El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó este miércoles como un "abuso de poder" por parte de EEUU la plena aplicación de la Ley Helms-Burton, que permite acciones judiciales contra empresas extranjeras que explotan bienes expropiados en Cuba.
España, el mayor inversor europeo en Cuba, es uno de los países más afectados por la entrada en vigor del título III de esa ley de 1996, que nunca hasta ahora había sido aplicado.
Desde principios de mes exiliados cubanos en EEUU o empresas de este país pueden demandar a las compañías que obtuvieron beneficios de propiedades confiscadas.
"Esto es una muestra más de una falta de cooperación por parte de la Administración americana, y de toma de medidas extraterritoriales que en nuestra opinión constituyen un abuso de poder", declaró el ministro a la televisión pública española, reportó la AFP.
Según añadió, la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton "va a abrir una batalla jurídico-legal", que incluirá recursos a la Organización Mundial de Comercio (OMC), como ya adelantó la Unión Europea a principios de mes.
De acuerdo con datos oficiales, en la Isla hay 37 empresas españolas, y otras ocho mixtas en la zona especial del puerto del Mariel. La inversión total era de 371.000.000 de euros en 2016 (unos 415.000.000 de dólares al cambio de hoy).
La presencia empresarial española es especialmente sensible en el sector turístico, con 80 contratos de administración hotelera.
Uno de ellos es el del hotel Habana Libre, el antiguo Havana Hilton, gestionado por el grupo español Meliá. Fue confiscado tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 y en teoría podría ser objeto de demanda.
Desde que se conocieron las intenciones de la Administración Trump, España ha venido criticando enérgicamente la plena aplicación de la Ley Helms-Burton, y ha seguido apostando por su presencia en Cuba, una excolonia perdida en 1898.
Esta semana, la ministra española de Industria, Reyes Maroto, visitó la Isla y anunció un plan por el que Cuba reconvertirá en inversiones unos 420.000.000 de dólares de deuda con Madrid.
Dicho plan, anunció la ministra, "va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y reforzando sus lazos".