El Gobierno determinó la reubicación "paulatina" de unas 11.420 viviendas en la provincia de Cienfuegos por lo que considera como "peligros, vulnerabilidades y riesgos ante fenómenos naturales provocados por el cambio climático", publicó la edición digital de la emisora oficial Radio Ciudad del Mar.
Reinaldo Gómez Hermida, vicepresidente del Consejo de la Administración en la Asamblea Provincial del Poder Popular, dijo que los asentamientos más proclives a esos riesgos son Castillo de Jagua, Rancho Luna, Guanaroca, Santa Martina, El Roble, La Milpa, Cayo Carenas y la propia ciudad de Cienfuegos.
Especificó que unas 8.710 viviendas, que representan el 75,8% del total, deben ser reubicadas en lugares seguros de la cabecera provincial.
Referente al municipio de Aguada de Pasajeros, el segundo con mayores afectaciones en la provincia, las localidades rurales de Guanal Grande y Covadonga, poseen más de 2.000 núcleos familiares que tendrán que desplazar sus residencias hacia otras zonas de mayor seguridad.
En el municipio Abreu tendrán que hacer lo mismo 498 familias de las comunidades Carmelina, San Ignacio, Babiney Mijalito y Vista hermosa.
Entre los fenómenos que más han afectado a la provincia de Cienfuegos se encuentran ocho huracanes y una tormenta subtropical, en los últimos 23 años, señaló la publicación.
La reubicación de viviendas, que la nota no precisa la forma en que se acometerá y a la que se han negado no pocas personas en otras provincias, complica el panorama para el ya destartalado y escaso fondo habitacional en Cuba.
Según datos citados por el directivo, durante más de dos décadas los daños han sido considerables a la infraestructura habitacional cienfueguera, con más de 117.000 viviendas con derrumbes parciales o totales o daños en techos.
La cercanía de estos eventos ciclónicos obliga a la evacuación de miles de pobladores de las zonas bajas donde residen o de comunidades costeras, o cercanas a ríos, y embalses.
Los desplazamientos están previstos dentro de la denominada Tarea Vida, el plan diseñado por el Estado con el que pretende hacer frente al cambio climático.