Michael G. Kozak, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, denunció este lunes en Twitter que el Decreto 389, firmado por el gobernante Miguel Díaz-Canel a finales de noviembre de este año, "permite espiar a cualquiera sin aprobación de un tribunal".
"Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue tus pasos estés donde estés. ¿Santa Claus llegó a la ciudad? No, es el nuevo #Decreto389 (…) Cámaras ocultas, habitaciones de hotel intervenidas: bienvenidos a la #Cuba de Castro", tuiteó en español el alto funcionario estadounidense.
Con esta normativa el Gobierno cubano aprobó "el empleo de la vigilancia electrónica" sin que sea imprescindible una autorización judicial previa.
No es la primera vez que Kozak critica esta norma legal. El pasado 27 de noviembre, pocos días después de la publicación del decreto, el funcionario estadounidense también dijo en Twitter que el régimen de Castro estaba poniendo en papel lo que el mundo ya sabía: "puede ―y de hecho lo hace― vigilar y escuchar a escondidas a cualquiera en Cuba. El pretexto: 'reducir el crimen'. En el estado policial de Castro, pensar diferente es considerado criminal", añadió.
El Decreto 389 establece que la "vigilancia electrónica" es "aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo".
Es parte de las "técnicas especiales de investigación" que prevén también "la investigación encubierta, el colaborador eficaz (…) y las entregas vigiladas".
La "vigilancia electrónica" incluye también "las imágenes captadas por cámaras públicas de video protección", solo que en este caso "no requieren para su empleo aprobación del fiscal, excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación".
El Gobierno, que califica a sus opositores de "mercenarios al servicio de Estados Unidos" y con frecuencia los acusa de apoyar supuestos actos terroristas contra Cuba, ha aplicado esta vigilancia a disidentes en el pasado, y rutinariamente interviene las comunicaciones telefónicas, de correo electrónico y postal. El nuevo decreto le permitiría continuar haciéndolo con respaldo legal, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos.
Sin embargo, antes de su legalización, ya el régimen utilizaba la vigilancia electrónica de facto, sobre todo contra opositores, activistas de la sociedad civil y ciudadanos extranjeros sospechosos de algún delito.
Poco después de la publicación del Decreto 389 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba los abogados independientes Julio Ferrer Tamayo y Edilio Hernández Herrera pidieron formalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la "no ratificación y revocación total" de la norma que legalizaría la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos.
"Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad y control en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos", dijo a DIARIO DE CUBA el abogado Julio Ferrer.
