Mientras dure la emergencia por la pandemia de Covid-19; ese es el impreciso rango de tiempo que podrían estar en Ciudad de México 585 médicos cubanos enviados por La Habana, según documentos generales para la contratación de personal extranjero difundidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) de México publicó un Acuerdo impulsado por la Secretaría de Salud Federal, que establece los requisitos para que los gobiernos estatales y las instancias que combaten el Covid-19 en el país puedan contratar los servicios de médicos extranjeros en caso de requerirlo.
Las reglas del DOF se presentaron el pasado 24 de abril, cuatro días antes de que el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades cubanas firmaron el acuerdo de colaboración, por 6,2 millones de dólares, pagados con dinero del Instituto mexicano de Salud para el Bienestar (INSABI, federal).
El documento general mexicano es parte las "acciones extraordinarias" para combatir el Covid-19 en las diferentes regiones del país. Su artículo tercero hace mención a las reglas que deben regir las contrataciones de médicos extranjeros en México.
En todos los casos, indica el Acuerdo, las unidades facultadas (gobiernos estatales y otras instancias federales) que contraten a médicos extranjeros lo harán "con sujeción a sus recursos disponibles y exclusivamente por el tiempo que dure la emergencia sanitaria".
Asimismo, el documento enumera requisitos de contratación, entre los que se encuentran que el personal extranjero cuente con la documentación que le permita ejercer su profesión como profesional de la salud en el país donde realizó su formación académica. Además, que aporte una "carta responsiva de la autoridad sanitaria del país de origen" que avale su capacidad técnica.
El Acuerdo solicita a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal mexicana involucradas colaborar "para otorgar todas las facilidades administrativas y jurídicas para el ingreso y permanencia en territorio nacional de los profesionales de la salud" extranjeros contratados, "así como para realizar las actividades de cooperación técnica, científica y académica en materia de salud y prevención social relacionadas con la atención a población afectada" por el nuevo coronavirus.
Por otra parte, compromete a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social en México a dar seguimiento y asesorar respecto a las contrataciones.
Hasta ahora, las autoridades de la Ciudad de México no han informado de una fecha para levantar la emergencia sanitaria por la pandemia; no obstante, el pasado 20 de mayo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la capital.
Sheinbaum adelantó que entre el 15 al 30 de junio es probable que se pueda superar la fase roja para pasar a al naranja, mientras que para los meses de julio, agosto y septiembre se piensa decretar la fase amarilla. En ese momento se reabrirán las oficinas y los espacios públicos, pero a un 30% de su capacidad.
El contrato entre el Gobierno cubano, el INSABI y la Ciudad de México no ha sido publicado, así que no está claro cuánto tiempo pagan los 6,2 millones de dólares recibidos por La Habana: si todo el trabajo de los profesionales de la Isla durante la pandemia o una cantidad de meses determinada.
Son unos 10.693 dólares por trabajador. Según pudo conocer DIARIO DE CUBA a través de una fuente de la brigada médica cubana y otra cercana a los profesionales, hasta el domingo 7 de junio los trabajadores de la Isla solo habían recibido 660 dólares para tres meses.
Este fin de semana, 11 asociaciones médicas mexicanas hicieron pública una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador en la que expresaron "profunda desaprobación y enérgica protesta" por la contratación de los médicos cubanos con dinero público.
Los representantes gremiales consideraron que se trata de "una falta grave en contra de los profesionales de la salud" locales.
"Estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país", señalaron en la carta.
Aseguraron que la mayoría de los cubanos contratados para atender el Covid-19 son "médicos generales sin especialidad", que han sido ubicados "en diferentes áreas hospitalarias, o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados".
"De manera injusta se nos ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud", expusieron los representantes gremiales.
También afirmaron que es "motivo de indignación" que se destinen recursos monetarios públicos, de por sí limitados, "erogando honorarios a personal extranjero de manera injusta, pagándoles un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud".
La exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno cubano, que se queda con al menos el 75% de lo que pagan los países de destino en concepto de salarios. En 2018 esta actividad generó ingresos de 6.400 millones de dólares a La Habana, muy por encima del turismo.
Además de tener que entregar como mínimo las tres cuartas partes de sus salarios, los profesionales de la salud cubanos enviados a misiones en el exterior son sometidos a una fuerte vigilancia y restricción de libertades fundamentales.
Estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y la ONU ha advertido que podrían constituir formas de "trabajo forzoso" y "esclavitud moderna".
