Las demandas activas en tribunales de Estados Unidos bajo el Título III de la Ley Helms-Burton por lucrar con propiedades confiscadas en Cuba después de 1959 se elevaron a 32, luego de que dos firmas estadounidenses que operan en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) recibieran sendas reclamaciones.
Según informó el miércoles el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, una entidad privada que lleva la relación de las demandas interpuestas desde que el Título III de la disposición fuera activado en 2019, las compañías ahora confrontadas son Crowley Maritime Corporation y Seabord Marine, ambas con sede en Florida y con ingresos de varios miles de millones de dólares en 2019.
La demandante en ambos casos es Odette Blanco de Fernández, una cubanoestadounidense miembro de una familia cuyas propiedades fueron expropiadas en 1960 por el Gobierno de Fidel Castro, precisó EFE.
Los hermanos Blanco Rosell eran los dueños de las empresas Marítima Mariel, el Central San Ramón y la Azucarera Mariel, entre otros activos ubicados en la zona donde hoy tiene asiento uno de los proyectos económicos más acariciados por La Habana.
En tierras decomisadas a esa familia y a los Carranza-Bernal y Carbonell-González se creó la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), con la que el Gobierno cubano busca atraer inversión extranjera, señaló el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dirigido por John S. Kavulich.
Antes de plantear las demandas, los abogados de Blanco de Fernández notificaron a ambas compañías por escrito que estaban "traficando sin su permiso" con propiedades confiscadas sobre las cuales ella tiene derechos, un trámite contemplado en la ley.
En el caso de la Crowley Maritime Corporation, con sede en Jacksonville, noreste de Florida, la demanda obedece a que desde hace "varios años" esta envía directamente barcos con contenedores a la terminal del Puerto de Mariel o participa en envíos de otros y se beneficia de ello.
En el caso de Seabord Maritime, la demanda dice que ha traficado con la propiedad confiscada al menos desde mayo de 2019, enviando barcos con contenedores desde Nueva Orleans directamente o participando y beneficiándose de otros envíos.
La terminal de contenedores está en tierras expropiadas a los Blanco Rosell y que formaban parte de una concesión de 70 años que les confería derechos para "planear, estudiar, ejecutar, mantener y explotar muelles públicos y bodegas" en la bahía de Mariel, antiguamente perteneciente a la provincia de Pinar del Río, y de "construir nuevos edificios".
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las compañías ya demandadas bajo la Helms-Burton, aunque algunas de esas reclamaciones han sido desestimadas por diversas razones.
El título tercero de la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 por Bill Clinton, también llamada Ley Libertad por su propósito declarado de promover la democracia en Cuba, estuvo en suspenso hasta 2019, cuando Donald Trump la activó, pues los anteriores presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
