El Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río condenó a un ciudadano cubano a un año de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional sin internamiento, y al pago de una multa de 3.000 pesos por vender su turno en la cola de una tienda que vende electrodomésticos en divisas.
El Fiscal Jefe Provincial, Lázaro Guzmán Días, explicó en una nota publicada por la emisora Radio Guamá "que se ha actuado de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, con apego al respeto de las garantías y derechos de las partes".
Según a la información brindada por la emisora estatal el ciudadano fue acusado por el delito de "actividad económica ilícita", pues fue detenido el 25 de junio por revender al precio de 30 CUC un ticket para adquirir un equipo de refrigeración llamado Split en la tienda La Capitana, de la capital provincial.
Además se le impuso "la sanción accesoria de prohibición de frecuentar las tiendas de ventas de productos en Moneda Libremente Convertible, conforme al artículo 41 del Código Penal, cuya posible infracción tipificaría otro delito denominado Incumplimiento de Sanciones Accesorias, con marcos penales de tres meses a un año de privación de libertad o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas sanciones", añadió Guzmán Días.
La semana pasada se conoció de la detención y enjuiciamiento con similares sanciones de dos ciudadanas pinareñas que vendieron sus tickets en la misma tienda.
Desde el inicio de la pandemia del coronavirus la situación económica de la Isla se ha agravado considerablemente. El régimen ha aprovechado para fortalecer sus acciones contra las ilegalidades, realizando numerosos arrestos y decomisos de productos a ciudadanos con una amplia cobertura de la prensa estatal.
Si bien al comienzo los medios de difusión estatales señalaban a "acaparadores" y "cuentapropistas" como los principales culpables del desabastecimiento que azota al país, la arremetida se ha enfocado últimamente en los "coleros" y "revendedores".
En cambio, la ciudadanía ha cuestionado cada vez más el aumento del despliegue policial y los consiguientes abusos que han cometido contra la población amparados en las medidas restrictivas aplicadas para evitar un mayor número de contagios del Covid-19.
Se han compartido numerosas denuncias de excesos y abuso policial, que van desde condenas de un año de privación de libertad a ciudadanos cubanos por no llevar bien colocada la mascarilla protectora a la muerte de dos cubanos por disparos de agentes policiales.
Quién debiera ser sancionado con al menos un par de patadas en el trasero es el fiscal, por daños y perjuicios al violar el derecho del acusado a obtener un ingreso de forma pasiva: vender su tiempo y/o espacio con el consentimiento del comprador.
61 nos de miseria es lo que obliga a la gente a hacer este tipo de negocio que moralmente no debia ser ilegal pues es su sacrificio de pasar algunas noches de cola,si hubiera una ofertas y salarios acorde al siglo XXI no sucederian estas cosas . De cuanto tendria que ser la sancion de los CASTROS POR HABER ENGANADO A UN PUEBLO Y LLEVARLO A UNA MISERIA DESPREOPORCIONADA.