El embargo decretado por EEUU contra el Gobierno cubano en 1962 fue objeto de burlas por su ineficacia hasta que los subsidios soviéticos desaparecieron. A partir de ese momento se calificó como la causa principal de todos los males, incluyendo los derechos sexuales, según palabras de Manuel Vázquez, subdirector del CENESEX, el 13 de mayo de 2021. Desde entonces, año tras año, Cuba viene presentando resoluciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para forzar su eliminación.
Cuando Cuba presentó la primera resolución en 1992, 59 países votaron a favor. En 2016, con las relaciones diplomáticas restablecidas, presentó la resolución vigésimo quinta, sin ningún voto en contra, pues Israel y EEUU se abstuvieron. Con ese resultado, el máximo posible en la ONU, se agotó el camino de las resoluciones, pues las mismas no son de obligatorio cumplimiento a la vez que se inauguraba un nuevo escenario con la Administración Obama.
A diferencia de las diez administraciones que le precedieron (Dwight D. Eisenhower a George W. Bush), Barack Obama no exigió como premisa la democratización de Cuba. En su lugar amplió los permisos de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas y a pequeños agricultores cubanos, acrecentó el monto de las remesas y los donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios, y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos.
Estas medidas se reflejaron en el aumento de los viajes a Cuba, la llegada de los cruceros, el reinicio de los vuelos y de la transportación directa de correo, el establecimiento de acuerdos con empresas de telecomunicaciones, y en las negociaciones de otros países con Cuba. Por su parte el Gobierno de la Isla se limitó a permitir que los cubanos viajaran al exterior sin pedir permiso al Gobierno, que vendieran sus autos y sus viviendas; medidas demostrativas de hasta donde habían retrocedido los derechos de los cubanos, pero nada que favoreciera su empoderamiento.
Con las administraciones anteriores no hubo arreglo porque exigían condiciones; con la de Obama, que no las exigió, tampoco lo hubo: EEUU cambió su política, Cuba no.
En ese contexto Donald Trump, durante la campaña electoral, anunció que revisaría la política establecida hacia Cuba. Una vez electo, en junio de 2017, firmó el "Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de EEUU hacia Cuba". Y en noviembre de ese año los departamentos del Tesoro y Comercio, a través de sus oficinas de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y de Industria y Seguridad (BIS), anunciaron su puesta en vigor.
Perdida la oportunidad de la negociación, en 2017 el Gobierno cubano presentó la resolución vigésimo sexta contra el embargo y criticó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional. Esa línea, que se mantuvo sin alteraciones durante los años 2018, 2019 y 2020, tendrá un nuevo episodio en el próximo mes de junio cuando La Habana presente la trigésima resolución con los mismos argumentos: "el bloqueo es ilegal e inmoral y constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba".
Una salida diferente requiere detenerse en dos de las principales causas del embargo: la eliminación de la propiedad privada en Cuba y las guerrillas en América Latina.
La primera comenzó por la eliminación de los grandes latifundios (1959), continuó con la eliminación de las propiedades de grandes empresas norteamericanas (1960), y terminó barriendo con decenas de miles de pequeños establecimientos que habían sobrevivido la ola expropiatoria (1968).
La segunda causa se manifestó desde los primeros días del triunfo revolucionario con la preparación de guerrilleros para exportar la revolución, cuyos primeros episodios tuvieron lugar en Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Paraguay.
Ambos hechos, al afectar los intereses norteamericanos, tuvieron por respuesta la ruptura de las relaciones diplomáticas y el apadrinamiento del desembarco de Bahía de Cochinos, en 1961, y el embargo en 1962.
Las acciones y reacciones de ambas partes generaron una escalada confrontacional que incluyó la instalación de cohetes soviéticos de mediano alcance en Cuba y el bloqueo naval en 1962, y otras acciones hasta el momento actual.
En medio de esa confrontación los derechos y libertades, que alcanzaron su forma más avanzada en la Constitución de 1940 y ubicaron a Cuba entre los países con mayor estándar de vida de América Latina, desaparecieron dentro de la Isla. Con el poder concentrado en el líder, la propiedad en el Estado y la sociedad civil independiente sustituida por otra creada y subordinada al poder, tomó cuerpo la ineficiencia. La respuesta gubernamental se limitó a introducir medidas reformistas con una frontera preestablecida: la propiedad estatal, el partido único y la conservación del poder; que son las principales causas de la crisis estructural de la nación cubana.
Las esperanzas de las autoridades de la Isla en un cambio de política con la nueva Administración de EEUU se fueron a bolina. Pasados cuatro meses desde la toma de posesión el mensaje desde Washington ha sido: "Cuba no es prioridad para EEUU, cualquier cambio pasa por los derechos humanos y la Administración Biden no es la de Obama".
Demostrado que el Gobierno de Cuba no puede determinar la política de EEUU y que la resistencia tiene un límite, queda un solo camino: el cambio interno.
EEUU no tiene prohibido el trato con los empresarios privados cubanos. Por tanto, si el Gobierno de Cuba permite que sus ciudadanos puedan crear pequeñas y medianas empresas con personalidad jurídica; entrega o vende a los productores las tierras en usufructo; elimina los monopolios de Acopio y Comercio Exterior para que los cubanos puedan vender y comprar libremente; y erradica el apellido a la Ley de Inversiones Extranjeras para que los cubanos puedan invertir en su país, entonces la economía y los servicios erradicarían gradualmente el desabastecimiento... Pero lo más importante: los argumentos para sostener el embargo serían desmontados y el Congreso norteamericano quedaría libre para proceder a su suspensión.
Las autoridades cubanas, en lugar de continuar presentando resoluciones, haría lo que está a su alcance: eliminar las trabas ideológicas o de cualquier otro tipo, abandonar el aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades, que constituyen las principales causas de la crisis cubana. No se trata de un acto de rendición ante el "enemigo"; sino de un gesto hacia la nación y hacia el pueblo que supuestamente representa el Gobierno. Sería insuflarle contenido a la manida frase "pensar como país".
No se trata de una utopía. EEUU arrojó sobre Vietnam el triple de bombas empleadas durante la Segunda Guerra Mundial; el 15% de la población pereció o resultó herida; el 60% de las aldeas del sur de Vietnam resultaron destruidas. Al culminar la guerra, Vietnam enfrentó el embargo de EEUU. En lugar de presentar resoluciones en la ONU, Vietnam introdujo la economía de mercado. Por sus resultados le suspendieron el embargo. En 2010 Vietnam se trazó el objetivo de entrar al grupo de países de ingreso medio; en 2014 se convirtió en el vigésimo octavo exportador mayor del mundo; y en 2016 trazó el rumbo para convertirse en una nación industrializada.
Si el Gobierno cubano desaprovechó la oportunidad brindada por la Administración Obama y la economía continúa en franco retroceso, ¿por qué realmente no se piensa como país y en consecuencia se elimina el bloqueo interno? ¿Cuál es la causa para no hacerlo?
De acuerdo en que la mejor solución para cualquier cubano es irse; pero no es posible para todo el mundo. Hay otra solución, que se muera Raúl y su generación, y las nuevas generaciones entiendan la necesidad de cambios (al menos económicos) para evitar una catástrofe.
Demostrado ya que ni el gobierno de de EEUU ni la oposición interna pueden determinar el cambio en Cuba, queda un solo camino: irse.