No ha sido infrecuente observar que comisiones o grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluyan a naciones que no reúnen los requisitos para conformarlos. Son los casos, por ejemplo, de países donde no se respetan los derechos humanos, y sin embargo son seleccionados para formar parte de instancias de la ONU encargadas de velar por tales derechos.
Lo anterior sale a colación a raíz de la conclusión del trigésimo séptimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), celebrado en La Habana y el comienzo de la presidencia pro tempore de Cuba por espacio de dos años.
Porque a pesar de lo que pretenda mostrar la propaganda oficialista cubana, y de que existan ciertas afinidades entre directivos de la CEPAL y los gobernantes de la Isla, en el fondo subsisten importantes diferencias entre estos últimos y las concepciones que prevalecen actualmente en el sistema de Naciones Unidas en cuanto al manejo económico de las naciones ubicadas al sur del río Bravo.
Tal realidad afloró en varios de los discursos que se pronunciaron durante la inauguración de la referida cita habanera. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció los beneficios que la globalización económica — en el sentido de la inserción de las economías latinoamericanas en los mercados internacionales— ha proporcionado a los países de la región, donde más personas han salido de la pobreza, y muchas de ellas pasaron a engrosar la clase media.
En cambio, el flamante presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel —negado rotundamente a aceptar el más mínimo filón positivo de la globalización económica, calificada despectivamente como "globalización neoliberal"— atribuyó los progresos latinoamericanos a las políticas públicas implementadas por los pomposamente denominados "gobiernos progresistas" de la región.
Evidentemente, los gobernantes cubanos se hallan anclados en el pasado. En los ya lejanos años 60 de la pasada centuria, cuando el economista argentino Raúl Prebisch —segundo secretario ejecutivo de la CEPAL— propagaba la hoy inservible Teoría de la Dependencia, que recomendaba a los países latinoamericanos el cierre de sus economías debido a que las naciones del centro (las industrializadas), "explotaban comercialmente" a los tercermundistas estados de la periferia.
Por otra parte, cualquier entendido acerca de la realidad cubana podría hacerse la siguiente pregunta: ¿con qué moral, en lo adelante, el Gobierno cubano va a instar al resto de los miembros de la CEPAL a que cumplan con la igualdad de oportunidades contenida en el documento "La ineficiencia de la desigualdad", presentado aquí en La Habana?
Porque las autoridades de la Isla aprovecharon la ocasión para mostrar la Ley de Inversión Extranjera, que busca captar capitales foráneos con vistas a revitalizar su alicaída economía. Y, precisamente, en el contexto de esa medida se aprecia nítidamente la desigualdad de oportunidades que afecta a la sociedad cubana.
Hay facilidades para los inversionistas extranjeros, pero no para los cubanos de la Isla. Algunos directivos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), ante cuestionamientos de la población, y para salir del paso, han expresado que los cubanos pueden invertir como parte del trabajo por cuenta propia.
Mas para nadie es un secreto que los cuentapropistas encuentran más trabas que oportunidades en el desempeño de su labor. Ya no pueden ejercer más de una actividad, y constantemente se hallan en la mirilla de aquellos que velan por impedir la concentración de la riqueza. Además, se mantiene la negativa gubernamental a entregar nuevas licencias en varias de las actividades más lucrativas.
Claro, el señor Díaz-Canel y compañía confían en que las cordiales relaciones que, al parecer, mantienen con la señora Alicia Bárcena y otros directivos de la CEPAL sirvan para obviar ese contrasentido.