Un buen medidor acerca de cómo marcha el proceso de actualización del modelo económico sería el estado de aplicación de los dos instrumentos de dirección contemplados en el acápite 102 de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista: el directo o administrativo, y el indirecto o económico.
Este último, conformado por mecanismos de competencia entre los diversos actores económicos, además de beneficios fiscales y otros estímulos. El instrumento administrativo, en cambio, se identifica con los temibles cierres, confiscaciones y prohibiciones. Veamos algunos ejemplos.
Cuando hubo quejas sobre los altos precios que prevalecían en los mercados agropecuarios de oferta-demanda (MAOD), el Gobierno no fue capaz de competir, mediante sus mercados estatales (MAE), con los establecimientos operados por trabajadores privados. En consecuencia, hemos presenciado en los últimos tiempos el cierre de varios MAOD con vistas a su transformación en MAE.
A la postre, lo que se anunció como una estrategia de beneficio para los consumidores, ha devenido en lo opuesto: esos mercados transformados, a los pocos días de su reinauguración, son el emporio del desabastecimiento y la poca calidad de sus productos.
La apertura de cines 3D por parte de trabajadores por cuenta propia constituyó un mazazo para los jerarcas de la cultura oficialista. La red de cines gubernamentales, al parecer, era incapaz de igualar la tecnología empleada por los particulares. La respuesta gubernamental no tardó en llegar: la prohibición de que los cuentapropistas continuaran brindando ese servicio. Y, por supuesto, tampoco habría que descartar el celo de la maquinaria del poder por conservar el monopolio sobre los medios de comunicación.
Más recientemente hemos asistido a la impotencia gubernamental por mejorar el transporte púbico de pasajeros y así competir con los taxistas privados, esos que conducen los popularmente denominados almendrones. El resultado de semejante inoperancia fue la implementación de un experimento —que incluye el tope de las tarifas a aplicar en alguna de sus modalidades— que ha creado un agudo malestar entre buena parte de los cuentapropistas que ofrecen ese servicio, muchos de los cuales han renunciado a sus licencias, con el consiguiente perjuicio para las personas que precisan trasladarse diariamente a sus centros laborales y estudiantiles.
Así arribamos al último capítulo del frenesí administrativo en el contexto de la actualización del modelo económico. Se trata de la obligación de abrir cuentas bancarias fiscales por parte de los trabajadores por cuenta propia que se dediquen a la elaboración y venta de alimentos, los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios, los transportistas, y los dedicados a las labores de la construcción. Cuentas bancarias en las que deberá depositarse, como mínimo, el 65% de los ingresos brutos mensuales de esos trabajadores.
Evidentemente, esa obligación forma parte del empeño gubernamental por ejercer un control mayor sobre los cuentapropistas, todo en el contexto de la lucha oficialista por impedir que algún ente no estatal acumule determinadas porciones de riqueza. Pero también habría que considerar el interés del Gobierno por sacar de la circulación una parte del efectivo que hoy atesoran ciertos sectores de la población, y que gravita sobre la precaria oferta de los desabastecidos comercios estatales.
Si así fuese, notamos una diferencia notable entre el proceder de las economías libres y de mercado, y los métodos que emplean los gobernantes de la Isla. En las primeras, los bancos centrales elevan las tasas de interés bancario, y los propietarios del dinero se ven estimulados a depositar el efectivo antes que invertirlo en la economía. Así se reduce el circulante y se combate la inflación.
En Cuba, sin embargo, el panorama se circunscribe a una relación de ordeno y mando. Si no se acatan las disposiciones gubernamentales, no hay más remedio que renunciar a la actividad económica que se ejerce.
Como se puede comprobar, el predominio de los instrumentos administrativos sobre los económicos, en el fondo, es otra muestra de la prepotencia e ineficiencia gubernamentales. Alguien dijo una vez una máxima muy aplicable en los días que corren: la fuerza es el derecho de las bestias.
