Tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 30, que establece multas de entre 5.000 y 15.000 pesos cubanos por violaciones de tarifas y precios, las autoridades de La Habana han aplicado al menos 200 sanciones en mercados agropecuarios y otras 50 en panaderías estatales durante la última semana, afirmó la Agencia Cubana de Noticias.
Orestes Llanes Mestre, jefe del subgrupo de Fiscalización, Control e Higiene del Consejo de Defensa Provincial (CDP), afirmó que "en los últimos días los grupos de enfrentamiento, tanto del Gobierno provincial como a nivel de municipio, han incrementado la imposición de sanciones ante las desobediencias cometidas por personas inescrupulosas".
Sobre las cuantías, el funcionario dijo que "se ha castigado con importes de 5.000 pesos por omisiones de información sobre tarifas y precios en las tablillas de los comercios y establecimientos de servicios".
Mientras, a quienes han detectado ejerciendo actividades económicas de manera ilegal o cometiendo ilegalidades en el pesaje, se le han aplicado multas que ascienden a 8.000 pesos cubanos, afirmó Llanes Mestre.
La persecución de las autoridades cubanas hacia los trabajadores privados es tal que el propio funcionario reconoció que "el pasado martes, en el municipio de 10 de Octubre, unos vendedores ambulantes huyeron cuando se le acercó el grupo de enfrentamiento y dejaron las carretillas, los panes, los quesos cremas y las mantequillas que comercializaban".
En esa ocasión, dijo el funcionario, fueron decomisados todos los alimentos y utilizados para la alimentación animal porque "no se tenía la constancia de su calidad".
Llanes Mestre agregó que actualmente los inspectores realizan una "ofensiva" contra las ilegalidades cometidas dentro de las panaderías, pues en varias ocasiones detectaron que el pan vendido por comerciantes en la calle proviene de entidades estatales, por lo que han decidido separar de sus cargos a maestros panaderos y administradores.
El Decreto-Ley 30, que entró en vigor a finales de enero tras ser publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8, actualiza todas las regulaciones de enfrentamiento a las infracciones de los precios a servicios y productos, tanto mayoristas como minoristas.
Las sanciones establecidas por la regulación se aplican tanto a entidades estatales como privadas, y además de la imposición de multas pueden implicar el decomiso de los productos.
El decreto, en cierta medida ambiguo, califica como precios abusivos a aquellos cuyo crecimiento esté por encima de "un rango razonable" y especulativos a los fijados a productos, esencialmente de primera necesidad y vinculados a operaciones de recompra o reventa.
La disposición castiga con cuantías de 12.000 hasta 15.000 pesos a los ciudadanos que no rectifiquen sus errores luego de ser sancionados.
Dale que para eso si son buenos todos los componentes de ese MALDITO GOBIERNO cubano. Sacarle hasta el ultimo quilo a los trabajadores cubanos ,,,abusadores ,COBARDES...