¿Si manifestarse pacíficamente es un derecho, por qué hay que comprometerse a no hacerlo?

"Manifestarse, es más, lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito", afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) Rubén Remigio Ferro, en una comparecencia sobre los sucesos del 11J.

Más adelante señaló que delito es "invitar a disturbios, a desórdenes, agredir, dañar, lesionar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la tranquilidad".

Centenares de ciudadanos, incluyendo menores de edad, fueron encarcelados y procesados tras la oleada de protestas pacíficas que ocurrieron en la Isla el pasado 11 de julio. Posteriormente, varios han sido excarcelados. Los cargos —desacato, desorden público, propagación de epidemia e instigación a delinquir— les han sido retirados y se les han devuelto sus fianzas.

Esto parece demostrar que, en efecto, manifestarse en Cuba constituye un derecho y no un delito, como sostuvo el presidente del TSP. Sin embargo, los excarcelados han tenido que firmar un acta mediante la cual se comprometen a no volver a manifestarse.

"Muchos firmamos el acta de compromiso, de no volver a manifestarnos públicamente, por temor a las represalias y porque el desamparo legal impera en el país sin importar lo que digan las autoridades", recuerda Damián Yacel Hernández Viera, uno de los manifestantes de Quivicán, provincia Mayabeque.

"A pesar de que los videos demostraron, desde el principio, que no se cometió un solo delito durante las protestas, fuimos encarcelados y procesados durante más de quince días. Todo ilegal y anticonstitucional, como luego admitieron por la presión de la prensa independiente, y aun así tuvimos que firmar el compromiso de renegar a nuestros derechos”, se queja. 

Hacer que las personas firmen estas actas de compromiso es "una jugarreta muy sucia y hábil", pues la firma del ciudadano exonera al Gobierno "de ser un censor" de las libertades y derechos, explica la abogada Dayami Mendoza Gutiérrez, tía de uno de los jóvenes que se manifestaron pacíficamente en la barriada del Cerro. 

"Como la coacción para que firmen no es demostrable, ni admisible ante ningún tribunal en Cuba, es prácticamente imposible la vía de la demanda o la apelación ante una de las más flagrantes violaciones del debido proceso desde 1959 a la fecha. Mi sobrino no firmó su acta de compromiso por mi recomendación, pero no en todas las familias cubanas hay abogados para asesorar a sus familiares, ni existen bufetes de abogados con permiso para realizar investigaciones o emprender demandas independientes. Es decir, los funcionarios del Tribunal y Fiscalía mienten a sabiendas", acota Mendoza Gutiérrez en referencia directa a las declaraciones del presidente del TSP.      

"Existe una desconexión entre lo que dicta la Constitución, lo que interpreta de este documento Remigio Ferro, y lo que ejecuta la Seguridad del Estado que, en definitiva, es el órgano que lleva las riendas del poder en Cuba y quien diseña el tipo de represión que se ejerce", asevera Ernesto Luis Santana, licenciado en Derecho que, aunque no ejerce la abogacía, desde los sucesos del 11J se ha dedicado a asesorar a docenas de familias que tienen a uno o más miembros encarcelados.

"La acotación de Remigio Ferro, cuando dice 'lo digo desde mi apreciación personal', es la clave del asunto en Cuba. El propio presidente del Tribunal Supremo sabe bien que en el país no se gobierna desde el respeto a la Constitución, sino a discreción del Partido Comunista. Eso lo saben todos y cada uno de los abogados en Cuba sin excepción, y esa es la razón por la cual ningún opositor o persona que disienta tendrá la garantía de una defensa en toda regla ante el ministerio fiscal", expresa Santana.

El abogado agrega que el Gobierno cubano "ni siquiera reconoce la jurisprudencia como fuente de derecho, y aunque en su última reforma a la Carta Magna incluyó por vez primera el Habeas Corpus, en la práctica sabemos que lo ignora a sabiendas que incumple consigo mismo. Es por ese motivo que, no pocos de los ciudadanos no ofrecen testimonios y por la amenaza velada que les hicieron de no hablar sobre el particular con la prensa independiente". 

Durante las protestas ocurridas en Quivicán y Madruga no se cometieron los delitos de agresión, lesiones, daño ni otros mencionados por Remigio Ferro, como demuestran los videos que han circulado en las redes sociales. Pese a ello, al menos cuatro ciudadanos de ambos permanecen encarcelados. Otros fueron multados u obligados a firmar actas de compromiso o de advertencia, y su movilidad está restringida en horarios determinados.

Olga Lidia Medina Farramola es una de las habitantes de Madruga que salió a manifestarse el 11 de julio. La continuidad de los apagones y de la escasez de alimentos y medicinas la llevaron a protagonizar otra protesta el 17 de agosto, junto a otros pobladores. El hecho no tuvo repercusión mediática y, como el 11 de julio, los participantes no cometieron ninguno de los actos que, a diferencia de la manifestación con fines pacíficos, sí constituyen delitos, de acuerdo al presidente del TSP.

Sin embargo, ella y otros tres manifestantes fueron citados en la mañana del 20 de agosto, para un interrogatorio en la sede del Ministerio del Interior en Madruga.

"A todos nos impusieron una multa de 3.000 pesos, por violar el horario del toque de queda, y nos obligaron a firmar un acta de compromiso de no volver a manifestarse y la restricción de no salir a las calles después de la 1 del medio día por tiempo indefinido", cuenta Medina Farramola a DIARIO DE CUBA. 

"Tres de los que salimos a las calles, tanto el 11J como el 17 de agosto, permanecen encarcelados en la técnica de San José, acusados de haber organizado ambas protestas. ¿Si manifestarse pacíficamente no es delito, por qué entonces debo comprometerme a no manifestarme? ¿Por qué tengo una restricción de movilidad?", cuestiona.