En unos días, el 1 de abril, se cumplirá el cuadragésimo aniversario de los sucesos de la embajada del Perú y el éxodo por El Mariel. En el discurso de los gobernantes cubanos ha sido una constante la acusación a EEUU por haber politizado el tema migratorio en el contexto de las relaciones entre ambos países.
En ese sentido la propaganda castrista menciona la protección que Washington brindó a algunos funcionarios del exgobernante Fulgencio Batista, la Ley de Ajuste Cubano, la política de pies secos-pies mojados, así como los programas para brindar asilo a los médicos de la Isla que se hallaban en el exterior y deseaban marchar a EEUU.
Aquí también cabe mencionar esa manía de las autoridades cubanas de reducir al concepto de emigrante, motivado casi exclusivamente por problemas económicos, a todos los ciudadanos de la Isla que deciden radicarse en el exterior. Únicamente reservan la categoría de exiliados a aquellas personas que abandonaron la Isla en los primeros años de la revolución, la mayoría de ellas asentadas en EEUU, y contempladas en el denominado "exilio histórico".
Sin embargo, hay un detalle que no encaja en el rompecabezas elaborado por los gobernantes castristas. Y es la evidencia de que los emigrados se van de sus países de origen de un modo civilizado, con completa tranquilidad, y casi siempre son sus familiares los únicos que conocen de su partida. En cambio, nada de eso sucedió con los cubanos que llegaron a la península de La Florida procedentes del puerto de Mariel en la segunda mitad de 1980.
Todo comenzó el 1 de abril de ese año, cuando un grupo de personas penetraron en la embajada del Perú en La Habana y solicitaron asilo. En un primer momento las autoridades cubanas quitaron la posta a la sede diplomática como protesta por el recibimiento que los diplomáticos de esa nación brindaron a los solicitantes de asilo. Sin embargo, se vieron en la necesidad de acordonar posteriormente el perímetro de la embajada para contener el imparable flujo de personas que querían llegar a ese lugar. En un abrir y cerrar de ojos alrededor de 10.000 personas se agolparon en el patio de esa sede diplomática.
Los gobernantes cubanos, desconcertados ante la renuncia de tantos ciudadanos a seguir viviendo en su "paraíso socialista", acudieron al diferendo con Washington para tratar de salir del aprieto. Así habilitaron el puerto de Mariel para que todo el que quisiera abandonara el país rumbo al vecino del norte. Pero, entre col y col, vaciaron las cárceles y los hospitales psiquiátricos para hacer ver que eran delincuentes y enfermos los que querían salir de Cuba.
Por otra parte, despedían a los que se iban por El Mariel con los famosos mítines de repudio en sus lugares de residencia. Mítines que incluían insultos, maltratos, asedios a sus viviendas, y hasta golpes. En esas condiciones, ¿alguien tiene la desfachatez de calificar de emigrados a los que salieron por ese puerto cubano? ¿Y quién niega la connotación política que el castrismo le otorgó a ese episodio?
En vano se buscará en el rimbombante Memorial de la Denuncia —abierto en la barriada habanera de Miramar— la más mínima referencia a esas acciones contra las personas que abandonaban la Isla. Como tampoco hay menciones a otras vilezas del castrismo, entre las que sobresale el hundimiento del remolcador "13 de Marzo" en el verano de 1994. Los gobernantes cubanos desean que las nuevas generaciones solo conozcan de "las agresiones del imperialismo contra la revolución cubana".
Sería un acto de dignidad, si la actual epidemia de coronavirus permitiera la realización de la ahora suspendida o pospuesta Conferencia de la Nación y la Emigración, que los integrantes de la diáspora —quizás algunos de ellos salidos por El Mariel— le exigieran al Gobierno cubano una disculpa oficial por aquellos actos vandálicos de los que ahora se cumplen 40 años.
