haberles dado hasta ahora la posibilidad de adquirir al menos los escasos productos que se distribuyen mediante la libreta.
Además, Miguel Díaz-Canel, quien llamó al enfrentamiento de unos cubanos contra otros, ha visitado comunidades vulnerables para limpiar su imagen, incluyendo La Güinera, donde la Policía mató a Diubis Laurencio Tejeda, única víctima mortal reconocida por el régimen durante las protestas.
El gobernante ha sostenido intercambios con sectores escogidos de la sociedad, como estudiantes universitarios, mujeres militares y líderes religiosos y de asociaciones fraternales. El Gobierno también ha aprobado nuevas normas para solucionar problemas antiguos, como los acuerdos del Consejo de Ministros que abordan la prevención social.
"Hay algunos caminos iniciados por el Gobierno que tienen que profundizarse y, en algún sentido, también renovarse, no solo seguirlo", valoró Guanche a propósito de las medidas gubernamentales post 11J.
muy bien por Guanche, persona muy conocida en el medio cultural cubano.