Un total de 36 ciudadanos, entre ellos tres administradores, fueron detenidos en el municipio La Lisa, tras la fiscalización de cuatro tiendas de materiales de la construcción ejecutada por órdenes del Partido Comunista de la capital y el Gobierno, con el apoyo de la Fiscalía General y cuerpos de inspectores.
Según recogió el sitio oficial Cubadebate, "la acción respondió a planteamientos realizados por la población en torno a violaciones de las políticas de protección al consumidor y la venta de los renglones más demandados".
La fiscalización comprobó que de los 54 trabajadores de estos comercios, 25 tienen antecedentes penales y de ellos, tres manejan recursos. Además sacó a la luz un "faltante de 72.000 pesos cubanos" en "lozas de techos, latiguillos, tomacorrientes, interruptores y artículos de plomería".
Según el medio oficial, la inspección también constató que en una de las tiendas, ubicada en Arroyo Arenas, existían vales falsos, se comercializaban productos que abastecían ilegalmente a trabajadores por cuenta propia y la administración llevaba una doble contabilidad.
También se detectó en uno de estos locales de materiales especiales para personas subsidiadas, artículos que no se exhibían, entre ellos 128 cubetas de pintura ya en mal estado y no aptas para la venta.
En el comercio de materiales de Punta Brava "se evidenciaron violaciones en el ordenamiento de productos y en la tienda situada en calle 170 e/ 51 y 61, existían dos locales aledaños donde individuos ofertaban los mismos materiales que los clientes no encontraban en dicho establecimiento.
De los 36 ciudadanos detenidos, 20 se encontraban en los alrededores del lugar en presuntos hechos de reventa, según el reporte.
El sitio precisó que serán juzgados "con mayor responsabilidad" los administradores Lucía Fernández Gutiérrez, Moisés Michel Blanco Pérez y Pedro Lázaro Elizarde Pereda.
Miguel Díaz-Canel abogó en una reunión en La Habana por establecer "medidas ejemplarizantes" en estos casos de manera tal "que no haya cabida a la impunidad".
"No podemos permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de los esfuerzos que hace el Estado cubano para ayudar a las familias en la reparación y construcción de sus viviendas", dijo en la reunión del Grupo Gubernamental de Apoyo a la capital, que presidió y en la que participó el Fiscal General de la República de Cuba, según publicó el periódico estatal Granma.
En Cuba la mayor parte de los mercados pertenecen al Estado y la economía está controlada. El desabastecimiento es una situación crónica propensa a las ilegalidades. Los cubanos buscan en el mercado negro, los productos que no encuentran en los establecimientos estatales y los pocos negocios privados con permisos. La población beneficiada con subsidios se queja con frecuencia de la escasez de materiales de la construcción que enfrentan los establecimientos estatales.