La semana pasada los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
A la petición se han sumado además Canadá y Francia.
Es la primera vez, desde su fundación en 2002, que la CPI, con sede en La Haya, recibe una solicitud de Estados firmantes del Estatuto de Roma, la norma internacional que dio origen a la CPI, para que se investigue a otro Estado miembro.
La denuncia se basa en sendos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según este último documento, publicado en mayo, la violencia del Estado venezolano se ha saldado con al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias en los últimos cinco años. Además, da cuenta de la existencia de unos 1.300 presos políticos en el país.
En sus conclusiones postula que hay "fundamento suficiente" para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Etapas del proceso
La CPI es el primer tribunal penal internacional permanente y tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de delitos internacionales, incluyendo crímenes contra los derechos humanos.
En febrero pasado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, había anunciado ya la apertura de un examen preliminar para el caso de Venezuela, atendiendo reclamos procedentes de la sociedad civil venezolana de que se investiguen los crímenes perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
Este tipo de procedimientos, sin embargo, puede durar años, como ha ocurrido con el examen preliminar sobre el conflicto civil en Colombia, que se encuentra abierto desde 2004.
Ni el examen preliminar ni la denuncia de los Estados implican el inicio automático de una investigación, pues la decisión es competencia de la Fiscalía de la Corte.
Ahora bien, si la Fiscalía decidiera ir en ese sentido, gracias a la solicitud de los Estados, podría entablar directamente el proceso sin la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP), una especie de instancia de control que decide si se cumplen las condiciones para admitir la causa, ahorrándose un trámite que requiere no poco tiempo.
Aun así, la Fiscalía, en lugar de abrir una investigación por su cuenta, podría acudir a la SCP para obtener el visto bueno a sus indagaciones en aras de realizar un juicio penal.
Según explica Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Central de Venezuela, entrevistado por la BBC, de iniciarse finalmente la investigación formal, se daría paso entonces a la "recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres".
Al concluir la investigación, los resultados serían presentados ante la SCP para que esta autorice la realización del juicio.
Durante todo este proceso la SCP podría desestimar el caso, lo cual implicaría que habría que esperar al surgimiento de nuevos elementos para poder volver a presentarlo.
Otro hecho que podría impedir la intervención directa de la CPI sería que el Estado venezolano, a través de sus propias instituciones judiciales, proceda a la investigación y a la sanción de los delitos denunciados.
Consecuencias para los dirigentes venezolanos
Después de abrir una investigación, la CPI puede emitir órdenes de captura internacional contra individuos sospechosos de tales hechos, incluso contra jefes de Estado, como es el caso de Nicolás Maduro. Los declarados culpables pueden enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.
Tal como precisa Fernández, "aunque se habla de denuncia contra Venezuela, no se va contra el Estado venezolano sino contra las personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Además, aunque ellos mencionen a Maduro, siempre en la investigación se afecta a toda la cadena de mando que hizo posible los hechos".
Venezuela es firmante del tratado que legitima la jurisdicción de la CPI. No obstante, es poco probable que la cúpula del régimen colabore con las investigaciones, si estas tuviesen lugar.
Una negativa que podría conducir al Tribunal de La Haya a dictar órdenes de arresto contra el mandatario venezolano y los altos funcionarios considerados coautores o cómplices de los delitos investigados.
De darse semejante situación, estos no podrían viajar a ningún Estado miembro del Estatuto de Roma sin correr el riesgo de ser arrestados, ya que los Estados firmantes del Convenio tienen la obligación formal de acatar el mandato de la CPI.
Así, en América Latina, apenas podrían viajar a Cuba y Nicaragua, que no forman parte del Estatuto.
También les quedaría Bolivia como destino, siempre y cuando se mantenga Evo Morales en el poder. Aunque el país andino firmó el Convenio, la escasa autonomía de su sistema judicial se traduciría, a la par del mandatario boliviano, en una complicidad con los mandamases venezolanos.
En Europa y Asia aterrizarían sin peligro en lugares como Turquía, Rusia, Bielorrusia, India, Vietnam, China y Corea del Norte, dado que estos no han firmado el pacto fundacional de la CPI.
Otro país que desconoce la jurisdicción del Tribunal de La Haya es EEUU. Pero las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, que pesan sobre varios altos cargos del régimen venezolano, los convierten de hecho en personas no gratas en territorio estadounidense.
Siempre les será posible, en cambio, asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, como hizo Nicolás Maduro la semana pasada, o a las reuniones de los organismos internacionales en Ginebra. En estas circunstancias específicas estarían bajo el amparo de la inmunidad diplomática.
En realidad, el rol de la CPI solo es efectivo si cuenta con la colaboración de los Estados. Así, pese a estar imputado desde 2008 por genocidio en la región de Darfur, el presidente sudanés Omar al-Bashir continúa sus giras por el extranjero, aunque con un radio de acción restringido.
En caso de que la CPI tome en manos el asunto, la situación de Maduro y sus allegados podría terminar siendo similar.
Por lo pronto, todo queda en el plano de las hipótesis.