Aunque la ley Helms-Burton solo se hace efectiva para ciudadanos de EEUU, familias de otras nacionalidades esperan que la medida los beneficie legalmente para conseguir reparación por las propiedades que perdieron en Cuba con las confiscaciones ejecutadas por el Gobierno de Fidel Castro.
En el caso de los propietarios españoles, el asunto se trató de zanjar con un convenio bilateral que empezó a negociarse bajo el gobierno de Adolfo Suárez y que se firmó en La Habana el 16 de noviembre de 1986, con Felipe González al frente del Ejecutivo.
En el acuerdo, el Gobierno de Cuba se comprometía a pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros) "como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive".
De esa cantidad, un tercio se abonaría en metálico y el resto en especie, a base de productos como tabaco, azúcar o camarones. Más de 3.000 españoles serían indemnizados según el acuerdo, refiere el diario ABC.
Sin embargo, muchos estimaron que las cantidades fijadas se quedaban lejos de su valor real, en torno a la quinta parte de lo que les correspondía.
El Tribunal Supremo confirmó en 2003 y 2004 la validez del convenio, pero también indicó que este no extingue el ejercicio del "hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior Gobierno cubano".
Los magistrados aclararon que hablan de "hipotéticos derechos" porque "mientras el actual régimen político cubano subsista es de todo punto inimaginable que una pretensión resarcitoria de los afectados pueda prosperar, siendo por ello algo fuera de la realidad, contrario a la naturaleza de las cosas, pensar que se pueda obtener un resultado mejor al conseguido después de tantos años de negociaciones, máxime si tenemos en cuenta la situación económica actual de la República de Cuba, sin visos de recuperación a corto plazo".
Una empresa privada, 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, lleva años agrupando a víctimas españolas del expolio cubano y tratando de darles esperanzas. En lugar de acudir a la vía judicial, su estrategia es recopilar por ahora la documentación que acredite la propiedad o la herencia de los bienes y hacer las gestiones oportunas para que, llegado el momento, el Gobierno de Cuba las devuelva.
El director general de la compañía, Jordi Carabarrocas, explica, tras estudiar 40 casos similares en otros países, que en un 90% se acababa devolviendo lo incautado a sus legítimos dueños. "En un momento cercano de la historia, Cuba entrará en ese camino de la reversión" de las expropiaciones, apuntó convencido.
1898 CRP ha reunido a 450 familias españolas, de ellas medio centenar residentes en EEUU, aunque la empresa considera que podría haber 3.000 en total, con bienes confiscados por valor de 30.000 millones de dólares.
Según Cabarrocas, aunque los españoles no puedan acogerse a la ley Helms-Burton, la medida los beneficia indirectamente, porque EEUU "tira del carro" y "a corto o medio plazo va a paralizar cualquier inversión en Cuba", lo que forzaría la reversión.
Entre quienes han acudido a 1898 CRP hay posibles herederos de Raúl Lesteiro, que murió en 1963 en Madrid, y era propietario de 17.549 m2 de la playa de Santa María del Mar, hoy ocupados por el Hotel Gran Caribe Club Atlántico así como otros inmuebles confiscados, que incluyen un gran caserón en la capital cubana.
Lesteiro no entró en el listado del convenio porque en el momento de la expropiación había adquirido la nacionalidad cubana y, además, había desaparecido la documentación, que ahora su familia está rastreando.
El Gobierno español considera que las reclamaciones sobre bienes expropiados son ya, al menos en lo que se refiere a conflicto entre Estados, un caso cerrado.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español dijeron a ABC que el planteamiento norteamericano, con la "imposición de una ley más allá de las fronteras, no es homologable al planteamiento europeo", basado en la negociación de un acuerdo para establecer una indemnización.
"Cuba y España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar", recalcó Exteriores. En este sentido, señaló, "cualquier reclamación que se plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular".
