Más militarización y amenazas, pero no recursos para contener el Covid-19 en Camagüey

Las autoridades cubanas restringieron por completo la circulación vehicular y peatonal en la provincia de Camagüey, que en los cinco primeros días de julio acumulaba 1.590 casos positivos, más de 300 niños hospitalizados y 18 fallecidos por Covid-19.

Para Hilda Luaces, con tres ancianos bajo su custodia, "esa política condena a muchas familias que a diario salen en busca de comida y apenas encuentran algún alimento convoyado con sombreritos de cumpleaños, mascarilla facial de zeolita y otros productos ociosos" que las autoridades aprovechan para obligar a comprar.

Por su parte, Francisco Campollo consideró que la medida no resuelve la dispersión del virus y pone en un aprieto a los conductores privados, pues "la Policía les impide circular y el Gobierno no los exonera de los impuestos y las patentes".

A los 70 puntos de control activados en la provincia se suma el reforzamiento del patrullaje por las calles de los 13 municipios, en un intento por detener la propagación del Covid-19.

"La Policía ha perdido el sentido común y se excede en sus atribuciones", comentó Charo, quien salió a comprar ají y tuvo que "discutir con ese tarugo uniformado para que no me multara con 3.000 pesos".

Liset pasó por una experiencia similar en Garrido, donde "el jefe del sector, en vez de proteger, ofende al pueblo. Todos queremos que termine esta pesadilla, pero el desatino no es la forma".

Al reseñar las consecuencias del encierro, Sandra explicó: "Han convertido nuestras casas en prisiones. Le temen a los cacerolazos. Muchos negocios han cerrado".

Dolores Basulto sugirió que "si quieren frenar la cadena de contagios, acaben con la contaminación de los laboratorios y los focos activos en los hospitales".

Otros consultados por DIARIO DE CUBA criticaron que en Camagüey la propaganda oficial responsabilice al pueblo de los errores y atribuya los éxitos a los dirigentes.

A juicio de Pavel, "las autoridades se justifican y evitan explicar cómo las cepas más letales se diseminaron por toda Cuba y han cobrado de vida de médicos y enfermeras supuestamente inmunizados".

"La pandemia hace menos daño que el descontrol y la desinformación del Ministerio de Salud Pública, incapaz de divulgar la cifra de trabajadores del sector que han diseminado la enfermedad en sus lugares de residencia", comentó Kenia, de la casa de cultura Amalia Simoni.

En La Mosca y otros barrios periféricos, donde las patrullas hacen la vista gorda, los vecinos ignoran las restricciones y se exponen al contagio, "porque tienen que elegir entre llevar un plato de comida a sus hijos o morirse de hambre antes de llegar a los centros de aislamiento", opinó Armenteros.

Entre criterios a favor y en contra, el pueblo recibió la noticia de que el Grupo Temporal de Trabajo del territorio agramontino suspendió todas las autorizaciones para la circulación vehicular y redujo la movilidad de los trabajadores imprescindibles hasta la 1:00 de la tarde.

Considerada una zona estratégica en el orden geográfico, la provincia de Camagüey fue convertida el lunes en un "muro de contención policial" que intenta frenar la transmisión de Covid-19 por el país.

No son pocos los que recelan de la decisión: el perfil sanitario tiene como contrapartida la militarización, en la que muchos ven el propósito de reducir a cero todo intento de reproche y descontento masivo.

Hoy existe mayor vigilancia en la circunvalación del municipio cabecera, la entrada de Oriente, la salida para La Habana y las vías de acceso a Vertientes, Sierra de Cubitas, Paso de Lesca, Santa Cruz del Sur y Florida.

La presencia de los militares también es visible en Piedrecitas, zona limítrofe con Ciego de Ávila; en Guáimaro y Manatí, que dan paso a Las Tunas; en Nuevitas, la carretera de Santa Lucía y el viaducto de Tabor, que, ubicado en el municipio Esmeralda, lleva por el circuito norte hacia Morón, la cayería de Jardines del Rey y la Laguna de la Leche.

"En un abrir y cerrar de ojos hemos quedado bajo la supervisión de la Policía, que nada sabe de combatir la epidemia, pero tiene mucha experiencia en amordazar la crítica e imponerse por la fuerza", dijo la doctora Lena Aguirre, a quien las autoridades intentaron presionar para que vacunara a los vecinos en sus hogares y así evitar que fueran al consultorio.

Aunque el periódico oficial Adelante dice que algún miembro de la familia puede salir a realizar gestiones impostergables, en la práctica eso no se cumple, pues a la persecución de los militares se suman los representantes de las organizaciones de masas que vigilan y denuncian a los que consideran "infractores".

Nancy Acosta Hernández, directora de la Oficina de Atención a los Organos Locales del Poder Popular, y Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, encabezan la comisión gubernamental que supervisa las nuevas restricciones.

Ante el exceso de movilidad y el irrespeto al distanciamiento, ambos funcionarios indicaron dar otra vuelta de tuerca al "toque de queda" establecido a finales de mayo, que poco ha conseguido, pues de los más de 9.500 casos positivos detectados este año, 4.956 se reportaron en junio, y de ellos más de 1.000 fueron pacientes en edades pediátricas.

Solo permanecen funcionando en la provincia las entidades y centro de producción esenciales con un numero indispensable de empleados. Todos los trámites cesaron.

La "intervención" con el candidato vacunal Abdala ejemplifica la magnitud del caos epidemiológico, al punto que Ariel Santana, primer secretario del Partido, imploró a los virólogos del territorio terminar de certificar los vacunatorios, pues de los 280 locales involucrados, solo 65 habían sido avalados.

El panorama sanitario es en extremo complejo. En mayo fallecieron 25 personas, mientras que en junio la cifra de decesos se elevó a 48. De mantenerse la tendencia, julio podría cerrar con alrededor de 100 muertos, publicó en su versión digital el periódico Adelante.