"Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón", pero quien lucra con algo robado tarde o temprano se mete en problemas con la justicia. Esto último es lo que ha sacado a la luz la activación del título III de la Ley Helms-Burton. Los empresarios extranjeros que han estado lucrando en Cuba con negocios basados en propiedades robadas por Fidel Castro a sus legítimos dueños tienen problemas con la justicia.
Demandar ante cortes estadounidenses a empresas extranjeras que hacen dinero en Cuba con propiedades que fueron confiscadas sin pagarles un centavo a sus dueños es un acto de justicia. Tardó mucho tiempo en llegar, pero al fin se cumple aquello de que "el que la hace, la paga".
Castro I nunca debió arrebatarles sus propiedades a los hombres de negocios en la Isla. No eran contrabandistas dueños de compañías mafiosas, fraudulentas, ni lavaban dinero sucio. Lo que el jefe del "Gobierno Revolucionario" debió hacer fue todo lo contrario, presentar leyes y facilidades fiscales para el incentivo y apoyo a la inversión en la empresa privada cubana, espina dorsal de una de las economías más pujantes del continente americano.
No es justo que como han pasado tantos años hoy pocos quieran oír hablar del atropello de que fueron víctimas nuestros padres y abuelos, que tenían negocios hasta que les cayó encima la plaga comunista. Les quitaron por la fuerza, fusil en mano, sus propiedades, incluyendo las viviendas con todo adentro, sus ahorros, su derecho a la jubilación, y fueron compulsados a abandonar la patria, la que ellos estaban haciendo más próspera cada día.
Por robarles sus propiedades fue, precisamente, que el nuevo régimen socialista paró en seco el dinámico desarrollo socioeconómico que venía ocurriendo en la Isla, sobre todo en los años 50.
Al expropiar a la "burguesía" el dueto estalinista Fidel Castro-"Che" Guevara mató la gallina de los huevos de oro. De unos de los tres países latinoamericanos con mayor ingreso per cápita (junto con Argentina y Uruguay), Cuba pasó a ser una de las naciones más pobres de las Américas, con una cartilla de racionamiento de alimentos que ya cumplió 56 años y es una vergüenza a nivel mundial.
Cómplices de abusos incalificables
Como es también una vergüenza que la Unión Europea (UE), en este caso específico encabezada por España, y también Canadá, se opongan a que se haga justicia. No solo eso, los empresarios europeos y canadienses en Cuba son cómplices del despojo, por parte de la dictadura, de hasta el 95% del salario en divisas de los trabajadores cubanos que laboran en sus empresas radicadas en la Isla. El régimen les prohíbe contratar a sus propios empleados para que sea el Estado el que se los provea y así poder succionarles abusadoramente las divisas.
Ello viola los derechos laborales vigentes en el mundo civilizado. Esos hombres de negocios ante todo quieren explotar la mano de obra más barata del continente, la cubana si se exceptúa ahora la de Venezuela. El salario mensual promedio en Cuba es de 30 dólares, y en Haití es de 77 dólares, más del doble, según el Banco Mundial.
Esos atropellos son impensables en los países de esos empresarios, pero ellos los consideran normales y bienvenidos si ocurren en Cuba. Si un gobierno europeo, o el de Canadá, se comportase como el de Raúl Castro y lucrase con propiedades robadas y les quitase sus salarios a los trabajadores, se armaría un escándalo a escala global y sería sancionado duramente desde la ONU hacia abajo.
Pero ello ocurre en Cuba y a su Gobierno se le apoya, se le agasaja y hasta se le pretende defender ante los tribunales. Por cierto, los empresarios extranjeros en la Isla no tienen garantía alguna de que a ellos no les pueda pasar lo mismo que a sus colegas de hace 60 años. El Gobierno cubano de entonces es el mismo de hoy.
Campaña de miedo
Como era de esperar, el castrismo ha montado una campaña mediática de miedo en la Isla. Dice a las familias que serán desalojadas de sus viviendas, o que los cuentapropistas perderán sus negocios porque sus locales serán reclamados por sus antiguos propietarios.
Falso. Esta no es una ley cubana para devolver propiedades, casas o títulos de propiedad. Es una ley estadounidense que otorga el derecho a demandar (por daños y perjuicios) a empresarios extranjeros que utilizan propiedades robadas a sus dueños.
Pueden ser reclamadas empresas que explotan propiedades no residenciales que tenían un valor superior a los 50.000 dólares cuando fueron confiscadas, o grandes residencias de más de 50.000 dólares de entonces que fueron entregadas a jerarcas del régimen y sus familiares. Por ejemplo, la mansión amurallada de Mariela Castro, hija del tirano, y la de su nieta Vilmita en Miramar, que ella alquila por 650 dólares por noche, sí podrían ser demandadas cuando cese la tiranía en la Isla.
Ya se han presentado importantes demandas en EEUU: la de la familia heredera del puerto de cruceros de Santiago de Cuba contra la compañía de cruceros Carnival; de la compañía petrolera Exxon-Mobil contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET); y otra contra la Corporación CIMEX. Hay más en camino.
Pero nadie en EEUU podrá reclamar o demandar a una escuela, policlínico u otros centros de educación y salud pública en la Isla, porque los Castro nunca han permitido inversión extranjera en las áreas de Educación y Salud Pública.
Con respecto a las amenazas de la UE y Canadá de ir a los tribunales para defender los intereses de sus empresarios en Cuba es cuestionable la efectividad que ello pueda tener. Ciertamente la UE y Canadá disponen de leyes que protegen los intereses de sus empresarios e impiden reconocer o ejecutar en Europa o Canadá decisiones judiciales como consecuencia de la Ley Helms-Burton.
Se asociaron con el partner equivocado
Pero es que estamos ante empresarios que lucran, a sabiendas, con propiedades que no fueron legalmente adquiridas, sino confiscadas injustificadamente por el Estado, su único socio en el país. ¿Bajo qué ética o derecho razonable se puede defender a quienes trafican con propiedades robadas?
Los abogados de los demandantes tal vez podrían demostrar que no hay jurisprudencia para proceder, que no hay antecedentes judiciales para defender en los tribunales a quienes se enriquecen con negocios robados. Sin duda los posibles demandados se asociaron con el partner equivocado: un régimen delincuencial que además se apropia del salario en divisas de los trabajadores.
Por eso no parece que las advertencias de la procastrista italiana Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, vayan a detener a EEUU, a no ser que Washington se eche para atrás, cosa poco probable con la Administración Trump.
Además, con independencia del embrollo leguleyesco, en general el volumen de negocios de los posibles demandados es de poca monta comparado con el que pudieran tener con EEUU o en otros países normales, y sin tener que compartir sus ganancias con el Estado comunista cubano. Los inversionistas deben estar más interesados en hacer negocios con EEUU que con la depauperada Cuba. La gente pragmática no se pelea con el cocinero. Los posibles litigios legales les pueden costar más dinero a los demandantes que el que podrían ganar en la Isla.
Soy de los que creen que antes de ir a los tribunales, no pocos de los demandados preferirán llegara a acuerdos con sus demandantes para pagarles compensaciones.
Quienes tienen más motivos para preocuparse son Raúl Castro y sus militares, a cargo de la economía isleña. Solo la posibilidad de engorrosos y costosos litigios con EEUU va a ahuyentar a inversionistas que ya operan en la Isla, o que pensaban hacerlo.