Gabriela Alpízar y Tamara Gómez emplearon la mitad del día en sus compras semanales de alimentos y aseo personal. Para mitigar la sed, decidieron acudir a una cafetería privada en Centro Habana, pues los establecimientos estatales casi nunca ofertan al consumidor bebidas frías. Después de pedir dos refrescos Tukola, supieron que el precio de este producto era de 20 pesos.
"¿Cuándo fue que subieron el precio del Tukola?", preguntó Alpízar al dependiente, quien por toda respuesta se encogió de hombros.
"La pregunta correcta es ¿por qué subieron el precio?", le acotó Gómez, pero el dependiente respondió con el mismo gesto. Ambas mujeres, trabajadoras civiles de las FAR, aseguraron que la última vez que compraron este producto en cafeterías privadas costaba 15 pesos.
Se prometieron a sí mismas volver a leer, "detenidamente", la reciente Resolución 54/2018 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), sobre protección al consumidor, considerando que los aumentos de precios "deberían ser lo más importante a regular".
"El costo de la vida misma es lo que debería considerarse", dijo Heriberto Lemus, herrero y productor de enseres sanitarios, escéptico de que un decreto para proteger a los consumidores consiga solucionar el verdadero dilema cubano: que el salario de un trabajador estatal no alcanza para encarar los precios que el propio Estado impone.
"Primero hay que producir alimentos, después proteger a trabajadores, a jubilados y a los acogidos a la asistencia social ante los precios que establece el mercado. Para ser un consumidor necesitas tener dinero", razonó Lemus.
La Resolución 54/2018, que entraría en vigor el próximo mes de junio, lista entre sus varios aspectos satisfacer las necesidades del consumidor con un adecuado y oportuno abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, con especial atención a los grupos vulnerables.
Raisa Beatriz Bello, empleada de la empresa recolectora de materia prima, también coincidió en que resulta incongruente promulgar una ley de protección al consumidor en medio de la inestabilidad en el abastecimiento de productos, principalmente alimenticios.
"Hubo que esperar casi 60 años para que nuestro Gobierno se diera cuenta de que merecemos un trato amable, transparente, equitativo y no discriminatorio", criticó Bello, en referencia a la inutilidad de la Ley de Protección al Consumidor promulgada en enero de 1960.
La carreta delante de los bueyes
"La carreta no puede ir delante de los bueyes", dijo Isabel Morales, antigua inspectora de Comercio y Gastronomía, mientras atendía a su clientela en el portal de su apartamento. Con una pensión de jubilada de unos 200 pesos, completa su "economía de subsistencia" vendiendo café y cigarros al menudeo.
"La pregunta del millón es si la Resolución 54 implicará una revisión de los precios, para valorar su reducción, o sí se mantendrán los actuales que tienen asfixiado el bolsillo obrero", señaló Morales.
El pasado mes de abril, en su primera reunión del Consejo de Ministros, el ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez abordó temas económicos que incluyeron cuestiones como las irregularidades en operaciones del comercio exterior y la situación de las cuentas por pagar y cobrar, en la que destacan los impagos a proveedores corrientes.
La manifestación principal de las deudas del país es el desabastecimiento.
"Es imposible creer que se reducirán los precios cuando precisamente su aumento es directamente proporcional a la carencia de productos", dijo Rafelito, quien aseguró haber estudiado Contabilidad y sobrevivir "vendiendo de todo por la izquierda a los cuentapropistas" en la barriada de Los Sitios.
"Los cuentapropistas no van a bajar los precios mientras no tengan dónde comprar al por mayor. En un ambiente así, el consumidor siempre tendrá las de perder, no habrá ley que lo salve", apuntó.
Un estudio realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), arrojó que el 86,7% de los cubanos considera que los precios de los alimentos de la canasta básica han aumentado. En referencia al comportamiento futuro de los precios, el sondeo del OCDH recogió que el 61,8% de los encuestados cree que aumentarán, el 29,4% que no cambiarán mucho y un 1,2% que bajarán.
"Todos los precios aumentan, no solo los de la canasta básica", se quejó Lino Carmenate, trabajador de una Tienda de Materiales de Construcción, comúnmente conocidas como Rastros.
"La locura es que los precios suben de un día para otro, ni siquiera te das cuenta, y no existe un por qué convincente. Ya un guarapo cuesta dos pesos, un jugo de frutas cinco, un pan con jamón diez, una pizza 12… de repente todo cuesta casi el doble".
"Al menos yo, no quiero un trato amable, lo que necesito es que bajen los precios", concluyó Carmenate.