En septiembre del año pasado seis países americanos marcaron un hito en la historia de la Corte Penal Internacional (CPI). Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la CPI, a fines de septiembre de 2018, que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
Fue histórico que estados partes del Estatuto de Roma, la norma internacional que sustenta a la Corte Penal, solicitaran formalmente una investigación contra otro Estado que forma parte de la CPI. El pasado 14 de mayo Amnistía Internacional (AI) divulgó un informe documentado y apoyado en trabajo de campo e instó al tribunal internacional a que acelere el proceso contra el régimen de Maduro.
La solicitud de AI, la emblemática organización no gubernamental defensora de derechos humanos, coincidió con la activación del proceso en el tribunal ubicado en La Haya (Holanda).
El presidente de la CPI, juez Chile Eboe-Osuji, designó este 15 de mayo a tres jueces: Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou para adelantar un eventual juicio.
Chile Eboe-Osuji informó de la designación de los juristas que conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. La medida se toma de conformidad con la solicitud realizada por los seis países americanos.
Carolina Jiménez, directora de investigación de AI para América Latina, desde México explicó a DIARIO DE CUBA que la organización identificó patrones en las violaciones graves a derechos humanos registradas en Venezuela.
"Son hechos que no ocurren al azar. Eso implica que las autoridades tienen un plan contra una población con características determinadas", asegura.
Sobre Venezuela, a partir de 2014 AI empezó a seguir y documentar la política de represión por motivos políticos, bajo la responsabilidad del Gobierno de Maduro.
En esa dirección, un equipo de investigación de AI estuvo en Venezuela entre el 31 de enero y el 17 de febrero de 2019. "Durante esta visita se documentaron un total de seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de uso excesivo de la fuerza, y seis detenciones arbitrarias, así como el encubrimiento y falta de investigación de varias de ellas. Estos 15 casos paradigmáticos son una representación de la pauta más amplia de posibles violaciones derechos humanos que tuvieron lugar en enero de 2019", sostiene el informe "Hambre de justicia. Crímenes de lesa humanidad en Venezuela".
Según la experta, en el caso de Venezuela se encontró un patrón represivo contra disidentes, opositores, o percibidos como tal. Jóvenes resultaron ejecutados extrajudicialmente por el hecho de haber participado en protestas antichavistas.
Los hechos reseñados en el informen dan cuenta de que los asesinatos ocurrieron en diferentes partes del país, en todos los casos eran hombres jóvenes, opositores a Maduro, habían tenido una participación visible en las manifestaciones de calle o sus acciones de protesta se habían viralizado en las redes sociales.
"Fueron ejecuciones selectivas en razón del perfil de las víctimas", sentencia el reporte de AI enviado a la CPI como insumo de lo que se espera desencadene un proceso de investigación sobre el fondo del problema. Por ahora la CPI adelanta un examen preliminar.
Jiménez indicó a DIARIO DE CUBA que además de la CPI, su organización está pidiendo que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) establezca una comisión investigadora internacional que haga investigación seria e imparcial, sobre el estado de derechos humanos en Venezuela, para establecer responsabilidades.
Para AI, lo registrado en este 2019 es consistente con las prácticas de represión contra la población civil implementadas desde el 2014, y que tuvo una de sus expresiones más fuertes en 2017.
Del 21 al 25 de enero de 2019, en un total de 12 de los 23 estados del país, al menos 47 personas fallecieron en el marco de las protestas, todas por herida de arma de fuego. Los reportes indicaron que por lo menos 39 habrían muerto a manos de agentes de las fuerzas del Estado o de terceros que actuarían con su aquiescencia durante las manifestaciones (33 y seis respectivamente).
En tanto, entre abril y julio de 2017, tuvo lugar un período de conflictividad social, con un saldo de más de 120 personas muertas, la mayoría a manos del Estado y de grupos de civiles armados progobierno ("colectivos"), y al menos 1.958 personas heridas como resultado del empleo sistemático y generalizado de fuerza excesiva y a menudo intencionalmente letal contra quienes protestaban en Venezuela.
Jiménez admite que la CPI no se caracteriza por su celeridad: "No se trata de una mecanismo de justifica expedito, pero al sentar decisiones históricas, eso nos puede servir para la memoria colectiva para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro".
