"Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya la obra de la Revolución", sentenció el nuevo mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en su primer discurso ante la Asamblea Nacional después de haber sido oficialmente entronizado.
Lapsus revelador, si los hay. No es inusual que la negación confirme lo que se veta. Y aquí parece ser el caso. Retomando textualmente al flamante gobernante, "no hay espacio para una transición" que ignore la obra de la Revolución, lo cual no quiere decir que no lo haya para otro tipo de mudanza.
En los últimos tiempos no han cesado las intervenciones sobre la posible democratización del régimen cubano. Quizás el nudo gordiano entrañe aquí en qué se entiende por democratización.
Si esto se refiere a la instauración de los mecanismos que definen a una democracia contemporánea (libertad de asociación y de prensa, pluralidad de partidos, división de poderes, etc.), entonces es muy poco probable que sea el caso.
Las relaciones de fuerza no apuntan a ello: los grupos de la disidencia, y la sociedad civil cubana en su conjunto, son aún demasiado débiles para ser considerados elementos de presión con suficiente contundencia; por otra parte, hasta ahora, no hay consenso en el seno de la comunidad internacional respecto a las políticas necesarias para incidir en ese sentido.
Tampoco hay indicios, pese a la fragilidad consustancial de la economía cubana, de que se avecine una crisis económica semejante a la de principios de los 90, que ponga en peligro los cimientos mismos del régimen.
Fin del poder unipersonal
Lo que sí pareciera traslucir, en cambio, es que la monopolización del poder en una sola persona podría tener sus días contados en Cuba. Y esto sencillamente porque ahora empieza el reparto de poder real entre los sucesores de la "dirigencia histórica", esos mismos que son "obra de la Revolución" y que, por lo tanto, la "transición" no puede desconocer.
Según lo expresado por el propio Raúl Castro, en lo adelante el ejercicio del poder debería regularse de la siguiente forma: dos mandatos de cinco años para quien gobierne el país, mediados por una etapa de flotación en la transmisión del mando.
Esta etapa consistiría en un periodo de tres años en que el secretariado del Partido Comunista y la Presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros recaería, como ahora, en distintas personas: el hombre fuerte en retirada mantendría el control del Partido, mientras que el sucesor empezaría asumiendo solo las máximas funciones representativas y ejecutivas del Estado.
En un primer tiempo, este calculado desfase le permitirá a la vieja guardia, y en particular a Raúl Castro, velar por que el nuevo mandatario no se salte el guión establecido e implemente las políticas que aseguren la continuidad –estableciendo una especie de regencia–.
Pero también le servirá de respaldo a Díaz-Canel para llevar a cabo las iniciativas que considere (en acuerdo con su mentor) indispensables para la supervivencia del "modelo cubano" y que (no es de excluir) puedan suscitar resistencias en distintos estratos del régimen —la unificación monetaria es el ejemplo más notorio de ello—.
Una institucionalidad a la medida de la nueva dirigencia
Luego, sin embargo, este procedimiento garantizaría un traspaso del poder (más o menos equitativo) entre las posibles facciones de las altas esferas de la política cubana y entre los diversos estamentos (Partido, Ejército, etc.).
El límite de mandatos y el trienio de división de poderes (entre la Presidencia y el Secretariado) estaría diseñado para propiciar el consenso y evitar el triunfo definitivo de alguno de los grupúsculos de la élite, una vez que la "dirigencia histórica" no esté ya presente para dirimir las fricciones.
Y es que a mediano plazo no es una cuestión baladí que la Presidencia de la nación y el Secretariado del Partido no estén concentrados en la misma persona durante cierto lapso.
Con la vieja guardia aún en funciones, un encontronazo entre los distintos mandos parece impensable. Sin embargo, no es de descartar que más adelante el enfrentamiento pueda producirse —probablemente, en detrimento de ambas partes—.
En efecto, pese a lo que reza la Constitución al consagrar al Partido como máxima instancia del poder en Cuba, es el Consejo de Estado, y no el Secretariado del Partido, el único que puede hacer valer su carácter "representativo", siendo fruto de un "proceso electoral" que contempla a la ciudadanía y no solo a la militancia comunista. Aunque en sendos organismos, claro está, las "elecciones" confinan con la farsa.
Aquí se abren dos vías de interpretación posibles. La primera sería ver en el lapso de mandos compartidos un modo de familiarizar a todo nuevo mandatario con el marco de políticas posibles.
Y así, una vez concentrado todo el poder en sus manos, no se aventure por caminos que puedan hacer descarrilar el sistema, poniendo en peligro el destino común de sus élites. Estaríamos de nuevo ante un presidente todopoderoso, pero con fecha de vencimiento.
O bien –y esta sería la otra percepción– la desaparición del monopolio infinito de los resortes del Estado haría poco probable que los mandatarios cubanos pudiesen en el futuro ejercer el uso discrecional del poder que caracterizó a sus predecesores.
En este caso, la limitación de mandatos y la fase trienal, en la que se ajustaría la sucesión, implicarían el encorsetamiento institucional del presidente de turno.
Si el "proyecto de nueva Constitución", mencionado por Raúl Castro durante la última sesión de la Asamblea Nacional, termina por avalar este mecanismo, ¿pasaría entonces el peso de las instituciones a ser —por primera vez desde el triunfo de la Revolución— preponderante en la Isla?
Queda por ver si esto puede implicar un principio de democratización de la arena política cubana. Las dudas al respecto son más que razonables. Más bien habría que ver en ello una estrategia pensada para la perpetuación de las élites en el poder mediante una gestión relativamente fluida de las posibles luchas intestinas.
Por lo pronto, estamos ante una transición intramuros y no ante la señal de una futura apertura.