Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana (TPP), dijo en conferencia con la prensa oficial este jueves que de abril a la fecha se han radicado causas por delitos de actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, receptación y apropiación indebida.
En tales casos, de los que no ofreció una cifra exacta, "el 60% de los sancionados han sido condenados a penas de encierro", mientras el resto ha sido requerido "con multas y sanciones subsidiarias en libertad", dijo, según publicó Cubadebate.
Además, se han impuesto sanciones accesorias, como el decomiso de los bienes ocupados, entre ellos pollo, aceite, café, picadillo, detergente, cloro, puré de tomate, leche en polvo y latas de sardinas.
Estos productos, según Sierra Infante, "son puestos a disposición de las instituciones estatales correspondientes, controlándose su destino final".
El presidente del Tribunal Provincial afirmó que, incluso, en algunos casos se ha aplicado el destierro —por un tiempo de cuatro y cinco años— de La Habana a los sancionados que residían "ilegalmente" en la capital.
Las principales conductas juzgadas fueron la venta de turnos en las colas por los precios de 50 pesos en CUP hasta 5 CUC, y/o la entrega de productos comprados por los clientes.
También la venta de productos de primera necesidad a precios por encima de su valor en las tiendas estatales y la ocupación de grandes cantidades de productos de procedencia desconocida, al parecer para revender.
El Gobierno cubano ha arreciado su denominada Operación de Lucha contra Coleros (LCC), como han bautizado las autoridades su guerra contra esas personas, a quienes culpan de buena parte del desabastecimiento que sufren los cubanos.
El régimen dedica tiempo y recursos a un fenómeno que no es nuevo, nace de la incapacidad del sistema por satisfacer las necesidades más básicas de la población, pero se ha agudizado por la crisis del coronavirus.
Incumplimiento de medidas sanitarias
En cuanto a los procesos judiciales relacionados con el incumplimiento de las medidas sanitarias, Sierra Infante dijo que en La Habana se han juzgado "un grupo importante de causas", cuyo número no especificó, fundamentalmente por propagación de epidemias, desacato, esobediencia, resistencia y portación y tenencia ilegal de armas.
"El 70% de los sancionados han sido condenados a penas de encierro, el resto han sido requeridos con multas y sanciones subsidiarias en libertad", añadió.
Pese a que el funcionario defendió que no se ha actuado ciegamente y sí de forma justa, numerosas han sido las personas que han denunciado maltratos y excesos de la Policía, cuyos agentes que se han volcado a responder al llamado del Gobierno a proceder de manera rigurosa y ejemplarizante.
El juez justificó que, debido a la actual etapa de pandemia y a la carencia de recursos materiales y financieros, se ha aplicado para el juzgamiento el artículo 53, inciso e, del Código Penal, que agrava la sanción, al establecer que "los jueces actuarán con rigor en las funciones penales, teniendo en cuenta que el hecho es cometido aprovechándose de las circunstancias de situación especial que tiene el país".
Hay hechos que, por su naturaleza, reciben un tratamiento administrativo por las fuerzas policiales, con la imposición de multas a los infractores. En otros casos, por su gravedad, son procesados en los tribunales, añadió.
Al amparo de la prensa oficial, el combate abierto y público a las ilegalidades declarado por Miguel Díaz-Canel no parece tener fin. Ahora con el recrudecimiento de las condiciones de vida en La Habana tras el cierre decretado y militarización por las autoridades se avecinan más sanciones.
