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informática

El Banco Central de Cuba alerta de estafas a través de tarjetas magnéticas

Dice que los fraudes se han concretado al realizar transferencias de efectivo a personas desconocidas y con perfiles falsos en redes sociales.

La Habana
Tarjeta bancaria cubana.
Tarjeta bancaria cubana. granma

Tras acusaciones realizadas por víctimas de estafas a través de tarjetas magnéticas en Camagüey, el Banco Central de Cuba (BCC) ha emitido una alerta acerca de este tipo de delitos y la posibilidad de que sea mayor el número de defraudados, publicó el diario oficial Granma.

En una nota compartida en su perfil oficial de Facebook, el BCC dijo que los fraudes se han concretado al realizar transferencias de efectivo a personas desconocidas y que, además, poseen perfiles falsos en redes sociales.

Yoryana Sarduy Cruz, gestora de comunicación y marketing de la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Camagüey, dijo que en una relación comercial entre dos usuarios, el embaucador solicita fotos, datos de la tarjeta y capturas de pantalla de las últimas operaciones que reporta Transfermovil, con lo cual logra suplantar la identidad en la plataforma EnZona y tiene acceso a los fondos del sujeto engañado.

Según la funcionaria, "para evitar ser engañado por servicios que solicitan datos de sus tarjetas, cuentas y contraseñas", los usuarios no deberán entregar el número de tarjeta bancaria y últimas operaciones, tampoco contraseñas y PIN de correos y tarjetas.

"Aunque solo en la Dirección Provincial de BANDEC se han recibido dos acusaciones, es muy probable que sea mayor el número de los estafados, por lo que se debe realizar la denuncia en la sucursal bancaria donde se obtuvo el soporte electrónico y en los órganos del Ministerio del Interior para que ambas instituciones procedan de acuerdo con sus respectivas funciones", dijo Sarduy Cruz.

"Ante estas situaciones, se reitera la importancia de cumplir con las condiciones de seguridad, como el no proporcionar imágenes ni datos de las tarjetas, menos mediante la vía electrónica, pues para las transferencias solo se necesita el número, y no, como lo solicitan los tramposos, los nombres y apellidos, carnet de identidad, ni últimas operaciones registradas", insistió.

"El Banco de Crédito y Comercio en Camagüey alerta que la creciente informatización debe estar acompañada de un dominio pleno de las tecnologías, siempre considerando que los datos son exclusivamente personales para así evitar hechos de estafas como los que ya se han producido en las operaciones de transferencias", concluyó.

Usuarios se quejan de que han realizado las denuncias correspondientes, pero no han recibido respuestas.

"También fui víctima de esta forma de engaño, ya realicé la denuncia en la unidad del MININT y en la sucursal bancaria, pero no he tenido más información al respecto. Me pregunto si es tan difícil dar con el número y propietario de las cuentas a las que va el dinero robado y por ende con los responsables", escribió Teléfonos Yuri.

"Desgraciadamente yo fui víctima de esa estafa y aún no me dan respuesta por parte del banco", afirmó Lilian Aguilar.

En marzo un ingeniero cibernético de La Habana dijo a DIARIO DE CUBA que en la Isla se han detectado diversos tipos de fraudes informáticos, que van desde el uso ilícito de la información hasta la manipulación de las bases de datos, el robo de las contraseñas, el empleo de virus para delinquir y las estafas a los cajeros electrónicos.

A su juicio, este último es el más común, por el que se ha sancionado a decenas de personas, incluidos extranjeros, por falsificar documentos y extraer montos significativos de dinero, siempre con violaciones o en complicidad con trabajadores bancarios, cuyo obrar inhabilita las tarjetas y daña el patrimonio.

Un artículo publicado en la Revista Caribeña de Ciencias Sociales y firmado por un colectivo de autores de la Fiscalía General de la República, reseña que en materia jurídica Cuba no dispone de una Ley de Seguridad Informática. El texto señala las implicaciones que ello tiene para el respeto de los derechos, que son violados con impunidad. 

Sin embargo, desde 1992 hasta el 24 de septiembre de 2020 se han adoptado decenas de decretos, resoluciones e instrucciones con el propósito de blindar el proceso de "informatización de la sociedad", como califica el Gobierno a ese proceso, en medio de un contexto en que los ciberdelincuentes invaden sistemas, sabotean procesadores y dañan la infraestructura de las redes a nivel local e internacional.

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