El neurocirujano cubanoestadounidense Javier García-Bengochea y su representación legal acudirán el próximo 2 de mayo a un tribunal del sur de la Florida para demandar a la empresa de cruceros Carnival por supuestamente traficar con un activo que le fuera confiscado a su familia a inicio de los años 60, anunció en Miami su equipo de abogados.
"El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del Dr. García-Bengochea, y será la primera demanda que se radicará el próximo día 2, a las 9:00AM, en el Tribunal Federal del distrito sur del estado de la Florida", dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, uno de los abogados del demandante.
García-Bengochea, residenciado en Jacksonville, Florida, heredó la principal terminal portuaria de Santiago de Cuba de su primo Alberto Parreño, que manejaba la compañía La Marítima Parreño, confiscada sin compensación en 1960.
En la referida instalación, hoy nombrada Guillermón Moncada, radica la terminal de cruceros, donde atracan buques de la empresa Carnival, empresa que cuenta con una flota de más de 100 embarcaciones y es una de las cuatro grandes compañías que dominan esa industria.
Sería la primera de centenares, si no miles de demandas que se espera lleguen a los tribunales de EEUU luego de que la Casa Blanca decidió habilitar a partir de ese día, por primera vez desde su promulgación en 1996, del título III de la Ley Helms-Burton.
El letrado Gutiérrez es consciente de que este es solo el comienzo de un largo proceso legal.
"La del aeropuerto de La Habana viene, hay demandas contra hoteleras españolas en Cayo Coco, en Holguín, Varadero... Será un buen número de reclamos por indemnización", aseguró.
La ley Helms-Burton, nombrada así por sus promotores republicanos, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, fue promulgada en 1996, tras el derribo por parte de aviones de la Fuerza Aérea de Cuba de dos avionetas del grupo anticastrista Hermanos al Rescate en aguas internacionales del estrecho de la Florida, y la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un exiliado cubano residente en Estados Unidos.
Desde su aprobación, el título III fue suspendido, cada seis meses, por los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.
El académico Jaime Sushliki pronosticó un proceso largo, que de inmediato tendrá "algún efecto".
"Algunas empresas se van a preocupar, se darán cuenta de que no pueden operar en esas propiedades y se retirarán de Cuba. Quizá otras entrarán en algún tipo de acuerdo con los exdueños de estos activos, y los que estaban pensando en invertir ahora se retractarán", pronosticó el profesor del Centro de Estudios Cubanos, quien aseveró, sin embargo, que las demandas no tendrán impacto inmediato.
"Estos litigios pueden durar hasta diez años, y el principal impacto se espera que sea sobre el rubro del turismo, que debe bajar", aseguró.
Pero también muchas de estas demandan pueden concluir mucho antes, en lo que se conoce como acuerdos entre las partes, sin llegar a que un magistrado dicte sentencia.
"Es muy probable que muchas de estas demandas terminen en arreglos; es decir, que los traficantes paguen, indemnicen a los propietarios por el uso de los activos", explicó el abogado Gutiérrez.
Entre las demandas anunciadas, está la de los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, cuya hacienda azucarera fue expropiada por el régimen de Cuba en 1960 y que se preparan para demandar a las empresas españolas Meliá y Blau ante la justicia norteamericana por tráfico ilícito con propiedades confiscadas.
Loa abogados de Sánchez Gil reclamarán a esas empresas una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín.
Se trata de los hoteles de Meliá Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde y Playa Costa Verde, propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos y pertenecen al conglomerado empresarial GAESA. Por ello el Gobierno norteamericano los ha incluido en una lista, actualizada en noviembre de 2018, de bienes sujetos a sanciones por ser instrumento de enriquecimiento del régimen castrista.
El citado título III permite a todos los estadounidenses entablar un litigio civil contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que les arrebató el Gobierno cubano. La demanda puede radicarse contra este último o contra una empresa o ciudadano privado.