Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Iris Ruiz y Soandry Del Río fueron detenidos el sábado cuando se disponían a realizar una perfomance protesta por uno de los decretos recientemente anunciado por el Gobierno para el control del sector privado y que atañe a las actividades artísticas.
Según comunicó la historiadora del arte Yanelys Núñez Leyva, los cuatro activistas estaban detenidos el sábado presuntamente en la unidad de la Policía de Cuba y Chacón "por querer protestar en contra del Decreto 349".
"La acción consistía en que Luis Manuel Otero se cubriría de mierda mientras exhibía un cartel que decía arte libre", precisó en su perfil de Facebook Núñez Leyva, quien finalmente realizó la acción performativa, originalmente programada en el Parque Central.
"Como cuando yo llegaba con las cosas se los estaban llevando presos, yo lo hice por él (…)", añadió.
En una actualización de la situación publicada este domingo, Núñez Leyva afirmó que Iris Ruiz fue liberada el sábado, tras cuatro horas, con una acusación por "desorden público".
Otero Alcántara, Pacheco y Del Río fueron conducidos para el centro de detención conocido como el Vivac "bajo la acusación de desorden público y agresión". Ruiz afirmó que estarían retenidos allí hasta la celebración de un juicio. Activistas han compartido en las redes sociales un vídeo sobre el momento en que Otero Alcántara es detenido.
El Decreto No. 349/2018, publicado esta semana en la Gaceta Oficial como parte de lo que el Gobierno denomina "adecuaciones" del sector privado, se refiere a "nuevos delitos o contravenciones en la contratación de artistas, la venta de obras de arte y la exhibición de contenidos audiovisuales".
En concreto establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos en bares y clubes privados así como en espacios estatales sin la autorización del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales.
También penaliza a los pintores o artistas que comercialicen sus obras sin autorización estatal.
El decreto también permite imponer sanciones a quienes proyecten "audiovisuales" que contengan violencia, pornografía, "uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente", lenguaje sexista o vulgar y "discriminación por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana".