Cuba registró un total de 580.828 trabajadores privados al cierre de 2018, de los que el 29% son jóvenes, el 34% son mujeres y un 10% jubilados que se han sumado al sector que el Gobierno bautizó como cuentapropismo, según estadísticas publicadas este domingo por el diario estatal Juventud Rebelde.
La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan el 65% de los trabajadores autónomos, dijo la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, en una entrevista con el medio oficial.
Se mantienen como las actividades más representativas las relacionadas con la gastronomía (9%), el transporte de carga y pasajeros (8%), la renta de viviendas, habitaciones y espacios (6%); los agentes de telecomunicaciones (5%); y los trabajadores contratados (26%), empleados en las áreas de alimentos y transporte, precisó la viceministra.
Feitó recordó que las principales modificaciones que se aplican desde el pasado 7 de diciembre eliminaron el límite de 50 capacidades para el servicio de restaurante, bar y cafetería, y ahora se permite establecer más de una actividad de este tipo en un mismo domicilio, y además se incluyó la posibilidad de vender bebidas no alcohólicas en las panaderías-dulcerías.
El anuncio de las nuevas normas para controlar y poner freno al trabajo privado generó descontento entre los destinatarios de licencias. El Gobierno se echó atrás con el plan de restringir a una sola el número de licencias y limitar la capacidad de los restaurantes.
Aún con las modificaciones realizadas a última hora, economistas como Elías Amor y Jorge A. Sanguinetty consideran que "las regulaciones al sector privado revelan el apego a una forma fundamentalista de marxismo".
Según el último balance realizado tras la entrada en vigor de este paquete de normativas, 15.466 personas realizan más de una actividad, particularmente en el sector de la gastronomía.
No obstante, la viceministra señaló que las nuevas medidas aún son "incipientes" para considerar que existe un cambio en el control, pero aseguró que hay algunos aspectos de las normas establecidas que "se cumplieron y otros se están cumpliendo".
En ese sentido, mencionó que al cierre de diciembre último fueron impuestas 793 medidas por incumplimiento de la legislación vigente y detalló que, de esa cifra, 610 fueron notificaciones preventivas y 183 multas, el 18% de estas por ejercer actividades laborales de manera ilegal.
La directiva subrayó que todavía hay personas que ejercen actividades de manera ilegal, en la mayoría de los casos en la vía pública y en las afueras de las entidades estatales, y opinó que eso "no puede enfrentarlo solo un cuerpo de inspección" sino que debe hacerse de manera "integral".
Recalcó que hay que preservar esta forma de gestión no estatal en "un acto de legalidad". Admitió que es una modalidad de empleo "importante" que incrementa la oferta de bienes y servicios, libera al Estado de actividades que no son fundamentales, y los impuestos que se recaudan por esta vía son fuente de ingresos para los presupuestos locales.
Los deberes fiscales, por su parte, siguen despertado polémica en la Isla, por ser considerados excesivamente altos para los bajos salarios que perciben los cubanos.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) reveló que en 2017 Cuba recaudaba impuestos a "niveles próximos a las economías más avanzadas".
En enero de 2018, el Gobierno anunció que los impuestos, las tasas y contribuciones aportarían el 75% de los ingresos al presupuesto estatal de Cuba en 2018 (56.900.000.000 de pesos).
En la Isla, con una población total de unos 11.200.000 habitantes, los "cuentapropistas" ya representan el 13% de la población, casi el cuádruple de los registrados en 2010 cuando el Gobierno de la Isla amplió la actividad privada en un número de sectores y los trabajadores autónomos superaron los 150.000.