Los servicios registrales y notariales en La Habana han sido suspendidos totalmente, según una indicación del director provincial de Justicia de la capital de Cuba, Juan Vicente Villalobos López, de fecha 10 de junio de 2021. Esta decisión se fundamenta en las medidas restrictivas para La Habana, tomadas la semana pasada por el Gobierno local para contener el coronavirus.
Las medidas incluyen la suspensión de los servicios de Registros de la Propiedad, incluyendo la inversión extranjera y empresas de comercio, así como el Registro Mercantil. En cuanto a los Registros del Estado Civil, solamente trabajarán en la inscripción de nacimientos y defunciones, además de continuar con los trámites de seguridad social de manera institucional.
Las notarías cierran igualmente sus servicios excepto para las transmisiones de dominio que excepcionalmente se autoricen. También recesan labores para la población, los registros de actos de última voluntad y de antecedentes penales. Solo se recibirán asuntos vinculados a los órganos de instrucción, fiscalía y tribunales.
"Llevo meses en esta situación. Compré mi casa, pero no la puedo legalizar, tengo mucho miedo que ocurra cualquier problema y pierda los ahorros de mi vida. Ahora con este cierre de las notarías pierdo todas las esperanzas. Ya no hay ley ni seguridad, esto es a sobrevivir como se pueda", se quejó a DIARIO DE CUBA Liduvina Pérez, usuaria de la notaría del Carmelo, en barrio habanero del Vedado.
Por su parte, una abogada del bufete de Carlos III dijo: "Los tribunales de materias civil y de familia no cerraron, pero para el caso es igual. Si no podemos solicitar certificaciones en los registros, los trámites a la población no podrán realizarse. Por ejemplo, sin certificaciones de matrimonio y nacimiento de los hijos, no podremos promover divorcios".
"Esto del Covid va para largo, yo no sé qué vamos a hacer, pero las personas tienen derechos constitucionales a realizar trámites legales y se ven impedidos de hecho a realizarlos", añadió.
"Ejemplo de ello es el Artículo 92 de la Constitución, el Estado garantiza que las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Esto no se cumplirá en lo adelante", concluyó la fuente.
Sin llegar a imponer una nueva cuarentena, el Gobierno de La Habana decidió aplicar a partir del viernes pasado medidas sanitarias más duras para tratar de controlar la dispersión del Covid-19.
Las medidas implican la restricción total de movilidad para los confinados y la prohibición de acceso para el público externo a las zonas donde haya casos positivos.
En el plano laboral, el Gobierno llamó a intensificar el trabajo a distancia donde quiera que sea posible, y exigió que los directores de empresas y entidades presupuestadas se responsabilicen con que solo laboren de manera presencial los empleados imprescindibles.
También se ordenó reducir significativamente los autorizos a los vehículos estatales para transitar después de las 9:00PM, hora en que inicia el toque de queda en la ciudad, mientras que no se permitirá la entrada ni salida de La Habana por cuestiones de trabajo, salvo en casos excepcionales autorizados por el primer nivel de dirección del país, o por el Gobernador de La Habana, en caso de que sea una entidad provincial.
El Gobierno acordó también reforzar la organización del acceso a las tiendas para reducir las colas, propósito que desde 2020 no ha conseguido, pese a las duras multas que impone la Policía. En esos sitios, adonde acuden en masa las personas para tratar de conseguir los escasos suministros a la venta, es donde mayor cantidad de contagios ocurren.
Al cierre del sábado Cuba registró 1.470 nuevos contagios de Covid-19 y diez fallecidos. A La Habana correspondieron 422 casos y cinco de los decesos.
