Entre la aprobación y el escepticismo van las reacciones de los especialistas acerca del anuncio del Gobierno de EEUU de que mantendrá suspendido durante un mes el título III de la ley Helms-Burton, y que a su vez permitirá interponer demandas contra las compañías cubanas incluidas en la "lista negra" de la Administración Trump.
Para entender el panorama que se abre en las relaciones entre el Gobierno de Cuba y EEUU, DIARIO DE CUBA conversó con varios especialistas en el tema.
El economista Elías Amor comentó al respecto que no cree que la medida sea una actuación correcta desde el punto de vista político, dado que "no está bien planificada, ni bien ejecutada."
"Hay que hacerlo bien, de manera integral, y no solamente permitiendo a los estadounidenses reclamar sus propiedades, sino a todos los cubanos cuyas propiedades también les fueron robadas", señaló. "La solución a las reclamaciones de propiedades en Cuba es integral, no es una solución parcial."
Para Amor, que solo pueda demandarse a determinadas empresas, sobre todo las que gerencian los militares de GAESA, tiene un impacto muy pequeño.
"Para lo único que sirve es para que el Gobierno cubano saque un comunicado como el que ha publicado en Granma el MINREX, poco menos que rasgándose las vestiduras, y presentando a EEUU como el malo, cuando el régimen fue quien robó todas las propiedades que tenían los cubanos antes de 1959 y no han devuelto nada a nadie", aseguró.
Recordó que las propiedades que administran entidades extranjeras son todas propiedad del Estado cubano.
"La Habana exporta e importa de donde quiere, recibe inversiones extranjeras de cualquier sitio. Los movimientos de capital se realizan de manera continua. No hay ningún embargo. Es la patraña del régimen, incapaz de darle al cubano el nivel de vida que debería tener", recordó.
Amor concluye con un apunte muy crítico: "La medida da oxígeno y fuelle justo en un momento en que no deberían tenerlos, cuando se debería estar pidiendo cuentas del engaño del referendo, porque han hecho trampa, han manipulado resultados. Esto les ha venido como un regalo", insistió.
Por su lado, Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, y fundador del Comité de Acción Política CubaNow, considera que la suspensión del título III de la Helms Burton es un reconocimiento tácito por parte de la administración Trump de que esta ley, que cataloga como "contraproducente", sigue siendo "profundamente impopular entre los intereses comerciales de los EEUU, las agencias federales y los aliados internacionales."
En una declaración de su organización, se indica que con la suspensión temporal de la Helms-Burton "el Departamento de Estado parece haber prestado atención a las advertencias de que una implementación total de esta ley condenada universalmente solo infligiría más daño que bien a las partes del sector privado", consideró Herrero.
No obstante, lamenta que incluso "una promulgación parcial sigue siendo un ejercicio imprudente".
"Cualquier grado de cumplimiento del Título III probablemente reduciría la posibilidad de que los reclamantes obtengan una restitución a través de un proceso de resolución negociado. Además, si el Departamento de Estado opta por hacer cumplir las extensiones continuas de 30 días de la exención parcial, puede congelar nuevas inversiones en Cuba y desalentar aún más las esperanzas de reformas", indica la declaración.
Para Cuba Study Group, "infligiría dificultades excesivas al pueblo cubano, galvanizaría a las facciones intransigentes dentro del Gobierno cubano y a los reformadores que intentan abrir la economía de la Isla y mejorar las relaciones" entre La Habana y Washington.
"Si los 60 años de una política de embargo fallida nos han enseñado algo, es que el cambio en Cuba no se producirá como resultado de una agresión económica unilateral dirigida desde Washington y Miami", sostiene la organización.
Mientras, Emilio Morales, director de la consultora especializada en inversiones en Cuba Havana Consulting Group, considera que esta medida es apenas "un preámbulo de otras que se anunciarán mas adelante."
Morales, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, consideró que si bien las medidas ahora solo apuntan a empresas cubanas, "ponen en riesgo indirectamente a los partners extranjeros que actualmente estas empresas cubanas tienen. En realidad la medida pone un muro de contención a las inversiones en Cuba, crea un ambiente con mucho riesgo para invertir en el país. De hecho, en estos momentos hay nerviosismo y preocupación en las empresas que tienen contratos de administración hotelera en la Isla."
A su modo de ver, se trata de una disposición que busca "medir la reacción tanto de inversionistas como de potenciales reclamantes, además de que sin duda está enviando un mensaje muy persuasivo del riesgo que se corre al invertir en la Isla en estos momentos.”
Es necesario esperar a que nuevas medidas señalen cómo se desplegarán las siguientes etapas de un proceso gradual que irá "por pasos y por etapas", apuntó.