El Gobierno cubano suspendió el permiso que autorizaba la creación de cooperativas no agropecuarias, una fórmula de trabajo privado autorizada desde el año 2013 y equiparable a las pequeñas y medianas empresas.
La Gaceta Oficial publicó este viernes la nueva normativa, que entrará en vigor en noviembre y tendría, según aseguraron las autoridades, carácter temporal.
De acuerdo con el decreto, la medida abre una etapa "experimental" para "perfeccionar" la gestión de las cooperativas, informó Yovana Vega Matos, miembro de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, según el sitio oficial Cubadebate.
En Cuba funcionan hoy más de 400 cooperativas no agropecuarias, con más de 17.000 socios, la mayoría en los sectores de la gastronomía (151), el comercio (81), la construcción (59) y la industria (34), indicaron estadísticas oficiales.
En su conjunto, dejaron ingresos superiores a los 6.000 millones de pesos solamente en 2018.
"La prioridad es concentrar los esfuerzos en la consolidación de las constituidas", dijo Vega Matos, por lo que el freno, aseguró, no significa "dejar de avanzar en el experimento, sino hacerlo de manera coherente, eliminando las desviaciones que han ocurrido para lograr su generalización".
Estas organizaciones operan solamente en esferas autorizadas por el Gobierno, y nunca han sido permitidas en profesiones como la Medicina, la Arquitectura o la Educación, ni en aquellas esferas que el Gobierno considera vinculadas a la ideología, como el periodismo o el cine.
Al especificar las supuestas "desviaciones" en la actividad, la funcionaria dijo referirse a "indisciplinas y violaciones de la legalidad, que han desvirtuado los principios del cooperativismo", entre las que citó la corrupción, la apropiación indebida de recursos e ingresos y la "concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades, sobre todo en el sector de la construcción".
También mencionó deficiencias en los registros contables, grandes diferencias salariales entre los socios "que ejercen como directivos" respecto a "los que realizan labores directas en la actividad fundamental" y tendencia al incremento de precios.
Un grupo de nuevas regulaciones aprobadas para el ejercicio de las actividades en lo adelante establecen que el sueldo del socio que más cobra no puede ser más de tres veces mayor del que recibe el que menos cobra, "con el objetivo de garantizar la distribución justa y equitativa de las utilidades generadas".
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas en función del actual número de socios, lo que en la práctica supondría un freno efectivo a la creación de empleo.
Aunque la normativa asegura que las cooperativas podrán fijar libremente sus precios de venta en base a la oferta y la demanda, hay varios supuestos en los que se limita esa libertad, como "los precios y tarifas que se regulan centralmente, fundamentalmente en las relaciones con las entidades estatales o con destino a la población".
Con esto, se introduce el topado de los precios de bienes y servicios que el Gobierno ha establecido en las pasadas semanas a nivel nacional también en la actividad cooperativa.
En lo adelante, según las nuevas disposiciones, cuando una cooperativa no agropecuaria preste sus servicios al Estado en áreas como la reparación y mantenimiento de vehículos, se fijan los beneficios de la cooperativa en un máximo del 30% sobre los gastos totales, y en el caso de actividades de construcción y producción de materiales de construcción, la ganancia no puede superar el 20%.
Además, se delimitan las actividades que las cooperativas pueden realizar en todo el territorio nacional y las que solo pueden ejercer dentro de su provincia de creación, se obliga a crear un fondo para formación y quedan definidos los requisitos para ser elegido presidente de una cooperativa y se crea la figura de "socio a prueba".
Las nuevas reglas no dan respuesta a la prolongada reivindicación de las cooperativas de que las autoridades les permitan importar directamente los materiales e insumos que necesitan para sus negocios, y que ahora deben comprar al Estado.
La funcionaria de la Comisión de Implementación precisó que "se ponen esfuerzos para establecer un mercado mayorista a pesar de las condiciones económicas financieras del país".
Las cooperativas no agropecuarias, así como la iniciativa privada en general, han sido blanco de críticas y cuestionamientos de parte de las autoridades en diversos momentos desde su implementación. A pesar de la enorme cantidad de riqueza que producen dentro de una economía con limitaciones y ineficiencias palmarias, el éxito de los privados ha despertado celos y temores de parte de las autoridades.
En 2015, apenas dos años y medio después de autorizadas esas formas empresariales, Raúl Castro llamó a ralentizar el experimento, en esa ocasión también con el argumento de determinar errores y corregirlos.
"Las cooperativas (no agropecuarias) tienen un carácter experimental", señaló Castro. "Aunque se avanza en su aplicación, no tenemos por qué acelerar el paso, tenemos que cogerle el ritmo a los acontecimientos".
Desde la puesta en marcha de esas formas de actividad privada, el Gobierno ha advertido que no permitirá el enriquecimiento de sus miembros.
En 2017, el Gobierno ordenó el cierre de la cooperativa Scenius alegando que había incurrido en actividades que excedían su cometido inicial.
La orden de "extinción" de la cooperativa se dio la misma semana en que fueron anunciadas nuevas regulaciones para el sector no estatal, entre ellas el fin de las autorizaciones para un grupo de actividades y restricciones para arrendadores de viviendas, vendedores ambulantes y elaboradores vendedores de alimentos en restaurantes y cafeterías (paladares), entre otros.
Los negocios del sector no estatal, al que el Gobierno llama "por cuenta propia" para evitar usar la palabra "privado", sufren restricciones que no le permiten funcionar como empresas.
