El gigante francés de los espirituosos Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar fueron demandados en tribunales de Estados Unidos por operar con bienes confiscados por el Gobierno cubano, según copias de las denuncias obtenidas por la AFP este viernes.
Pernod Ricard, número dos en bebidas espirituosas a nivel mundial, está presente desde hace más de 20 años en la Isla, donde opera una empresa mixta con Cuba Ron S.A., destinada a la producción de Havana Club, el más famoso de los rones cubanos.
La demanda contra la compañía francesa fue interpuesta por la hija del fundador de Coñac Cueto, empresa confiscada en 1963 por el Gobierno cubano e integrada a la línea de bebidas Havana Club, según la demandante.
Contactado por la AFP, Pernod Ricard dijo que adoptó "las medidas apropiadas para procesar y derrotar esta solicitud sin fundamento".
Iberostar, que opera una veintena de hoteles en Cuba, es demandada por un descendiente del propietario de un edificio en Santiago de Cuba, confiscado en 1961 por el Gobierno, según la denuncia. Un hotel del grupo español ahora ocupa ese inmueble.
Ya procesada bajo esta ley, Iberostar ha anunciado públicamente que las demandas no perjudican de ninguna manera sus planes de abrir nuevos establecimientos en la Isla.
La información sobre las dos demandas fue alertada a la AFP por el Consejo Económico y Comercial EEUU- Cuba, que ha identificado un total de 23 quejas presentadas en los últimos meses, al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton, promulgada en 1996.
Varios grupos importantes, entre ellos Accor, Amazon, Carnival y American Airlines, ya fueron procesados, pero algunas de estas demandas fueron desestimadas por los tribunales estadounidenses, en particular porque algunos de los querellantes no pudieron probar que su familia era propietaria del objeto de la queja en la época en que Fidel Castro llegó al poder.
La Habana considera que la Ley Helms-Burton es inaplicable debido a su naturaleza extraterritorial, una opinión compartida por la Unión Europea, que afirma tener un arsenal legal para contrarrestar esa legislación.
Bien idiotas que son los que ponen la querella y sus abogados al no presentar documentos que indiquen que las propiedades le pertenecen.