Ana Elena Lima Fundora, directora de un hogar de ancianas de la Iglesia Católica, denunció la "mirada superficial y desproporcionada" de Salud Pública para hacer cumplir los protocolos de Covid-19, después de que una funcionaria impusiera una multa de 2.000 pesos al centro que esta sierva de San José saca adelante en Miramar, municipio Playa, La Habana.
La carta protesta de Lima Fundora fue publicada en Facebook por la revista de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva.
"En la tarde de hoy (lunes 12 de abril) recibí la visita de una inspectora de Higiene y Epidemiología (Licenciada Raida), que después de inspeccionar todo el centro nos impuso una multa de 2.000 pesos por diversas razones: los frascos de agua clorada no tenían fecha de confección, no estaban recogidas las 'muestras testigos' de alimentos, falta de higiene en alguna área exterior del centro, no poseemos el 'Plan de enfrentamiento al Covid-19'", comenzó la directora del hogar.
"Lo que me indigna profundamente de este acto injusto y cínico, es que hasta el día de hoy nadie del Ministerio de Salud Pública se ha ocupado de saber cómo estamos realizando cotidianamente el cuidado esmerado de las ancianas y trabajadores, incluso de verificar la calidad de vida de las ancianas", sostuvo.
"Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿en qué pretenden que utilicemos los poquísimos recursos humanos con los que contamos para llevar adelante la tarea?", cuestionó y dijo que la única respuesta fue "así es el protocolo".
Para Lima Fundora, "es evidente que los protocolos los realizan burócratas que nunca en su vida han trabajado en un hogar de ancianos/as, no lavan, no limpian, no cocinan, no asisten a nadie. Es evidente que los 'protocolos' (y quienes se apegan a ellos) no conocen ni por asomo lo que significa tener que discernir y priorizar constantemente entre lo 'orientado' y lo imprescindible".
"Es una vergüenza que se fijen en detalles insignificantes que no le cambian la vida a nadie y no hagan alusión a la higiene impecable, al estado general de las ancianas, a su calidad de vida. Por lo visto eso a nadie le importa", añadió.
Criticó que desde que se agudizó la pandemia de coronavirus en La Habana, se han realizado PCR a los grupos de trabajadores que entran cada 14 días al hogar, "pero de las cinco veces efectuadas, solo una vez los resultados fueron informados en tiempo, de lo cual tienen conocimiento todas las autoridades sanitarias correspondientes (Policlínico Ana Betancourt de Quinta y 16, Miramar, Playa; Dirección Provincial de Salud, Dra. Tania y Dra. Ana)".
"En nuestro hogar, hasta ahora no hay ni peste a orine, ni ancianas desnutridas, ni infectadas por sarna, ni se las denigra o trata como a cosas que estorban. Ellas son la razón de nuestro trabajo (que es muchísimo) y por supuesto no nos queda tiempo para papeleo ni cartelitos", dijo.
"Se supone que nuestro centro se encuentra cerrado, pero la señora inspectora comunicó su derecho a ingresar, a pesar de que no nos consta que tuviera un PCR actualizado, tampoco los medios protección adecuados (doble nasobuco, careta, guantes, bata…)", denunció.
"Yo, Ana Elena Lima Fundora, protesto enérgicamente ante la falta de realismo y la mirada tan superficial y desproporcionada de la que hemos sido objeto. Hago saber a quien pueda interesar que nuestra misión es cuidar realmente a las ancianas y por ellas estamos realizando todas las medidas que sean verdaderamente necesarias para impedir (en lo posible) que sean infectadas con el SARS-CoV-2", concluyó.
El Gobierno de La Habana ordenó recientemente un mayor rigor en la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas a quienes se salten las medidas sanitarias vigentes por el Covid-19. Al mismo admitía errores en los protocolos sanitarios como demoras en los ingresos y la entrega de resultados de PCR, tras numerosas quejas de personas afectadas.
Hace falta que el señor obispo comience a propinar rapapolvos gubernamentales. ¿Acaso a este también el G2 le sabe de atrás o tiene tanto miedo como cualquier hijo de vecino en Cuba?