Hace varios meses, en medio de la escasez agudizada por la pandemia de Covid-19 y la llamada Tarea Ordenamiento, el Gobierno cubano comenzó a comercializar módulos de comida y aseo en moneda nacional, casi siempre compuestos de pollo, picadillo, aceite y detergente. Se distribuyen a razón de un módulo por libreta de racionamiento, o sea, por núcleo familiar, aunque estos pueden estar constituidos por una, tres, cinco y hasta 16 personas.
"En la situación actual del país, las alternativas igualitarias del Gobierno de La Habana equivalen a más pobreza en la práctica. Los módulos que se comercializan mediante la obligatoria presentación de la libreta de abastecimiento no están en correspondencia con la cantidad de miembros de cada núcleo familiar, sino que se venden por cada libreta de abastecimiento. Es decir, en mi núcleo familiar somos ocho miembros y adquirimos el mismo módulo que un núcleo familiar de tres miembros, explicó a DIARIO DE CUBA Orquídea de los Ángeles Miranda, trabajadora de una entidad subordinada a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
"La política de racionamiento solo ha generado más desigualdades y un tremendo descontento en el sector de la población que percibe menos ingresos", sentencia.
Al anunciar el inicio de la Tarea Ordenamiento, el Gobierno dijo que la libreta de racionamiento se mantendría como mecanismo de distribución "el tiempo que se considere necesario". Desde entonces, además de usarla para adquirir los productos de distribución normada, los cubanos han tenido que presentarla para comprar la carne de cerdo de Navidad y fin de año y los mencionados módulos, por ejemplo. Además, los cigarros han vuelto a distribuirse por la libreta.
Las diez cajas vendidas semanalmente a cada núcleo familiar, independientemente de cuántas personas lo integran, resultan insuficientes para muchos fumadores. Pero representan una oportunidad para cubanos de bajos ingresos que no fuman y las compran para revender.
"Todos los cubanos de a pie estamos obligados a ser coleros y revendedores, a vivir en los terrenos que el Gobierno considera que son ilegales", dice Consuelo Moreno Vega, educadora de círculos infantiles, madre de tres menores y vecina de una barriada en Marianao.
"El hecho de que muchos productos solo puedan comprarse a través de la libreta de abastecimiento, no significa ningún avance para la familia cubana más jodida y ninguna disminución de la reventa, los coleros y otras tantas ilegalidades que llevan 'combatiendo' desde 1959", se queja.
"Los cigarros son una demostración clara: ahora solo se pueden comprar con la libreta, pero solo venden diez cajas semanales por cada núcleo familiar, sin importar de cuántas personas esté integrado, o cuántos de ellos son fumadores o no. Ahora mismo, los cigarros representan una moneda de cambio, igual que en la prisión", remarca Moreno Vega, obligada a revender los cigarros o cualquier otro producto que no sea alimento o aseo personal, para incrementar su entrada económica.
Como la mayoría de los habaneros, Moreno Vega emplea prácticamente todo su tiempo en hacer colas para obtener cualquier producto o mercancía que luego pueda usar, canjear o revender. Desde bebidas alcohólicas hasta relleno para pañales desechables; desde cigarros hasta golosinas a punto de caducar.
A partir de las quejas de los ciudadanos, las autoridades habaneras se percataron de la desventaja que implica el mencionado mecanismo de distribución de módulos para quienes integran núcleos numerosos.
El 14 de julio el Gobierno de La Habana circuló entre sus dependencias un documento titulado "Propuesta del uso de la libreta de abastecimiento en la comercialización de los productos seleccionados de las tiendas de CIMEX y Caribe".
El objetivo del documento es rectificar las desigualdades en la venta de los módulos comercializados bajo el referido sistema y que se distribuyan según la cantidad de miembros del núcleo familiar y no según la cantidad de libretas de racionamiento.
"Pero las tiendas no cumplen con esto y se inventan miles de justificaciones como la (diferencia de) cantidad de personas entre un municipio y otro", denuncia Carmen de Armas Rico, vecina de la barriada El Canal, en El Cerro.
"En las tiendas como Maravillas y Alborada, aquí en El Cerro, sus administraciones nos informaron que sus entidades no estaban sujetas a esta propuesta emitida por el propio Gobierno provincial, porque la densidad poblacional de nuestro municipio es menor que en otros. Ni siquiera se dan cuenta que esa lógica precisamente provocaba la enorme desigualdad entre núcleos familiares con pocos miembros y otros mucho más numerosos como el mío".
"Resulta injusto que a un núcleo familiar compuesto de 16 personas, como el mío, le corresponda el mismo módulo ‒un paquete de pollo de cinco kilogramos, dos frascos de aceite y dos paquetes de detergente‒ que para un núcleo familiar compuesto de ocho o más personas. ¿Cómo es posible que una directiva gubernamental sea incumplida por las administraciones las tiendas, con afectaciones a núcleos familiares que tienen miembros en situación de vulnerabilidad como es el caso nuestro?", cuestiona De Armas Rico.
