Tras el anuncio de una manifestación pacífica por la libertad del rapero Soandry del Río, la Policía decidió liberarlo en la noche del sábado, reportó Radio Martí.
La historiadora del arte Yanelis Núñez, una de las promotoras de la protesta pacífica, dijo que esta iba a ser "un gesto para que supieran que estamos organizados y que íbamos a reaccionar de manera inmediata. Ese tipo de atropellos no puede seguir ocurriendo."
La protesta fue convocada por los artistas que se oponen al Decreto Ley 349 y tendría lugar la mañana de este domingo frente a la estación de la Policía ubicada en Zanja y Dragones, donde el rapero estuvo detenido desde el viernes.
Soandry del Río fue detenido por presuntamente negarse a pagar una multa impuesta durante la realización de una performance protesta contra el Decreto Ley 349.
El rapero ha sido reprimido en otras ocasiones por la policía política. En agosto pasado fue detenido junto a varios integrantes de la campaña al intentar realizar un concierto contra el decreto, que los artistas consideran destinado a "matar el arte independiente en Cuba".
"No pueden hacer nada desde el espacio legal, así que buscan cómo callarnos", dijo a DIARIO DE CUBA Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales impulsores de la iniciativa contra el decreto.
"Esta no es la primera vez que arremeten contra un artista vinculado a nuestra campaña y no es la primera vez que intentan amedrentar a Soandry. Lo que no saben es que para donde sea que lo metan tienen que meternos al resto. No van a parar esta campaña".
Otero Alcántara y otros asistentes a un concierto en La Madriguera, local de la oficialista Asociación Hermanos Saíz, pidieron este viernes la libertad de Soandry del Río.
"No al Decreto 349, que convierte el arte en Cuba en un delito", gritó desde el escenario uno de los miembros del grupo Estudiantes sin Semilla, según un vídeo difundido en las redes sociales.
El Decreto Ley 349 detalla "contravenciones a las regulaciones en materia de política cultural" del régimen. Entre otras disposiciones, incluye castigos contra quien autorice o permita servicios artísticos que no hayan sido "aprobados y contratados por la institución cultural a que corresponda".
Asimismo, penaliza a quien "como artista individual o actuando en representación del colectivo a que pertenece, brinde servicios artísticos sin la autorización de la entidad que corresponda", y a quien "preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas".
Igualmente, califica como violaciones establecer "espacios de comercialización de las artes plásticas sin tener la autorización que corresponde, ni estar inscrito en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas".