La cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard no temen a la Ley Helms-Burton, que EEUU reactivará el 2 de mayo permitiendo a sus tribunales aceptar las demandas de los dueños de propiedades confiscadas en Cuba.
Según publicó el diario El País, estas dos empresas seguirán operando con normalidad, como lo hará la mayoría de las firmas extranjeras con negocios en la Isla, de acuerdo con vaticinios de expertos, quienes alertan, no obstante, "que no se han de subestimar los daños que provocará la ley".
Las posibles demandas llegan acompañadas de medidas de Washington para restringir los viajes, el envío de remesas y el incremento de la presión sobre el sistema financiero internacional, en momentos en que la Isla se prepara para enfrentar una nueva etapa de escasez.
El Título III de la ley, que permite los litigios y la imposición de sanciones a empresas que "trafiquen" con bienes expropiados, se aplicará por decisión de la Administración de Donald Trump, pese al acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas en 1998 para mantenerlo en suspenso.
La UE ha advirtió en el pasado que si sus empresas son perjudicadas actuará y estallará una guerra comercial de consecuencias inciertas.
"El término traficar es deliberadamente ambiguo y no afecta solo a las empresas con inversiones en propiedades confiscadas", explicó José María Viñals, abogado especialista en sanciones citado por el artículo de El País.
"Pueden ser afectados todos aquellos que se beneficien o realicen operaciones comerciales que impliquen propiedades objeto de reclamación, no solo bienes inmuebles, tierras, edificios, hoteles, etc., sino también patentes y marcas, por lo que el espectro de posibles demandados es casi infinito", añadió.
Viñals comentó que, en el caso de los hoteles, por ejemplo, la ley Helms-Burton "no solo afecta a grupos como Meliá, Iberostar o Accor —aunque la propiedad de los establecimientos sea cubana—, sino también a los turoperadores, agencias de viaje o los que venden a estos hoteles jabón, toallas o lámparas".
Impacto de la Helms-Burton
Empresas europeas han comenzado a contratar abogados como Viñals con la advertencia de Bruselas de que contratacará.
Para Viñal, es obvio que "a quien más perjudica (la Ley Helms-Burton) es a los que tienen propiedades, intereses o cuentas en EEUU, que podrían ser embargadas. Pero afecta a todos".
El experto intervino recientemente en un seminario organizado por la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba para explicar el alcance de la ley. Allí estaban representadas las principales cadenas hoteleras y bancos como el Sabadell, que cada vez encuentra más dificultades para operar en Cuba.
"A los que ya están, se lo pone más difícil; a los que pensaban venir, han de evaluar ahora el riesgo adicional; y un deterioro de la de por si frágil economía cubana perjudica a todos", señaló.
El País recordó que la UE es uno de los principales socios comerciales de La Habana, con unos 2.200 millones de dólares anuales de exportaciones —la mitad españolas—, y también es líder en inversiones.
"Sin duda, el objetivo es generar confusión, miedo, disuadir", opinó el representante en Cuba de un fondo de inversiones europeo. Precisó que actualmente, más difícil que encontrar dinero para invertir en Cuba es poder traerlo. Por miedo a las multas y a las sanciones de EEUU son pocos los bancos que quieren realizar estas transacciones.
El experto citó como "un escollo principal", el marco legal cubano, "que hace muy complejo, burocrático y engorroso el proceso de negociación de una inversión.
"Lo admiten las autoridades: el país necesita captar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para reactivar la economía y no se llega ni a un tercio; y no es por falta de interés de los empresarios, sino por los mecanismos establecidos", añadió.
Consideró que ante la crisis que se avecina, el Gobierno cubano "deberá flexibilizar su legislación para impulsar de verdad la inversión extranjera", criterio que comparten la mayoría de los empresarios consultados.
Comunicados oficiales en medio de la incertidumbre
"Lamentamos la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio de levantamiento de la suspensión" del Título III de la Helms-Burton, dijo la cadena hotelera Meliá en un comunicado.
La empresa mallorquina, que administra 32 hoteles y más 14.000 habitaciones en la Isla, expresó que continuará "operando con plena normalidad" en Cuba.
La cadena explicó que no tiene en propiedad "bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación", y afirmó que, "de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel", su papel sería el de "meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas, etc.".
No obstante, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, una familia cubana residente en Estados Unidos cuya hacienda azucarera fue expropiada por el régimen de Cuba en 1960, prepara demandas contra las empresas españolas Meliá y Blau. Reclamarán a esas empresas españolas una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín.
De manera similar a Meliá reaccionó la francesa Pernod Ricard, que comercializa anualmente 40 millones de botellas de ron Havana Club, y se espera que la empresa minera canadiense Sherritt y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan lo propio.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Albero Navarro, señaló, que, pese a la decisión de continuar de los principales grupos, "hay una enorme preocupación en el sector empresarial".
La locura es tal que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser sancionados, en caso de que un juez federal de Estados Unidos dictamine que eso es "tráfico" porque ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor está obteniendo un beneficio.
El embajador de la UE en La Habana criticó la aplicación de la Ley Helms-Burton y las nuevas sanciones de Washington, por atentar "no solo contra las empresas extranjeras, que tienen leyes antídoto y mecanismos para defenderse, sino sobre todo contra el pueblo cubano y el incipiente sector privado, para el que la restricción de los viajes y las remesas son fatales".